Oficialismo y oposición anunciaron que la nueva normativa, que se proponía ampliar derechos de los inquilinos, no funcionó. Unos y otros proponen modificarla. ¿La normativa es mala o falta impulso político para implementarla?
Ley de Alquileres que tiene como fin regular el mercado de las viviendas. A un año y medio de la sanción, tanto oposición como parte del oficialismo coinciden en su fracaso. Para complementar la afirmación cabría preguntar, ¿para quién?
Lejanas parecen ya las promesas de las y los candidatos en la última campaña electoral. Muchas de ellas, quizás, tendrán lugar nuevamente en la agenda mediática de cara a los próximos comicios. Sin embargo, misteriosamente hay un asunto que desde entonces y hasta ahora, no ha dejado de estar presente en los matutinos nacionales. Se trata de la ¿controvertida? Ley de Alquileres.
María Eugenia Vidal hizo su campaña como candidata a diputada nacional con un fuerte eje en la necesidad de derogar la norma en cuestión. Semanas más tarde, cuando todavía no estaba claro el resultado final de los sufragios, el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, habló sobre el “fracaso” de la Ley 27.551 y de la necesidad de “discutir una nueva Ley de Alquileres que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tienen a lo largo y a lo ancho del país”.
Desde allí, casi ininterrumpidamente, semana tras semana, se publican artículos sobre el supuesto fracaso de la ley, sobre la necesidad de derogarla o modificarla. Raro planteo para una norma que, tras perder estado parlamentario años antes, finalmente consiguió el consenso necesario y fue sancionada sin ningún voto en contra.
Daniel Lipovetsky, ex diputado nacional de la entonces coalición Cambiemos, y mentor del proyecto de ley, reconoce en ella “programas muy positivos como lo es el alquiler social” al mismo tiempo que en su balance expresó que “claramente (la ley) tiene cosas por corregir”. Para el actual Diputado provincial bonaerense “lo correcto sería hacer una reforma”
En diálogo con ANCCOM, el legislador de Juntos por el Cambio marcó como puntos deficientes de la ley el índice de actualización y el registro de los contratos en la AFIP. Coincide, entonces, con las peticiones de los sectores que manejan el mercado inmobiliario. Otro de los puntos que reclama el sector empresarial es el tiempo del contrato de alquiler, que en la norma tiene un piso de tres años para locación de inmuebles para vivienda y que dichos sectores buscan volver a la modalidad anterior, es decir, de dos años.
El legislador del mismo espacio, Martín Tetaz, presentó al poco tiempo de asumir en su cargo, un proyecto de ley en el que busca modificar los mismos puntos que vienen cuestionando los sectores inmobiliarios. Sin embargo, el proyecto de Tetaz va más allá y propone que los contratos se celebren cada un año y que los ajustes puedan celebrarse de “común acuerdo”, desconociendo de este modo que la desigualdad en las relaciones entre locador y locatario.
La otra mejilla
Muñoz respondió de manera crítica a los dichos de Massa en aquel acto por el Día de la Construcción: “Una ley no fracasa, lo que fracasa es la implementación de una ley que en todos los artículos amplía derechos de los inquilinos”. Y además agregó: “Evaluarlo desde el fracaso de alguna manera es discutir en los términos que intenta el mercado inmobiliario y la oposición, e inclusive parte del gobierno, del massismo, el albertismo y en particular el ministro Ferraresi, porque es mucho más fácil decir que hay fracaso que instrumentar los mecanismos del Estado para que esa ley se cumpla”.
Para el representante de los inquilinos los puntos más fuertes de la ley son tres: “Extender el plazo mínimo a tres años”, “el índice con el que se actualiza el precio del alquiler” que se ajusta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de manera anual, y “el otro punto importante es el registro de contratos de alquiler en AFIP”. Justamente los puntos que marcan como falencias los detractores de la ley.
Muñoz apuntó al rol del Estado como eje para conquistar los nuevos derechos. Al respecto señala: “El precio de los alquileres en Argentina no está regulado; está regulada la actualización durante el contrato pero el precio está completamente librado al mercado”. Además señaló que “hay un Estado que en materia de alquiler de vivienda ha dejado todo en manos del mercado, inclusive la información y sin información es imposible tener políticas de Estado, pues esos tres puntos son los más importantes y son justamente los que el mercado necesita del hogar”. Finalmente concluyó: “En materia de vivienda no hay ventanilla del Estado que se encargue de mediar controlar y proteger los derechos de aquellos necesitan un lugar donde vivir”.
