Por Carolina Ocampo
Fotografía: Captura de pantalla de La Retaguardia

En una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, Claudia Bellingeri, hija del detenido desaparecido Héctor Aníbal Bellingeri, y los hermanos Iaccarino prestaron declaración de lo que pasaron sus familiares y conocidos durante la dictadura.

La audiencia número 79 del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Lanús y Quilmes durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. En esta ocasión las declaraciones se desarrollaron de forma presencial en su sede en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Brindaron sus testimonios Claudia Bellingeri, hija del detenido desaparecido Héctor Aníbal Bellingeri para contar lo que sucedió con el grupo de militantes de la agrupación Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA) y los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, empresarios que desarrollaron un sistema económico alternativo que molestó a las Fuerzas Armadas y a las empresas trasnacionales, y que los llevó a estar detenidos en la Brigada de Lanús, sede Avellaneda.

En primera instancia, Claudia Bellingeri declaró que sobre la situación que vivió el grupo de militantes de PROA el 11 y 12 de junio de 1977 donde se llevaron detenidos y detenidas a Gustavo Varela, Pedro Insaurralde, Héctor Bellingeri, Carlos Alberto Arias, Liliana Galletti, Ignacio Ikonikoff, Blanca Haydeé Altman, Gloria Veinstein, María Virginia Allende, Alicia Constrisciani, José Gabriel Voloch, Fabian, Haroldo y Luis Logiurato. “Una militancia que comenzó mucho antes de la fecha de secuestro. Habían creado una agrupación política en La Plata que se creó en la resistencia peronista, con voluntad de militantes por cambiar la realidad”, sostuvo.

Aquellos días de junio de 1977, la agrupación se reunía en una casaquinta en Urquiza y Montesquieu, ubicada en Marcos Paz. “Las Fuerzas Armadas ingresaron el sábado, tomaron rehenes y al día siguiente esperaron a los que se integraban el domingo en dos Citroën”, detalló. En particular, el testimonio de Bellingeri se centró en la historia de la detenida desaparecida Liliana Galletti, profesora de historia.

“Llegó el 12 de junio a Marcos Paz en un Citroën, corrió, fue alcanzada y herida. Fue secuestrada allí y lo primero que hicieron fue ingresarla al Hospital de Marcos Paz para vendarle un brazo”, contó, y agregó: “La llevaron a la medianoche a La Plata, a la casa de sus papás en la Calle 49. Ingresaron al domicilio, pero estaba vacío”. Esto pudo reconstruirse por las declaraciones de la madre de Galletti, Elida Enriqueta Bussi, quien fue Madre de Plaza de Mayo. El primer lugar de detención de Galletti fue el COT I Martínez: “Es una Brigada de investigaciones y debería formar parte de la línea de investigación para que se junten los crímenes cometidos en esta dependencia, que falta investigar mucho. Camps llevó a muchas de sus víctimas allí”, sugirió. “En el COT I Martínez recibió torturas, junto a un varón. A Liliana Galletti la trasladaron a otros domicilios muy golpeada”, detalló. Luego de este Centro Clandestino de Detención (CCD), fue trasladada, junto a Virginia Allende, Blanca Altman y Alicia Constrisciani al Pozo de Banfield. Allí, Liliana y Virginia fueron vistas por una estudiante de Historia, que fue secuestrada y llegó a la Brigada de Banfield el 8 de septiembre. “Ese mismo día, no sabemos en qué circunstancias, escuchó las voces o se comunicó con ellas. No las pudo ver”, especificó.

Bellingeri brindó estadísticas a la causa: “De las víctimas secuestradas y desaparecidas, el 46% no ha sido vista. Fueron doblemente desaparecidas para el registro de la justicia porque no fueron vistas en los CCD y no se puede tener sus cuerpos. Por lo tanto, no parecen tener justicia, no pueden ser parte de este proceso tan importante y emblemático de este país que tiene mucho que ver con el colectivo de Derechos Humanos para exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

La testigo opinó: “Con Liliana y su traslado permanente quedó demostrado que tres de las víctimas que salieron de Marcos Paz estuvieron en el COT I Martínez y fueron trasladadas”, y se preguntó: “Cuál va a ser la justicia para esas víctimas desaparecidas que no la tienen -justicia-, hasta el día de hoy. El destino era el pozo de Arana. Incinerados en el pozo de Arana”, se lamentó.
También, recordó la opinión que sostenían los represores respecto de los detenidos desaparecidos: “Camps había publicado un artículo en La Prensa y un artículo en el diario La Capital de Madrid donde hablaba sobre qué era la subversión, cómo era que se tenía que encarar su lucha, hablaba del grupo PROA, que eran militantes y tenía una línea de unir a las diferentes fuerzas políticas y que su misión era sacar las denuncias al exterior”.

“Nosotros pudimos reconstruir nuestras vidas gracias a las Abuelas, Madres de Plaza de Mayo y la capacidad que tuvimos en -HIJOS-, de poner a nuestros padres como verdaderos militantes políticos, verdaderos revolucionarios. Seguimos pensando que sus ideas tienen vigencia y seguimos reivindicando su lucha y decimos que están presentes con nosotros”, culminó su intervención.

El siguiente fue Alejandro Rómulo Iaccarino, empresario que fue secuestrado junto a sus hermanos y a toda su familia en la última dictadura. En primer lugar, se preguntó: “Esto es una revictimización o es la forma de demostrar, en un determinado momento, cuál es el comportamiento de personas que pasaron por 13 detenimientos, 9 centros clandestinos, donde fuimos severamente torturados, golpeados de todas formas, pero a pesar de las situaciones en la que nos encontrábamos, a cuatro veces al límite de vida por el exceso de picana eléctrica a la que fui sometido junto a mis hermanos”.

Sobre las torturas “fue la forma que quisieron y lograron, por supuesto, de ablandarnos para que nosotros entregáramos todo nuestro patrimonio”. Su secuestro se da junto a su madre: “Estaba con el auto en mi casa, en el sótano, donde estaba la cochera, junto a mi madre. Me estaban esperando cinco personas de civil con pistolas apuntándonos. Me dieron una trompada en el estómago. La parte desesperante fue cuando la ataron a mi madre a la ventanilla con esposas y la empezaron a golpear”. Iaccarino aclaró, en toda su intervención, que su familia nunca había hecho nada violento, ni tenían participación partidaria. “Lo único que habíamos hecho era un plan económico para defender a la gente humilde. Era ayudar a los pobres, concretamente, llegar al 50% de descuento en los productos de primera calidad. Todo eso que estábamos haciendo estaba prohibido para el poder”, subrayó.

Luego de explicar los motivos económicos por los que decidieron fomentar una economía alternativa a la que estaba vigente, el sobreviviente explicó: “Nos secuestraron porque nosotros teníamos un puesto de abaratamiento. Mentira”.
En los CCD que estuvo, luego de torturas su vida corrió peligro cuatro veces: “Nos desnudaban, nos colocaban una capucha, nos acostaban en el piso donde nos ponían unas gomas en las muñecas y tobillos. Ahí es por donde pasaban los alambres, arriba de esas gomas, para no ser cortados y lastimados. Esos alambres iban directo a las palancas. Nos tiraban con las cuatro palancas y quedábamos directamente sin posibilidad de moverse”.

“He quedado con mucha cantidad de daños físicos y psíquicos que tienen una importancia extraordinaria. Por un solo motivo, por ser buena persona y haber querido ayudar a la gente que es humilde”, sentenció. Iaccarino aseguró que lo que pasó a su familia los destruyó. “Mi madre se volvió loca porque cuando nos detienen, a ella la ponen en un habitáculo de un metro por un metro. Ahí la tiraron a mi madre. Estuvo 17 días allí. No la sacaban ni al baño. Le daban de tomar un mate cocido con un pedazo de pan”.

Contó también la forma en la que pudieron evitar morir allí. Luego de ser trasladado a la Brigada de Lanús, “El Infierno”, donde nos hicieron transferir (a su hermano y a él) los bienes. Teníamos que ponerlos a nombre de mi papá para que pudiera hacer la transferencia a nombre de la mafia”. Ellos eran Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, pertenecientes a Equino Química S.A interesados en las 25.000 hectáreas que poseían en Santiago del Estero. Estas personas les dijeron a ambos “nos entregan los bienes o van al Río de la Plata”.

“El infierno era un horror. No es una cosa cualquiera. No es donde estaban los presos. El Infierno era el ‘infierno’. Era un lugar donde se torturaba, robaba, donde le decían ‘el Banco de Londres’ porque se dedicaban a secuestrar industriales para pedirles dinero”, detalló. El modus operandi que tenían allí “estaba muy aceitado”.
En una jugada muy astuta de su hermano Carlos, que le preguntó a Camaño, la mujer que redactó la transferencia de bienes si podía poner el lugar donde se encontraban, esta miró a Jorge Rómulo Ferranti y asintió. A partir de esto, quedó registro dónde se encontraban detenidos en este papel que forma parte de la causa. Les tuvieron que dejar un avión que compraron en Estados Unidos, y cientos de tierras en Santiago del Estero.
Luego de recuperar la libertad, Iaccarino expuso que las personas no querían tener contacto, ni negocios con su familia porque “no querían saber nada con gente que haya tenido los problemas que tuvimos nosotros”.
Finalizó su declaración mientras enumeraba que en democracia sufrió once atentados contra su vida: “Me descompusieron los frenos del auto, me tirotearon, me dieron una paliza, apagaron y encendieron el gas para que estallara mi casa. Todos esos atentados fueron durante gobiernos democráticos, ninguno sobre el proceso militar”.

El siguiente fue Carlos Alberto Iaccarino, quien se destacó por su capacidad de recordar fechas y lugares por los que pasó junto a sus hermanos. El sobreviviente constató que su persecución comenzó en Santiago del Estero donde fueron detenidos por primera vez junto a su hermano mayor Rodolfo, y a su padre el 4 de noviembre de 1976.

A partir de allí comenzó un recorrido por diferentes comisarías y centros clandestinos de detención hasta el viernes 27 de mayo de 1977 que lo trasladaron a la Brigada de Investigación de Lanús, para ser llevado definitivamente hacia el COT I Martínez.
“En la camioneta había una persona tirada adentro, no podíamos hablar, después nos enteramos que era Rubén Dieguéz, secretario general de la CGT. Nos bajaron de la camioneta, nos pegaron y nos llevaron a un pasillo. Nos caímos porque no veíamos dónde pisamos. Nos agarramos fuerte con Alejandro y le dije ‘acá perdimos’”, testimonió.

Iaccarino resaltó que “los partes policiales dicen que se rompió la camioneta, por eso nos llevaron a la Brigada de Avellaneda, pero ahí no estábamos. Nos llevaron al COT I. Ahí estuvimos 36 días que fueron dolorosos, tremendos. No encuentro la palabra que pueda definir el quiebre, el dolor, la falta de seguridad, los golpes y la situación que ya estaba totalmente rota”.

Luego, al igual que su hermano, se refirió a la transferencia que tuvieron que hacer de bienes para que pudieran salir con vida de la Brigada de Lanús, a donde los trasladaron el 5 de julio de 1978, pues era el espacio donde se sabía que la policía bonaerense tenía un modus operandi dado que “querían plata”.
Por último, Iaccarino valoró el juicio: “Ojalá de acá surja algo porque para nosotros, que somos gente sencilla, de clase media, porque así nos consideramos, haber padecido durante 46 años y después de descreer en parte de la Justicia, la policía, en abogados y escribanos, todas esas personas que han estado en este centro de confabulación con fines extorsivos que a los detenidos les arman causas para sacarle plata. En nuestro país no lo tienen que permitir más”.

La semana próxima seguirán los testimonios de la audiencia número 80 que ya lleva más de tres cuartos de declaraciones de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura militar.