En octubre vence la normativa que los ampara. Un plenario de comisiones en Diputados analizará el tema esta semana.
Durante el miércoles 14 de septiembre, se llevaron adelante más de cien asambleas en barrios populares de todo el país, para coordinar el reclamo de tratamiento de reforma de la ley que los regula en el Congreso de la Nación. Se pide que el proyecto sea abordado de manera inmediata, teniendo como horizonte los días finales de octubre cuando la actual normativa perderá vigencia.
Sancionada en 2018, la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como “Ley de Barrios Populares”, estableció principalmente las siguientes normativas:
- a) Declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
- b) Declara de utilidad pública y sujetas a expropiación la tierra de los barrios populares.
- c) Establece que el 25%, como mínimo, de la obra pública en barrios populares debe ser adjudicada a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados por habitantes de barrios populares.
- d) Autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la creación de un fideicomiso para financiar la totalidad de las actividades necesarias para la integración socio urbana de los barrios populares.
- e) Suspende las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los barrios incluidos en el ReNaBaP, por el plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Cuando están por cumplirse los cuatro años desde su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que prolongará a diez años las prohibiciones de desalojo, como la medida más urgente. También se contempla declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental, llevando adelante proyectos de base y de forma integral, con permanente participación vecinal para la conformación comunitaria.
“Emergencia sanitaria y social también es abordar problemáticas como la desnutrición, las adicciones, el alcoholismo, cuestiones de género y lo que sucede en las familias de los barrios”, sostuvo Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Acompañando a las obras, se pide fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada. La actualización del informe del ReNaBap del año corriente, determina que en el 66% de los barrios contabilizados, la mayoría de habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica. En un porcentaje mayor al 90, no acceden formalmente a los servicios de red de agua corriente, red cloacal y red de gas natural.
En la Argentina hay 5.687 barrios populares. En ellos viven un millón de familias, es decir unos cinco millones de habitantes.
La Mesa Nacional de Barrios Populares, compuesta por vecinos y vecinas junto con referentes comunitarios de las organizaciones sociales de todo el país, propone sistematizar las necesidades transversales de todos los barrios, atendiendo las particularidades de cada territorio, promover la organización barrial e impulsar la política pública pidiendo el compromiso de todas las fuerzas políticas legislativas.
El 21 de septiembre se llevó a cabo un plenario de comisiones en Diputados, en torno a la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. Se espera para esta semana una nueva reunión plenaria para emitir un dictamen.
