A casi dos décadas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, los responsables de los asesinatos de las 38 víctimas siguen sin prisión efectiva. Durante los últimos días las penas fueron ratificadas y el presidente se comprometió a presentar un proyecto de ley de reparación. Los familiares de las víctimas subrayan la necesidad de mantener viva la memoria.

Las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001, tras la declaración del estado de sitio, dejaron un saldo de 38 muertos en todo el país. La celeridad de la renuncia del por entonces presidente Fernando De la Rúa, escapando en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, no se tradujo en el plano judicial, donde tuvieron que pasar casi quince años para una primera sentencia por los asesinatos de Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva, todos asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Veinte años después, familiares y amistades de las víctimas siguen reclamando contra la impunidad de los responsables. “Nuestras historias son todas bastante parecidas, a pesar de ser muy diferentes. Se encadenan en la gran injusticia que se ha cometido con esta parte de la historia”, gráfica en diálogo con ANCCOM María Arena, pareja de Riva.

Al inicio de este mes, convocaron a una conferencia de prensa frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. El jueves 9, al mediodía, comenzaron a concentrarse y a adherirse referentes de diversas organizaciones y también estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “Estamos reclamando que el Poder Judicial haga su trabajo y ponga al día las causas que están atrasadas que, como paradoja, tienen que ver siempre con proteger genocidas, miembros de las fuerzas y responsables civiles y económicos de la última dictadura”, afirmó.

Laberinto judicial

El 23 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictaba una sentencia histórica. Por primera vez el Poder Judicial consideraba que funcionarios políticos eran penalmente responsables por las consecuencias de dar la orden de reprimir la protesta social. “No hay antecedentes en el país y en la región”, pondera Rodrigo Borda, abogado de las familiares de las víctimas y parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las condenas fueron para José Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, Rubén Santos, Norberto Edgardo Gaudiero y Raúl Roberto Andreozzi, cúpula de la Policía Federal, y para otros cinco efectivos de la fuerza de seguridad.

Sin embargo, la sentencia también dejaba un sabor agridulce: Dos agentes fueron sobreseídos, seis absueltos y otros tantos no pudieron ser identificados. Pero, sobre todo, el exministro del Interior, Ramón Mestre, no llegó a juicio por haber fallecido en 2003 y al expresidente Fernando De la Rúa la Corte Suprema de Justicia le ratificó el sobreseimiento, en mayo de 2015. Meses después, el CELS haría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los límites del estado de sitio y fijar estándares sobre el uso de la fuerza en manifestaciones que aún hoy sigue vigente. “No se habla mucho de Domingo Cavallo”, asegura Arena y subraya: “Fue gran responsable, con sus políticas económicas, del estallido social”.

En 2020 la Sala I de la Cámara de Casación confirmó las sentencias pero ordenó volver a fijar las penas. Este año se bajaron seis meses y otra vez fueron revisadas por el tribunal de segunda instancia, conformado por Daniel Petrone, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. “El Poder Judicial nos siguió disparando”, retrata Karina Lamagna, hermana de Diego, sobre el recorrido y la demora de estos años. Gracias a la presión generada, el 13 de diciembre ratificaron las penas, aunque los condenados, que sostienen que ya están prescriptas, no irán presos porque todavía pueden intentar acudir a la Corte Suprema de Justicia. “Van a  intentar seguir dilatando su llegada a la cárcel, pero los recursos deberían ser rechazados al igual que el presentado por Andreozzi hace un tiempo”, argumenta Arena. “Es un paso más, pero aún falta. Estamos convencidos de que nuestra batalla por memoria, verdad y justicia es legítima y que será hasta el final”, asegura Lamagna sobre el reciente fallo.

Proyecto de reparación

El primer día de este mes, el presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada, junto a Pietragalla Corti y a Emiliano Quinteros, director de Gestión de Casos de Violencia Institucional, a un grupo de familiares de víctimas. Además del accionar judicial, el principal tema de conversación fue la aprobación de un proyecto de reparación integral. “La respuesta estatal ha sido siempre lamentable”, expresa Arena. Son prácticamente nulas las familias que han obtenido algún tipo de desagravio, siendo casi inexistente la relación, intervención, y asistencia a las mismas. 

El primer proyecto en ese sentido fue impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004. Contemplaba el otorgamiento de montos indemnizatorios en el caso de lesiones leves y graves, así como reparación económica a los relativos de las víctimas asesinadas. No obstante, perdió estado parlamentario por falta de voluntad política. Se trata, para Arena, de “una página muy incómoda para cualquier gobierno y sector político”, y coincide con Lamagna en que, más allá de las familiares y el CELS, “ha faltado mucho el Estado” y en general las “han dejado solas”. “Ha sido siempre lastimosamente individual”, sentencia. 

Durante la reunión, Fernández se comprometió a impulsar una iniciativa que termine de consumar la reparación, incluyendo a la totalidad de las 38 víctimas. “Ha demostrado gran predisposición”, desliza Arena. La promesa del principal mandatario es “volver a redactarlo, presentarlo en los próximos días y seguir hasta las últimas consecuencias”. Al igual que en 2004, lo más importante es que “es la forma que el Estado tiene de decir «somos culpables, somos responsables, nosotros fuimos»”.

Mantener viva la memoria

A 7.300 días, los responsables todavía no tienen prisión efectiva y las familiares están sin compañía de quien debería encargarse de reparar. Fueron casi veinte años, desde la recuperación de la democracia, cuando el mismo Estado argentino descargó su violencia sobre sus propios ciudadanos. Son casi veinte años sin sentencia firme. “Recién ese día vamos a empezar a sanar”, dice Arena. Veinte años es demasiado tiempo.

¿Cómo se llega a este punto? “Tengo la solicitada del radicalismo a favor de Mathov”, recuerda María. Con la impunidad de los represores de la dictadura, como Jorge Varando, asesino de Benedetto. Con la devaluación de las penas, que esclarece “el valor que tiene la justicia del sufrimiento de las víctimas”, explica Borda. Con la mesa judicial del macrismo, señala Pietragalla Corti. Sobre todo, con una sociedad que, veinte años después, opta por ser representada por las mismas figuras, como Ricardo López Murphy, quien fuera quince días ministro de Economía, entre otros, o por otras que las reivindican, como Javier Milei y su admiración por Cavallo.

El camino -señalan- debe ser mantener al 2001 vivo en la memoria, en las “luchas que limitan la criminalización de la protesta”, postula Lamagna. La única forma es difundiendo aquellas jornadas, que sean “parte de los libros de historia” sosteniendo los “símbolos que nos acerquen a un homenaje”, agrega Arena. Por lo pronto, el 20 de diciembre se llevará a cabo en Ciudad de Buenos Aires un acto conmemorativo, con colocación de placas incluida, y en paralelo a actividades similares en todas las provincias, sobre todo Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán, donde ocurrieron el resto de los asesinatos.