Por Facundo Galán
Fotografía: ARCHIVO Mariel Bonino

A diferencia del año pasado, el gobierno obtuvo la aprobación del Presupuesto nacional en el Parlamento. Disminuyen las partidas en áreas sensibles.

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2023 con 37 votos positivos y ninguno negativo. El proyecto contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento económico del 2%, una inflación proyectada del 60% y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.  ¿Pero qué análisis puede hacerse de la norma?

Luego de haber conseguido los votos necesarios en Diputados, el oficialismo logró la sanción definitiva por unanimidad en una sesión que no contó con la presencia de la oposición. Los legisladores de Juntos por el Cambio habían anticipado su decisión de no participar debido a la incorporación en el temario del decreto que establece nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura.  

De esta manera, el Gobierno vuelve a tener Presupuesto luego de que en el año 2021 la oposición  votara en contra del proyecto y dejara al Poder Ejecutivo sin repartición de partidas por segunda vez en la historia.

En diálogo con ANCCOM, el economista Martin Hourest destaca el acuerdo político que implicó la votación en la Cámara Baja y señala: “Lo que se discute no es una cuestión de política fiscal sino de equilibrio de la balanza de pagos. Todo aquello que no entorpezca su financiamiento será materia de acuerdo”. Agrega, al mismo tiempo, que la votación del proyecto juntó a una parte sustantiva del arco político que va en tándem con las votaciones de los acuerdos con el FMI.

En ese sentido, agrega que el proyecto no debe ser leído como una guía a partir de la cual se puedan prever los efectos de la política económica y que, para dar cuenta de ello, habría que mirar los acuerdos con el FMI.  Sin embargo, advierte que no lo menciona de forma peyorativa y afirma: “Esos acuerdos habilitan el acceso a financiamiento internacional y, en un país que no tiene acceso a los mercados de crédito, el ingreso de dólares es el que determina el nivel de actividad y de empleo”.

Por su parte, Julieta Izcurdia, Coordinadora del Programa Justicia Fiscal en ACIJ, menciona que desde la organización no observan una mayor inversión en comparación con otros años en áreas tales como derecho a la vivienda, a la educación, políticas de género o de ambiente. Sin embargo, advierte lo siguiente: “Existe un aumento en la participación en el total del Presupuesto de los fondos destinados a pagar la deuda pública y, al mismo tiempo, bajan considerablemente las partidas dirigidas a seguridad social”. Destaca, al mismo tiempo, lo problemático que resulta esta orientación de las partidas en un contexto en el cual no mejoran los índices socioeconómicos. 

Otro de los focos de discusión en los cuales hace foco Izcurdia reside en políticas de Ambiente. Al respecto, dice: “La asignación de recursos para el Ministerio de Ambiente en el 2023 será menor de lo que se destinará a sostener el régimen de promoción de la minería. Un régimen que no se revisó desde un enfoque socioambiental y sobre el cual no contamos con información clara para saber si es necesario seguir incrementando sus fondos».

Por último, subraya la importancia de cara al año entrante de revisar la política fiscal de nuestro país. “Uno de los problemas que tenemos es que nuestro sistema impositivo está sostenido por el IVA y el Impuesto a las Ganancias, debemos avanzar en aquellos impuestos progresivos que no tienen demasiada participación y nos permitan robustecer el sistema con el objetivo de darle prioridad al gasto social, que es la única forma de revertir la situación de desigualdad que afecta a la mitad de nuestra población”.