La situación de las personas adultas mayores que perciben el haber mínimo empeora cada mes: sólo en lo que va del año perdieron más de 7 puntos contra la inflación.
“Fui liquidadora de siniestros, administrativa contable, tuve una empresa constructora, un estudio de administración de consorcios que se fundió, me hice monotributista y finalmente me jubilé con la mínima”, cuenta Patricia, que aportó al Sindicato de Empleados de Comercio, al del Seguro y otros, y que recientemente se retiró. Hoy, a pesar de haber trabajado toda la vida, recibe un haber de 37.524 pesos y pierde por goleada contra la canasta básica y la inflación.
La situación y las preocupaciones de las personas adultas mayores, como insiste en designarlas la comunicadora y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), Mariana Liz Rodríguez, “difieren según las condiciones materiales, según la persona envejece en un barrio popular con carencias económicas, según esta persona sea homosexual, migrante, etcétera, pero lo que los conecta es la preocupación por la existencia misma, aunque no lo podamos llevar a la conciencia”.
Una preocupación más se sumó con el 5,3% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para junio, que resulta en un 36,2% de inflación acumulada en los primeros seis meses del año. “La situación de los jubilados es crítica y, como viene la perspectiva, el deterioro va a ser mayor”, sostiene el economista y periodista Ismael Bermúdez.
Frente a la inflación sostenida hace varios años en el país, el instrumento vigente de movilidad jubilatoria es el del actual Gobierno -que reemplazó en 2021 a la ley impulsada por Cambiemos-, y que consiste en un índice que contempla en un 50% el crecimiento de la recaudación de ANSES y en otro 50% la variación de salarios, cuyos datos provienen del INDEC y del Ministerio de Trabajo.
“Esta movilidad tiene un defecto muy grande. No tiene una garantía frente a la inflación y, al mismo tiempo, como los aumentos son trimestrales, los jubilados tienen una caída adicional en el poder adquisitivo de sus haberes, o sea, sufren una doble pérdida: dentro del trimestre y luego, cuando viene el aumento trimestral, éste no repone la inflación acumulada”, explica Bermúdez. Por caso, con el último índice de precios y una inflación del 36,2% de enero a junio, los jubilados habrán recibido sólo un 29,12% de aumento, lo que equivale a una pérdida de más de 7 puntos, más la que sufrieron dentro de cada trimestre por separado.
Desde otro ángulo, Oscar Cetrángolo, economista y especialista en finanzas públicas, argumenta: “No hay ninguna razón por la cual las jubilaciones tengan que tener algo que ver con la recaudación tributaria. En los países que hay inflación, la movilidad tiene que ver con precios, con salarios o un combo de los dos, no hay otra variable razonable. Después se puede debatir si el salario que se toma es el propio, o el salario medio, pero es otro debate”.
“Si no fuera por mí, mis viejos no podrían hacer nada”, comenta Gabriela, que se ve obligada a paliar la situación de sus padres que, como otros 4,8 millones de jubilados y pensionados en el país, perciben hasta un haber mínimo. Un esfuerzo que podría considerarse doble si tenemos en cuenta que, como trabajadora activa, Gabriela aporta al sistema previsional, definido como de reparto y basado en el concepto de “solidaridad intergeneracional”, es decir que ella no invierte en su jubilación futura, sino que financia las jubilaciones hoy existentes, en contraste con lo que pasa en un sistema de capitalización individual como son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
“No olvidemos que estamos en un sistema de contribuciones y prestaciones definidas -destaca Bermúdez-, y lo que se vio es que durante años los gobiernos redujeron la contribución patronal, desfinanciando el sistema. Por ejemplo, en la pandemia el Gobierno eximió a sectores o empresas en crisis de pagar las contribuciones patronales. Tampoco hay un combate firme contra la evasión patronal. Hoy te encontrás con gente que dice ‘trabajé aquí, allí, pero no me hacían los aportes’. ¿Entonces qué sucede? Con un 35,40% de trabajo informal, la gente llega a la edad jubilatoria y alguien debe hacerse cargo de ellos”.
Desde su especialidad, la gerontología, Mariana Liz Rodríguez afirma: “Siempre decimos que no se trata de que las personas mayores sean más importantes que otras, sino que son igual de importantes. Todos, en cada momento de nuestra vida, aportamos de múltiples maneras. Reducir a la persona mayor a un gasto es anularla completamente como sujeto de derecho y como sujeto humano”.
“La mirada de la persona mayor no debe ser solamente la de un sujeto de cuidados”, advierte Rodríguez. En su opinión, “la referencia que una persona mayor tiene sobre sí misma es como un espejo de lo que personas de otras edades ven en ella”. “Si concibo a la vejez como una etapa en donde reina el aislamiento, la soledad, la enfermedad, es muy difícil que yo llegue a vieja y no viva la vejez en esos términos”, remarca.
En la Argentina hay 8,6 millones de jubilados, pensionados, y retirados, según los datos del presupuesto 2021, los últimos disponibles. Casi la mitad, unos 4,8 millones, cobran menos del haber mínimo. En este ejercicio, el Estado asignó a la Seguridad Social un 51,5% del presupuesto, 3.981.763 millones de pesos, seguido por Energía (8,8%, 681.929 millones) y Educación (6,4%, 492.623 millones). Se utiliza cerca del 40% del presupuesto en jubilaciones y pensiones y un 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Respecto al sistema actual, Bermúdez propone “separar a quien se jubila porque tiene 30 años de aportes y quienes lo hacen por moratoria”. “Que quede explícito que las moratorias se financian por rentas generales y el sistema previsional, en cambio, por los aportes y contribuciones. Si uno excluye a las moratorias y a las pensiones no contributivas, el sistema está dando una relación de 4 a 1, o sea, cada cuatro activos hay un jubilado, y el sistema así sería altamente financiable”, asegura.
Según Cetrángolo, “no se le puede dar un ingreso mínimo, y menos en la situación que está la Argentina, a una familia que tiene ingresos, eso es lo que hace la moratoria, es una estupidez”. “Lo que hay que corregir es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es la respuesta correcta. El sistema en absoluto es sostenible, está mal diseñado, hay que cambiarlo. Tiene que haber una reforma que no va a dar beneficios en el corto plazo, pero en algún momento hay que hacerla”, subraya.
Para Mariana Liz Rodríguez, al atentar contra los adultos mayores, estamos cometiendo, sin darnos cuenta, un autoatentado: “Debemos tener cuidado porque las personas mayores de mañana vamos a ser nosotros. La única forma de detener ese proceso es morir, y me parece que la mayoría preferimos seguir envejeciendo”, ironiza.
