Por Nélida Medina Durán y Armando Arboleda
Fotografía: Diego Castro Romero

En un marco de desinformación, improvisación y denuncias de ilegalidad, las prácticas preprofesionales obligatorias para estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires reflejan la falta de perspectiva educativa de la gestión de la ministra Acuña. Opinan un referente sindical, un abogado laboralista y quienes ya atravesaron la experiencia.

Antonella cursa quinto año en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”. A ella y a sus compañeros, como parte del programa de prácticas laborales que dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, las asignaron al Centro Cultural Recoleta. “Nos dividieron en diferentes áreas. A nosotras nos tocó Atención al Público. Teníamos que estar en las salas cuidando las muestras, guiando a la gente, informando que no se podían tocar ni pisar las obras. Todos los días íbamos a distintos sectores, pero casi siempre para estar con los visitantes. Así estuvimos un mes y después volvimos a clase”, cuenta. “Hay áreas que se relacionan con lo que estudiamos, pero otras que no tienen nada que ver -considera-. Por ejemplo, pasamos por Infraestructura, que se encarga del mantenimiento del edificio”. Sofía, que cursa con Marianella la orientación en Comunicación del Normal 9, agrega: “Más allá de que la responsabilidad que teníamos no era muy exigente, prácticamente te mandan a laburar”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó en abril las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, obligatorias en el quinto año de todas secundarias de gestión estatal y privada de la ciudad, según la Resolución 3958 del 7 de diciembre del 2021, firmada por la ministra de Educación Soledad Acuña. En dos meses de vigencia, pone de manifiesto, una vez más, la enorme asimetría de poder entre, por un lado, el Ejecutivo porteño, y por otro, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, sistemáticamente desoídos y despreciados por aquel.

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2010, la Ley N° 3541 define como Práctica Educativa Preprofesional al “conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes de los dos últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar (…) y cuyos contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas”.

El eufemismo que le permite a la ministra Acuña eludir la ley y establecer la obligatoriedad de las prácticas es precisamente el de “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, las cuales forman parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”. Se trata de un proyecto del gobierno porteño cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia el mercado laboral y los estudios de Nivel Superior. Ahora bien, estas “Actividades de aproximación” se desarrollan en contextos reales fuera del edificio escolar y con variados formatos durante “como mínimo 120 horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, a saber: el sector productivo (privado o público), el de gestión de políticas públicas, el cultural/comunitario, y el de educación superior/científico-académico.

Las actividades se desarrollan en horario de clase, con diferencias según el colegio: algunos van de lunes a viernes, otros menos, pero el denominador común es que “corre la falta”. En muchos establecimientos las prácticas arrancaron súbitamente, sin información preparatoria del Ministerio. Ante la consulta sobre si ha sido enriquecedora, Marianella opina que “no es nada del otro mundo” y, al igual que Sofía, no cree haber adquirido una experiencia valiosa.

Para conocer una voz oficial acerca de las prácticas y de la resolución firmada en diciembre por la ministra Acuña -que viola la regulación-, ANCCOM trató de entrevistar al responsable de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, Gonzalo Martín Straface, pero no respondió ninguna llamada. Docentes, alumnos, gremios y abogados han expresado su desacuerdo respecto a la legalidad, los modos de implementación y la improvisación que se desprende de los testimonios. “Estas prácticas no están reguladas por un marco legal-laboral que las ampare. Los estudiantes, al realizar tareas que hacen los trabajadores de esas empresas y organismos, podrían estar en una situación de flexibilización pues no reciben remuneración, no cuentan con cobertura para accidentes de trabajo y tampoco se tienen en cuenta las horas trabajadas para los aportes jubilatorios”, sostiene un abogado laboralista que prefiere no dar su nombre.

Ana, que asiste al Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón en el barrio de San Telmo, dice que las prácticas le parecen bien. Ella genera contenidos para las redes sociales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. “Son cosas interesantes, aprendemos un montón sobre otros temas, pero hay gente que está en contra, a los docentes no les gusta porque perdemos horas de clase. A muchos les están llenando la cabeza, pero yo lo tomo como una oportunidad y el año que viene me dijeron que podía dejar un currículum ahí”, señala. “En realidad nadie puede estar en contra de la vinculación de los alumnos con el mundo del trabajo y de los estudios superiores”, subraya Marcelo Parra, secretario de Educación del Nivel Medio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), pero aclara: “Hay que hacerlo bien desde dentro de la actividad escolar y no por fuera, pero así es como funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, a los empujones, sin atender las necesidades que una comunidad educativa quiere expresar”.

Las quejas de los estudiantes también apuntan a que se pierden 120 horas de clase, o a que parte de un curso debe hacer la práctica laboral mientras sus compañeros avanzan en los contenidos, cuando algunos deberían abocarse a preparar las materias previas que tienen, y todo esto con posibles repercusiones en las notas. Ana brinda su balance del mes y medio que trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Es relajado. No están todo el tiempo mirando que hagas algo. Tenemos horario de descanso y el trato es bueno”, afirma. “Eso sí, tendríamos que poder elegir dónde queremos ir dependiendo de lo que queramos estudiar -remarca-, más allá de que esté más o menos relacionado con la orientación que hacemos. Y al momento de ir, tampoco nos dieron mucha información”.

Según Marcelo Parra, de UTE, la implementación de estas prácticas por parte de la ministra Acuña “está pensada en perspectiva electoral, como siempre lo hacen ellos, y no desde una perspectiva de interacción con el sistema educativo y sus verdaderas necesidades”. “No es que tomamos una posición de rechazo porque somos oposición al Gobierno de la Ciudad: ellos actúan para que nos tengamos que oponer, no nos dejan participar y hacen cosas muy distintas de cómo pensamos la escuela y el país”, concluye.