El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

Fabián Martínez fue asesinado de un tiro por integrantes de un grupo que intentaba desalojarlos. Detuvieron a integrantes de la Banda de los Padilla, que fueron filmados mientras lo ejecutaban.

Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 5 de abril en el paraje San Francisco, provincia de Santiago del Estero. Hay once detenidos, miembros de la banda de Jonathan Padilla, que según miembros del MoCaSe-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina) tiene vínculos con la empresa Porta Hnos. Con un video como prueba que muestra el momento del ataque, los acusados fueron detenidos.

Martínez, padre de cuatro hijos, fue baleado por el grupo armado conocido como “la Banda de los Padilla», encabezado precisamente por Jonathan Padilla. El conflicto comenzó el 28 de marzo, cuando miembros de esa banda ingresaron en un lote de uso comunitario con motivo de cercar el campo. “Los compañeros estaban pastando los animales y hablaron con los miembros de la banda pacíficamente. No estaba Padilla en ese momento, y acordaron sacar a los animales para que pudieran cercar con la condición de que dejaran abierto el portón para que el ganado pudiera entrar y salir libremente”, explicó una de las testigos, miembro del MoCaSe-VC, que no se identificó por razones de seguridad.

El 4 de abril, luego de que el grupo armado terminara de alambrar el predio, varios campesinos, entre los que se encontraba Martínez, se acercaron a buscar a los animales que habían quedado dentro del cerco. Según la testigo, en medio del diálogo con los miembros de la banda, llegó Padilla en una camioneta. “Vino muy agresivo diciendo que ya nos había dicho que nos fuéramos de acá. Nunca nos imaginamos que nos iban a agredir. A un compañero le pegaron con una máquina tira alambre en la espalda y y Fabián, para defenderlo, les pega un garrotazo en la cabeza. Ahí Padilla se altera y pide una escopeta que se la facilita Alejandro Palavecino, y nos dice ‘los voy a cagar matando a todos’. Le pega un tiro a Fabián y el resto de compañeros se dispersan hacia el monte”.

La testigo comentó que Padilla volvió a la camioneta con su banda para ir a buscar al resto de los campesinos. Al no poder encontrarlos, volvieron al lugar donde se encontraba el cuerpo de Fabián y lo remataron de un segundo tiro.

El dirigente de Patria Grande Juan Grabois afirmó que lo ocurrido es el “modus operandi” clásico para desalojar campesinos. “Se inventa un pseudotítulo, se contrata una banda de ‘alambradores’, ‘inspectores’, ‘puesteros’ y los campesinos muchas veces no pueden resistir. Una vez usurpada la tierra, estas empresas criminales desmontan todo destruyendo la biodiversidad del espacio. Así, se incorpora un nuevo territorio al modelo del agronegocio sojero o vacuno, la especulación inmobiliaria u otras actividades predatorias que crecen descontroladamente”, describió en un artículo de elDiarioAr. Grabois consideró que ante la resistencia campesina, “siempre hay algún juez dispuesto a dar por válidos títulos falsos o encontrar algún ribete estrambótico en la ley para justificar decisiones inconstitucionales. Si esto no se da y las empresas criminales no consiguen una homologación judicial o el apoyo de algún politiquero local, no dudan en matar.”

Agronegocio con banca

La Banda de los Padilla es conocida en la zona norte de Santiago del Estero por perseguir y violentar con armas de fuego a las comunidades campesinas e indígenas para usurpar las tierras y ponerlas al servicio del agronegocio. Si bien las comunidades han realizado las denuncias correspondientes a la justicia, el grupo continúa actuando libremente. “Estos son los territorios en disputa con el agronegocio. Santiago ahora es una zona muy codiciada porque tenemos mucho territorio y está muy dispersa la cantidad de familias campesinas en los departamentos del norte”, dijo en diálogo con ANCCOM Roger Almaraz, miembro del Área de Comunicación del MoCaSe Histórico. Según explió, Padilla ya habría tenido otros tres conflictos con el MoCaSe en los últimos años, y afirmó que este grupo armado es enviado por empresarios de Porta Hnos., productora de bioetanol, con el objetivo de ocupar y arrebatar las tierras. “Anteriormente ya había habido intentos por parte de la banda armada de sacar a la comunidad de ahí. Es un empresario que quiere usurpar las tierras, porque un campesino no va a tener una banda armada para repeler a otros campesinos”, agregó Almaraz. Para él, “el norte es el único pulmoncito que nos queda de Santiago respecto a los bosques nativos. El atropello permanente de esta banda armada no es de ahora, los venimos denunciando desde hace mucho tiempo por sus iniquidades. Esto viene desde Lictor Padilla, el padre de Jonathan. Era parte de la fuerza policial y ha sido exonerado por corrupción. Cuando salió, comenzó a trabajar para los empresarios que encuentran resistencia en el sector. Los contratan para hacer este trabajo sucio de amedrentar, cercar”.

Almaraz indicó que “se hacen desalojos silenciosos. Sospechamos que tienen una banca en algún lado, porque se han realizado operativos, allanamientos, los han detenido y al tercer día están afuera. Se nos cagan de risa. Todos los hijos de Padilla forman parte de la banda”.

En consonancia con esto, Darío Aranda, periodista especializado en agronegocio y docente de la Carrera de Comunicación de la UBA, afirmó a ANCCOM que “el asesinato de Martínez tiene directa relación con el avance de la frontera agropecuaria. No es algo nuevo, es algo que sucede hace más de 20 años. No es casualidad que en los últimos años se hayan dado por lo menos cuatro asesinatos de campesinos: Sandra Eli Juárez, que era una madre campesina, falleció de un paro cardíaco ante una topadora; Cristian Ferreyra, en 2011, asesinado también y Miguel Galván, también integrante del MoCaSE Vía Campesina, fue asesinado de manera similar”. Aranda reflexionó que “esto es algo que como pasa lejos de las ciudades muchas veces no se ve o no se quiere ver. Por un lado, nosotros decimos que el agronegocio, este modelo de transgénicos y agrotóxicos, se va cobrando vidas. Y al mismo tiempo, hay dos actores que son totalmente cómplices de este modelo. Uno es el Poder Judicial. En Santiago del Estero nunca se condenó a los autores intelectuales, a los empresarios, a los sectores políticos, por los asesinatos que han sucedido”. En este sentido, el especialista afirmó que “el Poder Judicial es totalmente cómplice de esta avanzada territorial. Y el otro factor fundamental es el poder político. Santiago del Estero es un feudo donde Gerardo Zamora gobierna hace casi 20 años, y donde nunca ha hecho nada para proteger a los campesinos, a los pueblos indígenas, que se cumplan las leyes, sus derechos, sino que al contrario, ha dado vía libre por acción u omisión para que avancen las empresas a sangre y fuego. “

Por el momento, hay 11 detenidos, incluyendo a Jonathan Padilla, en el marco de los conflictos entre los empresarios de la agroindustria y los miembros de las comunidades campesinas e indígenas del noroeste argentino por la tenencia de tierras. Desde el MoCaSe acompañan a la familia de Martínez mientras piden justicia, el desarme de los grupos armados y que dejen de matarlos.

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

Solo se ejecutó un 8% de los programas de prevención del VIH, de Infecciones de Transmisión Sexual y de Hepatitis Virales entre otros, que incluyen la provisión gratuita de medicamentos específicos. Denuncian faltantes de drogas e insumos.

La salud argentina es una variable más del ajuste libertario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las áreas donde se notó una fuerte caída de ejecución presupuestaria interanual fueron el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-54%), el de Prevención y Control de enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-45%) y el de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra. Este sufrió un recorte presupuestario del 92%.

Este programa fue creado por la Ley Nacional 27675, aprobada y reglamentada en 2022 y plenamente vigente desde inicios del 2023. Gracias a esta normativa, se garantiza el acceso a la medicación y a los estudios de forma gratuita en el sistema de salud público y en el privado (obras sociales y prepagas) para todas las personas argentinas o extranjeras que lo soliciten. 

Con sólo un 8% de presupuesto con respecto al mismo periodo del año pasado, en todo el país comienza a haber faltantes. “El problema de que falte medicación es que muchas personas no pueden continuar con su tratamiento -denuncia Camila Arce, activista seropositiva-. Es una vergüenza porque no es algo caro lo que falta: la droga es genérica y se produce en un laboratorio nacional y privado”.

En este sentido, esta disputa es también por la soberanía. Lucas Fauno, periodista y activista VIH, lo sintetiza: “Cuando hablamos de VIH, hablamos de (no) producción pública de medicamentos, de ITS, de Educación Sexual Integral. La desfinanciación afecta a los medicamentos, pero también a los preservativos disponibles en todos lados y gratuitos, si hay información, cómo se está hablando de estos temas, cómo se evitan los nuevos casos y cómo es la calidad de vida de las personas con VIH. Vivir con el constante miedo de ir a retirar tu medicación y que no te la den, afecta tu salud”.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites. Ante esta desidia planificada, los médicos cambian los componentes de los cócteles, arriesgando la adaptación de las personas ya en tratamiento. Además con las faltantes, se imposibilita el acceso a la biterapia, un esquema de tratamiento que reduce de tres a dos drogas.

Las provincias están tomando la responsabilidad de la compra de medicamentos faltantes para el sistema público. “En el caso Santa Fe estamos esperando una respuesta concreta del programa provincial, pero en Córdoba ya anunciaron que van a hacerse cargo de los medicamentos”, comenta Arce. Sin embargo, no todas las provincias tienen aceitada la implementación de los programas o el presupuesto necesario para hacer esta gestión.

Todas las aristas del cumplimiento de esta ley se resquebrajan. Por primera vez, A.T., una persona bonaerense viviendo con VIH hace más de una década, tuvo que pagar un copago de su obra social para hacerse los análisis semestrales. “La rutina de análisis es también para que me den los remedios. De nunca pagar nada, ahora tuve que pagar nueve mil pesos”, dice con indignación. Las personas con VIH deben testearse periódicamente para conocer el estado de su serología: si el virus no se detecta en sangre, el tratamiento está funcionando y es intransmisible. Si bien A.T. sigue recibiendo los remedios, teme por su continuidad.

“Es una situación que se repite históricamente: tenemos gobiernos neoliberales, de derecha y fascistas y esto es lo mismo que vivimos en 2017-2018”, recuerda Fauno sobre la desfinanciación en la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron pedidos de información y recursos legales para resolver las graves faltantes de medicación antirretroviral. En el 2018, el 70% de la población con VIH recibía su medicación del sector público, por lo que el Estado nacional estaba incumpliendo su obligación de garantizar el acceso y adherencia al tratamiento del mayor segmento de personas con serología positiva.

“Hay que pensar nuevas estrategias -propone Fauno-: reunirse y animarnos a disentir entre pares. También hay que pensar que no tiene que ver con VIH, sino con salud pública. Si a mí, viviendo con VIH me falta la medicación no significa que el área VIH falla, sino que está fallando el sistema de salud. En este caso, falla por la decisión de un gobierno”.

«Las mujeres tenemos que tomar las riendas de un movimiento social»

«Las mujeres tenemos que tomar las riendas de un movimiento social»

El colectivo NI Una Menos organizó un conversatorio para discutir sobre el contexto actual, marcado por la crueldad, con la presencia de la intelectual Rita Segato.

La antropóloga y escritora Rita Segato participó del conversatorio Combatir la crueldad, organizado por el colectivo Ni Una Menos el viernes 12 de abril en el auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el corazón del barrio de Balvanera. El motivo del encuentro fue pensar en clave feminista el contexto actual, marcado por la crueldad, y discutir las estrategias de lucha y resistencia. “Nosotras, las mujeres, tenemos que tomar las riendas de un movimiento de la sociedad para superar las lógicas que hoy se nos imponen”, resaltó.

La actividad fue transmitida en vivo por YouTube. La sala Eva Perón, con capacidad para 170 personas, estaba desbordada por un público, en su mayoría, femenino. En el escenario seis oradoras acompañaban a Segato, entre ellas, Lucia Cavallero, del movimiento Ni una Menos y organizadora del evento, que fue la encargada de la apertura: “Lo que queremos hacer es crear un espacio para que los trabajadores puedan pensar sus propias prácticas políticas”, señaló antes de pasar a la lectura de un escrito sobre la situación actual de los empleados del Estado por parte de Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE. Luego llegó el turno de la autora del libro Contrapedagogías de la crueldad.

La ponencia de Segato duró poco más de 40 minutos y dejó un análisis profundo del momento actual en el que los despidos y recortes en materia de subsidios, avalados por gran parte de la sociedad, son moneda corriente. Durante la exposición resaltó que “la crueldad es una lógica que se reproduce en busca de un supuesto bien común, es la cosificación de la vida que pregona la aceptación del dolor y de la muerte como cosas que forman parte de la existencia y no pueden evitarse, es el acostumbramiento al sufrimiento”. 

Que la mujer del mañana no sea como los hombres que estamos dejando atrás.

Rita Segato

Al referirse al gobierno y su llegada al poder, la intelectual dijo: “Hay un resentimiento en la sociedad porque no se han cumplido las promesas de la modernidad ni las de la democracia y Milei lo supo capitalizar” y en esa línea realizó una crítica al área comunicacional que no fue capaz de generar una conciencia superadora. Además, resaltó la necesidad de revisar los intereses fundacionales del Estado, no solo en Argentina sino en toda América Latina. En cuanto a las estrategias de lucha y resistencia, revalorizó el papel del humor como antídoto ante el avance de las derechas neoliberales y en ese sentido Leonor Cruz,  secretaria de Géneros y Diversidades de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), revalorizó la ternura política y transformadora cómo vehículo sanador y potencial para combatir la crueldad y señaló: “Es necesario que el movimiento haga críticas y no permitir que la precarización se normalice y posibilite que los despidos se hagan con esta facilidad”.

Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), resaltó la necesidad de rescatar las experiencias previas de resistencia y lucha porque “hay que seguir organizando la bronca y el territorio, pero con una lógica de abajo hacia arriba”.

Antes del cierre hubo unos minutos en donde algunos participantes alzaron su voz y señalaron algunos puntos de la exposición. Entre otras cuestiones, un integrante del colectivo Zaguán TranSindical – Frente de Travajadorxs Travestis-Trans No Binarios (TTNB) en el Estado detalló la situación del colectivo frente a la ola de despidos que busca recortar el cupo laboral logrado a través de la ley. Antes del cierre Rita Segato retomó la palabra para contestar algunas dudas planteadas. Resaltó la potencialidad de la organización feminista y de las mujeres para realizar una verdadera transformación. El encuentro terminó con una advertencia de la antropóloga para lograr el objetivo: “Que la mujer del mañana no sea como los hombres que estamos dejando atrás”, el público la despidió entre aplausos y el canto: “Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta que se joda que se joda”.  

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Violando la normativa internacional, las fuerzas federales allanaron el domicilio de los Villalba, acusados por el Estado paraguayo. Mientras se realizaba una conferencia de prensa para denunciar la situación, los dejaron en libertad.

Durante la madrugada del viernes 12 de abril, se llevaron a cabo múltiples allanamientos de forma simultánea en los hogares de los miembros de la familia Villalba. Estos operativos fueron ejecutados con un despliegue de las fuerzas federales en las residencias de José, Rosa y Myriam Villalba, ubicadas en diferentes áreas del Gran Buenos Aires. Todos los integrantes de la familia cuentan con el estatus de refugiados, otorgado por la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), y poseen documentos de identidad argentinos. A pesar de esto, Myriam, Rosa y Tania Villalba fueron detenidas con fines de extradición a solicitud del Estado Paraguayo, según lo dispuesto por el juez federal Julián Ercolini.

La familia Villalba ha sido objetivo del Estado paraguayo. En 2019, a través de una unidad militar especializada conocida como las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), creada para enfrentar grupos armados insurgentes, llevó a cabo un asalto a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En dicho asalto, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, para luego ser disfrazadas como guerrilleras con el objetivo que el presidente paraguayo de ese momento, Mario Abdo Benítez, pudiera fotografiarse victorioso. Tras ese operativo, también desapareció Carmen Elizabeth «Lichita» Villalba, de quien no se sabe nada desde el 30 de noviembre de 2019. Entre las allanadas el viernes se encuentran Anita y Tania Villalba, ambas sobrevivientes de la cacería librada por el Estado Paraguayo. Anita, además, es melliza de “Lichita”.

Tanto Laura Villalba –presa en Paraguay, acusada de violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”– como Myriam Villalba, son las mamás de las dos niñas asesinadas. Cuando se produjo el allanamiento, Myriam estaba al cuidado de sus nueve niños, cuyos derecho fueron vulnerados por los uniformados hasta que fueron puestos a resguardo en la ONG Pelota de Trapo. Tania también tiene una bebé de un año y medio. La Gremial de Abogados y Abogadas hizo las gestiones judiciales e internacionales a fin de hacer cesar la detención e intentar hacer valer el refugio de toda la familia Villalba en el proceso de extradición que Paraguay pretende.

Ayer, a las 18:00 horas, se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual –de la que participaron unas 90 personas, entre ellas los activistas de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y María Elena Naddeo– con el propósito de informar sobre la detención de Myriam, Rosa y Tania, y coordinar acciones para su liberación. Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial y abogado de la familia Villalba, denunció: “Si la persona que es requerida, es refugiada, como lo es la familia Villalba de Paraguay, y el pedido de extradición viene de dicho país, el Artículo 20 de la Ley 24767 dice que el Ministerio de Relaciones exteriores tiene que devolverlo sin más trámite. El pedido no tendría que haber llegado al juzgado, y ni hablar de la detención”. Cuando le preguntaron sobre cuáles son las acusaciones por las que Paraguay las requiere, el letrado dijo no conocerlas porque no había tenido acceso al expediente pero insistió en que “no importan porque son refugiadas”.

El Artículo 20 de la Ley 24767 de Cooperación Internacional en Materia Penal dice que si la persona requerida poseyera condición de refugiado, y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento.

Si les revocan el estatus de refugiados, tampoco pueden ser extraditadas a Paraguay bajo ninguna circunstancia, ya que la Ley Argentina lo prohíbe terminantemente, en virtud del principio de «no devolución» que rige en el derecho internacional. Una vez que a una persona se le concede el estatus de refugiado en un país, es posible revocar ese estatus, pero no se puede retornar a esa persona al país del cual se ha refugiado. En ese caso, la intervención de la ONU sería necesaria para elegir un tercer país que pueda ofrecerles asilo.

Franquet aclaró que, apenas golpearon la puerta, Myriam pensó que intentaban robarle, debido a los «brutales golpes» en plena madrugada. «Rompieron las dos puertas, las rejas, destrozaron candados y entraron con armas en la mano, apuntando a los niños», agregó. A pocos minutos del inicio de la conferencia de prensa virtual, en la cual Franquet y Laura Taffetani de la Gremial estaban hablando desde un automóvil estacionado frente a la sede de Delitos Internacionales donde estaban las Villalba presas, ingresó al vehículo Eduardo Soares, también abogado de esa agrupación, con una sonrisa contó que no las había podido ver porque le informaron que el juzgado había dictado su liberación.

Alrededor de las 18 horas, Laura, Tania y Rosa Villalba fueron puestas en libertad. Sin embargo, la opinión preponderante de quienes integran la Campaña Internacional contra la persecución a la familia Villalba fue que este hecho “impune e ilegal que viola las leyes y el derecho internacional, representa un ataque del gobierno paraguayo, que posiblemente no sea el último”.

Mientras tanto, en Paraguay, los titulares del medio ABC Color, se refirieron a la familia Villalba como un “Clan del Ejército del Pueblo Paraguayo -EPP-”. Se lo consideró como un operativo “anti-terrorista”, al ensañarse con la familia Villalba, y definirla como un “brazo logístico del EPP”, el grupo insurgente armado paraguayo.

A la maestra, con odio

A la maestra, con odio

Después de que Manuel Adorni acusara a la maestra Soledad Reyes de tener un discurso partidario sobre la Guerra de Malvinas, la docente recibió un masivo ataque de trolls en las redes sociales. Terminó con un botón antipánico.

El pasado 2 de abril, en el partido de Punta Indio, se llevó a cabo un acto en conmemoración al Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. Soledad Reyes fue la docente que, convocada por la Dirección de Cultura del municipio, se encargó de dar un discurso alusivo a la fecha. En la ceremonia estaban presentes algunos veteranos de Malvinas y militares de la Base Aeronaval de Punta Indio, quienes, al momento en que la docente inscribió a la Guerra de Malvinas dentro del proceso histórico de la última dictadura militar de Argentina, se mostraron ofendidos por sus palabras. Tildándolas de “partidarias”, comenzaron a levantarse de sus asientos y a retirarse del acto, con gestos de disconformidad y enojo ante los dichos. El suceso finalizó con la profesora terminando de dar su discurso, pese a las quejas de muchas de las personas de la audiencia.

“Yo conocía a mucha gente del público, toda de la localidad. Hasta ese momento todo se mantuvo entre los que estuvimos ahí y no pasó más de comentarios del estilo ‘que le apaguen el micrófono’. Después fue escalando”, cuenta Reyes en diálogo con ANCCOM.

Las amenazas le empezaron a llegar por redes sociales al día siguiente, a partir de que Eduardo Feinmann reposteó un tuit relacionado al hecho, en el cual aparecía el usuario de X (Twitter) de la docente. Reyes comenta que, antes de eso, ella solía tener sus cuentas públicas, tanto X como Instagram y Facebook; pero que tomó la decisión de ponerlas en privado a raíz de las agresiones que empezó a recibir por diferentes vías.

Ese 3 de abril, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se contactó con la docente y publicó un comunicado en apoyo y defensa de Reyes. “A Soledad la conocemos porque ha sido profesora en el programa educativo Jóvenes y Memoria. Ni bien nos enteramos del hecho, nos comunicamos con ella, nos pusimos a su disposición y emitimos un comunicado de repudio en solidaridad”, comentaba la directora general de Áreas de la CPM, Sandra Raggio. Días después, desde la Comisión acompañaron a Reyes en la presentación de un habeas corpus con el objetivo de dejar constancia de los hostigamientos violentos en redes que estaba recibiendo la docente. Reyes expresó su agradecimiento con la comisión por manifestar su apoyo y acompañarla en este proceso.

La respuesta de la justicia fue rápida, ya que para el 6 de abril el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla había tomado medidas preventivas para proteger a la docente. De esta forma, se le otorgó un botón antipánico, gestionado a través del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Esta medida ayudó a que Reyes comenzara a sentirse un poco más tranquila y segura desde que iniciaron las agresiones, las cuales fueron disminuyendo.

La docente de Punta Indio agrega que ella tomó la decisión de no tomar licencia y continuar yendo al trabajo normalmente. En este proceso, para Reyes fue clave el apoyo de sus compañeros del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), del que forma parte como secretaria adjunta. Desde el gremio se solidarizaron con ella mediante un formulario en Google Forms para respaldarla y que reza la siguiente consigna: “Los docentes no adoctrinamos”. No obstante, afirma que fueron días difíciles ya que tuvo que seguir con su vida normal mientras veía todo lo que se decía sobre ella en las redes sociales y se preocupaba por la seguridad de su familia.

 

El debate sobre adoctrinamiento

El discurso de Soledad Reyes comenzaba diciendo: “Quisiera hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Malvinas que no pretenden ser una verdad revelada. Son reflexiones desde una perspectiva crítica de la versión nacionalista de la historia sobre la Guerra de Malvinas”. Dicha alocución fue tildado de “político partidaria” por varios de los presentes y eso desencadenó en que haya tomado la decisión de abandonar el acto.

El hecho trascendió a tal nivel que culminó con un comunicado del Gobierno de Javier Milei acerca de la modificación de la Ley de Educación Nacional con el fin de “penar el adoctrinamiento en las escuelas”, anunciada el jueves 4 de abril por Manuel Adorni, el portavoz presidencial. El vocero hizo alusión al video circulado en redes sobre el acontecimiento de Punta Indio, sosteniendo que es entristecedor que haya “militancia ideológica” en los actos escolares.

“Las ciencias sociales tienen diferentes formas de interpretación. Como docente de historia, tengo la obligación ética e intelectual de decirlo y aclararlo. Entonces, partiendo de ahí, estaba todo saldado. Todo lo demás era parte de un análisis desde una perspectiva”, comenta Reyes al respecto.

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“Hay algunas cuestiones que ya son una certeza indiscutible como realidad histórica: la Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman», dice el comunicado de la CPM.

Pero la discusión sobre adoctrinamiento no termina ahí. En el comunicado de la CPM se lee: “Hay algunas cuestiones que ya son una certeza indiscutible como realidad histórica: la Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman. Frente a esta realidad irreductible, solo pueden sentirse ofendidos aquellos que la niegan como tal y la reivindican”.

Una forma de glorificar la dictadura

Lo ocurrido con Soledad Reyes se suma a un discurso negacionista que está en ascenso. Así lo sostiene Hugo Robert, ex combatiente y ex presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, quien le entregó su absoluto apoyo a la docente.

Robert comenta a ANCCOM que el repudio a las declaraciones de Reyes y los posteriores ataques que recibió tienen que ver con algo que se fue evidenciando en el último tiempo y que fue orquestado por las figuras de poder y los medios. “Me da la impresión que, viendo cómo operan las Fuerzas Armadas (FFAA) en el tema Malvinas, estaba todo armado (…) Esperábamos un video como el del 24 de marzo. En su lugar, hicieron esta representación para tomar trascendencia en los medios de una posición que viene sosteniendo las FFAA desde el regreso mismo de las islas, que es glorificar lo actuado por las FFAA como si hubiese habido una dictadura mala hasta el 1 de abril y una dictadura buena, honorable, valerosa a partir del 2 de abril”, declara.

A su vez, el excombatiente reafirma que lo más preocupante es la glorificación del negacionismo y que utilicen a la Guerra de Malvinas para hacerlo. Lo deja en claro con la frase: “La profesora lo único que les dijo es ‘miren, Malvinas la llevó adelante no la dictadura, sino la peor dictadura que azotó este país, la más sangrienta”.

Asimismo, los hombres nucleados en el CECIM La Plata, que defienden las banderas de Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz, también adhirieron a las palabras de Reyes y respaldaron su visión de la guerra. “Si uno lee detenidamente el discurso publicado en los portales, la realidad es que lo único que les dijo fue la verdad”, dice Robert al respecto. Además, puntualiza que no es la primera vez que desde el Centro ven ataques de este tipo por discursos que cuestionan el rol que tuvieron las FFAA en la Guerra de Malvinas. Finalmente, destaca que es inédito que los descargos hayan caído sobre una docente. “Si en lugar de una profesora había un excombatiente, seguramente le hubieran hecho la misma cama que le hicieron a Reyes. Pero ninguno de los que se levantaron podría mirar a la cara a un soldado y decirle ‘usted está mintiendo’, porque los compañeros estuvieron, ellos saben que hubo oficiales y suboficiales que no estuvieron a la altura de la circunstancias”, sentencia.