Frente a la Legislatura se realizó una concentración de madres, padres, alumnos y docentes. Reclamaron que la vianda de les pibes tenga alimentos y que sean saludables.
Sobre la calle Perú al 160 se erige el edificio de la Legislatura porteña. En la peatonal, que luego se hace Florida caminando para el lado de Corrientes, dos nenas con joggin color rosa pastel y guardapolvo blanco juegan entre las vallas metálicas negras de seguridad. Al lado, frente a un gacebo con flyers que rezan la consigna “Por un nuevo sistema de alimentación escolar”, sus padres y docentes disertan ante el micrófono abierto convocado por la legisladora Ofelia Fernández.
Arriba de una mesa blanca, cerca de los oradores, están emplatadas o empaquetadas las comidas que todos los días reciben los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires en los comedores escolares. Un pollo descolorido junto a un puré uniforme, pebetes poco apetecibles y paquetes con tres galletitas ultraprocesadas. Alejandro, padre e integrante de la Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa, agarra con una mano el micrófono y con la otra uno de los medallones rebozados: “Esto que dicen que es de pollo fue analizado por especialistas y confirmaron que era arroz. Les dan a los pibes arroz con arroz. Por este plato el Gobierno de la Ciudad paga 320 pesos», sostiene Alejandro.
Por este plato, el Gobierno de la Ciudad paga 320 pesos.
Laura Seminara tiene 29 años y es docente hace nueve. Actualmente, es maestra de primer grado en una escuela de Parque Avellaneda. Todos los días ve a sus estudiantes comer los mismos sándwiches de pan blanco con jamón y queso. De postre manzana, mandarina o una barrita de cereal. “A veces piden más y no siempre tenemos para repetir, mucho menos para todes”, cuenta Laura.
Para los niños y niñas solo existe una alternativa de menú por motivos de salud, certificado médico mediante. Las creencias religiosas o gustos personales no son contemplados. Además, Laura comenta que con el tiempo la calidad, variedad y cantidad de los alimentos empeoraron: “Hace unos años les daban “milanesas”, medallones de “pollo” o “pescado”. Luego empezaron a ser todos los sándwiches de fiambre (jamón o un ultraprocesado que decían que era de pollo pero tenía gusto a sopa)”, cuenta. Todavía recuerda la vez en la que, hace 11 años, ella misma se intoxicó con la comida del comedor. “Cada vez les dan menos frutas y después de la pandemia dejaron de darles yogur. El desayuno es una porción mínima: se les da mate cocido con leche y una sola magdalena, por demás insuficiente”, agrega.
Con esta foto, madres, padres y docentes de la comunidad educativa se organizaron por la calidad de vida de sus hijas e hijos. Así nació la Campaña que entre sus principales objetivos busca “terminar con el sistema de comedores escolares concesionado y pensar la transición hacia la recuperación de las cocinas escolares”, expresan en el comunicado.
Para facilitar el proceso a los organismos responsables elaboraron una lista de propuestas. Algunas de ellas consisten en discutir los pliegos de la licitación pública con la comunidad educativa; solicitar la inconstitucionalidad del sistema de becas; incorporar a trabajadores de la economía popular; presentar un proyecto de ley donde se priorice la educación alimentaria, y se respete la Ley de Etiquetado Frontal; y realizar un control comunitario con las cooperadoras de la cantidad y calidad de los alimentos brindados por las empresas concesionarias.
La Campaña por una Alimentación de Calidad propone volver a la cocinas escolares y dar de baja a las concesiones.
Entre la gente que rodea el gacebo donde exponen los oradores, del bolso de una maestra sobresale un papel para forrar enrollado color verde con lunares blancos. Un niño que lleva guardapolvo blanco da vueltas animado en su monopatín, no debe llegar a siete años. Hoy en el colegio debe haber comido una madalena con mate cocido y quizá un sanguchito con fiambre. Y después de eso sus padres lo pasaron a buscar por la escuela y vinieron juntos hasta la Legislatura a pedir que le den algo más nutritivo de comer. Frena su monopatín, se baja, lo da vuelta y encara en otra dirección.
Sabrina Santesteban manda a su hija Indira al Jardín de Infantes Común N° 02 D.E 07 «Prof. Marina Margarita Ravioli» en Caballito. Como Licenciada en Nutrición, especialista en el área infanto-juvenil (MN 5598), observa como todos los días su hija recibe productos ultraprocesados en la escuela mientras que en casa le enseña a comer más sano.
Así fue como ella junto con otra nutricionista, una médica y con el apoyo de la Comisión de Nutrición del Ravioli, conformada por otras madres, padres y directivos, hicieron un análisis nutricional de las viandas que recibían las niñas y niños del jardín. En función de eso, elaboraron un documento para argumentar la importancia de una alimentación de calidad en las infancias. En el listado de los productos que a diario se ofrecen en el comedor del Ravioli se analiza que “la mayor parte de los ingredientes de cada producto son aditivos”.
Una consigna tan clara como pasar de ultraprocesados a frutas se empezó a alargar. “Nos dijeron que era una cuestión de lugar, que nuestro jardín no contaba con las condiciones edilicias para poder almacenar las 600 raciones de fruta”, cuenta Sabrina. Sin embargo, pudieron llegar a un consenso: este año se redujo a menos de un 50% el azúcar y cacao en infusiones con el objetivo de llegar gradualmente a cero. “Esa pequeña reducción parece insignificante pero a la larga funciona como apaciguador del deseo por lo dulce”, explica la nutricionista.
Tres adolescentes posan para fotos con sus carteles escritos en marcador rojo sobre cartón. En el medio, una chica con el pelo teñido de azul sostiene un cartel que reza: «Este cartel es una mierda como el sistema de alimentación escolar».
Según un artículo publicado en el Observatorio del Derecho a la Ciudad, actualmente el presupuesto para el servicio de comedor es de $318,90, el de desayuno $37,44 y el de refrigerio $110,70. “Es decir que, por cada magdalena con mate cocido que se sirve, el GCBA paga casi 38 pesos, y por ese medallón de pescado sin proteínas, el gobierno paga casi 320 pesos”, exponen Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, y Alejandro Volkind, autores de la nota.
Son 12 mil millones de pesos los que el GCBA va a pagarle –solo por este año– a las empresas que ganen la licitación. Esto corresponde a “un presupuesto gigantesco que, en vez de garantizar comida nutritiva, abundante y de calidad, redunda en una pésima alimentación para les estudiantes y en gigantescas ganancias para las empresas”, analizan los autores. Además hablan de una falta de seriedad por parte del GCBA con dichas empresas: “En la estructura de costos que aparece en los pliegos de la Licitación, no figura la ganancia estimada de la empresa. En los papeles, las concesionarias brindan el servicio de manera gratuita”.
La legisladora Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo programa de alimentación escolar
En el barrio de Agronomía se encuentra la Escuela Primaria Nº 4 D.E. 16 Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas, en la que funciona una cooperadora que fue intervenida durante un año por el GCBA pero que -aún así- no pudo quebrar a la comunidad. “La Coope del Alva” es una de las cuatro en Capital Federal que autogestiona su comedor. Eso marca una diferencia sustantiva porque “el objetivo del servicio autogestivo es la calidad, y no la ganancia. Son nuestres hijes quienes comen en la escuela, no un cliente. Nos preocupa y nos ocupa, como familias, que lo que llegue a la mesa cada día sea de la mejor calidad posible”, explica Paula Insaurralde, integrante de la Coope que hoy marcha frente a la Legislatura.
Hay más diferencias sustantivas entre el servicio autogestivo y el concesionado. Por ejemplo, en el Alva los alimentos se reciben a diario y se cuenta con un personal profesional, estable y con experiencia que depende de la cooperadora. En el modelo privado se contemplan otras cosas. “Si a las cooperadoras no las dejan ni controlar los servicios, algo que está previsto en la norma y que las conducciones deberían garantizar, menos les van a permitir autogestionar. Se termina un negocio millonario”, sugiere Paula.
El 11 de abril, la legisladora porteña, Ofelia Fernández, presentó un proyecto de ley para proponer un nuevo plan de alimentación escolar. El mismo tiene como principios rectores la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada y el incentivo de la Economía Popular, Social y Solidaria, entendida esta última como el “conjunto de recursos, actividades, personas, instituciones y organizaciones que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima” en toda la cadena productiva.
Entre otras cosas, el proyecto establece la “universalidad de todos los servicios alimentarios que se brindan en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades” ya sean públicos o privados con cuota cero dependientes de la Dirección General de Educación Estatal y el Ministerio de Educación de CABA. También contempla la garantía de un menú especial por cuestiones de salud o de decisión propia.
“Hay que discutir que se come en las escuelas, como se brindan los servicios y entender que la alimentación escolar es parte de la educación y por lo tanto no se la puede dejar en manos de privados”, resalta Paula entre el bullicio de la marcha. La Coope del Alva ha venido hoy porque, más allá del contraste notorio que le dio su autogestión en términos de calidad, sabe que en el debate también debe replantearse el sistema de becas: “La educación es gratuita y la alimentación escolar es parte de esa educación, por lo tanto no debe ser arancelada. Es derecho de todes poder acceder a una alimentación adecuada y el Estado tiene que garantizarlo. En este sentido, es fundamental que se fortalezca a las cooperadoras como herramienta de participación activa de la comunidad”, cierra Paula.