“No sería la primera vez que se hacen exploraciones sísmicas en Argentina, ya se han realizado y como ellos (Equinor, compañía de origen noruego) bien dijeron, esto se hace en muchos países del mundo, pero eso no es una justificación válida”, afirma Belén Silva, que es ingeniera química y escribe sobre ciencia, medio ambiente y cambio climático. “Las cosas que se hacen hace mucho tiempo y en muchos lugares son las que están generando la situación climática que tenemos hoy. Quieren descubrir nuevos pozos de petróleo cuando los que ya están descubiertos ni siquiera se terminaron de usar. Esta empresa tiene más de seis proyectos en Argentina, offshore y onshore en Vaca Muerta. La Agencia Internacional de Energía dijo que con los pozos que hay en explotación ya nos alcanza. Hoy esa plata tiene que ir a proyectos de energías renovables o, al menos, limpias”, señala.
La Agencia, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró en un reporte de mayo de este año que para alcanzar emisiones cero netas para 2050 no debe haber inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen en más de un 70% de su uso para la producción de energía, sostienen Daniela Keesler y Gabriel Blanco en el informe “Lo ambiental debe ser política de Estado” de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El equipo de investigación del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) plantea la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la vida económica y productiva, pero también repensar el modelo de desarrollo para mitigar el cambio climático.
Con intereses en Vaca Muerta y en la plataforma continental nacional, Equinor lleva adelante actividades de exploración de hidrocarburos y extracción no convencional en Argentina desde 2017. En mayo de 2019, tras el llamado a Concurso Público de la entonces Secretaría de Energía de la Nación, se adjudicaron permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en 18 áreas del ámbito Costa Afuera. Uno de los espacios menos explorados del territorio nacional hacía brillar los ojos de los funcionarios del Ministerio, luego convertido en Secretaría, que avizoraban una lluvia de inversiones, funcionarios que casualmente habían ocupado cargos gerenciales en empresas petroleras.
Equinor, compañía de capitales noruegos con presencia en 30 países, obtuvo permisos para cinco bloques como operador y para dos más en los que se asoció con otras empresas. Entre ellas, YPF, con la que en 2019 firmó un acuerdo para adquirir el 50% de la titularidad del bloque CAN 100, que habilita un período exploratorio de cuatro años en un área de 15 mil kilómetros cuadrados. Posteriormente, YPF y Equinor se asociaron con Shell para su exploración. En total, fueron ocho los bloques de exploración que adquirió la compañía noruega repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN) y en las Cuencas Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO).
Dando lugar a la instancia participativa que forma parte del procedimiento para identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto puede causar al ambiente, en junio de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a una audiencia pública. Con el objetivo de que la ciudadanía ejerza su derecho de conocer y expresarse respecto a la documentación que presentó Equinor sobre su proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, la audiencia se extendió a lo largo de tres jornadas. Allí expusieron 350 personas, algunas en representación propia, otras como parte de una organización, y en representación de personas jurídicas. Además, se sumaron 23 personas que dieron su opinión de forma escrita.
De los 373 participantes, sólo 12 se expresaron a favor: representantes del rubro petrolero como YPF y Equinor que plantearon las consabidas ideas de “generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento” y “bienestar económico”. “Los que defienden esto son los que tienen intereses y a quienes se les llenan los bolsillos. Es momento que el Estado demuestre que va a defender a la gente que está del otro lado pidiendo que cuide nuestro país. Los mismos interesados dijeron que esto va a traer la soberanía que necesitamos, que es para todos los habitantes. La verdad es que no, porque tenemos más de 50 pozos en explotación en el sur onshore y no somos un país que brilla por su riqueza. Este modelo de extracción de recursos naturales de empresas extranjeras evidentemente no funciona”, manifiesta Silva.
La ingeniera química subraya el descontento que compartió con el resto de los disertantes: la instancia pública se convocó con el proyecto de Equinor bastante avanzado, y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se presentó a tan sólo tres semanas de la audiencia, un tiempo insuficiente para verificar datos, revisar la bibliografía y poder dar argumentos sólidos. El procedimiento evidencia conflictos de interés y pone en cuestionamiento la objetividad del estudio, ya que es la misma compañía la que contrata a otra empresa para que elabore el EsIA sobre la adquisición sísmica.
“Las exploraciones son la primera etapa en lo que va a ser la explotación del pozo en sí. El objetivo principal es verificar la posición exacta de los combustibles fósiles para que una vez que tengan la localización puedan hacer las perforaciones. Un barco con diez cables de ocho mil metros -ocho kilómetros, son larguísimos- que tienen sensores, van a captar las ondas cuando el mismo barco vaya lanzando tiros de aire comprimido hacia el suelo marino. De esa manera, van detectando distintas señales de onda y en función de las que reciban, van a poder determinar la posición donde se encuentran los combustibles para después hacer los pozos”, detalla Silva.
Equinor estima que la prospección sísmica puede durar de tres a cinco meses y funcionaría de manera ininterrumpida. “La frecuencia de las emisiones sonoras que se van a generar es el triple de lo máximo que podemos detectar en nuestro oído. Están diciendo que eso no va a afectar a los animales y que para prevenirlo van a ir aumentando las emisiones acústicas progresivamente. Pero están en su hábitat y por más que se alejen un poco los van a dañar en su sistema auditivo. Los peces se van a alejar obviamente y esto va a afectar la actividad de la gente que se dedica a la pesca en las costas de Mar del Plata. Estas exploraciones se hicieron en Chubut y allá los pescadores estuvieron sin actividad casi un año. Imaginate un barco bombardeando el suelo marino tres meses durante 24 horas, siete días a la semana”, grafica Silva.
Como puntualiza Equinor sobre el relevamiento previsto de sus licencias, se haría costa afuera a 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata. Darío Socrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), comenta que lo que generan no está identificado porque se han hecho exploraciones pero no se hizo ningún estudio del estado previo al inicio de las actividades. “Existen referencias concretas de que ha generado inconvenientes en otros lugares del mundo. Lo que pretendemos como sector no es oponernos a la actividad petrolera, sino que se analice cuál es el impacto que se va a generar sobre la pesca”.
La preocupación se centra en el impacto sobre los peces ya que son la materia prima de la cual depende su actividad, que involucra millones de dólares de exportación anuales, 23 mil empleos y alrededor de 200 empresas. “Nosotros cuestionamos la falta de estudio y de participación del sector en la discusión de este proyecto antes de su inicio. En el bloque de al lado al que está en estudio, en la misma Cuenca Argentina Norte, se trabajó el año pasado haciendo sísmica sin haber hecho la audiencia pública. Nadie se tomó el trabajo de ver cuál fue el impacto que hubo efectivamente sobre las poblaciones de peces que existen en esa zona. En 2009, Pan American Energy hizo tareas similares dentro del Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza sufrieron la desaparición de su materia prima por largos meses. Como resultado, la provincia de Santa Cruz prohibió las exploraciones sísmicas dentro del golfo”, remarca Socrate.
“Como sector no hemos sido considerados ni tenidos en cuenta en esta discusión y le hemos pedido al Estado en montones de oportunidades participar, contar con información, y las respuestas han sido prácticamente nulas. Pretendemos que haya información más concreta sobre la zona en donde se va a desarrollar la actividad y sobre este tipo de mar. Porque el impacto que provoca en peces depende de un montón de variables: el tiempo de exposición, la profundidad, la salinidad del mar, la temperatura del agua, la época del año, qué tipo de especies hay y en qué etapa evolutiva. Abajo del mar las comunicaciones son básicamente por sonido. Por lo cual, la aparición de un sonido extremo fuerte en lugares donde no existía, por lo menos genera perturbaciones y en algún caso espantamiento. No hay estudios para los datos de nuestro mar. Lo que presentó la empresa se ha hecho con una recopilación bibliográfica, no con información del terreno”, se queja el representante de CEPA.
Socrate explica que, en teoría, cuando se va a realizar una actividad que puede generar un impacto en el ambiente, se tiene que hacer un estudio previo para ver las condiciones dadas antes de empezar, un estudio durante para ver cómo está impactando, otro posterior y, en caso de resultados negativos, análisis periódicos ulteriores. “Nada de eso está previsto. Estamos muy preocupados y vemos que por parte del Estado hay una doble vara. Cuando se hace un análisis de impacto ambiental que produce la pesca, que existe y estamos dispuestos a dar la discusión, el enfoque es ecosistémico. Pero con las exploraciones, que no se sabe qué impacto tienen, no hay un mismo interés ambiental. Hoy está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación de un área marina protegida que se llama Agujero Azul. Los propios redactores dijeron en una reunión informativa que el proyecto fue modificado reduciéndolo precisamente para contemplar la exploración petrolera. No se puede pescar en el área marina protegida, bajo ningún concepto, pero sí se puede achicar para desarrollar estas exploraciones. Creemos que no se está aplicando el mismo criterio”, dice el gerente de CEPA.
Silva explica que las consecuencias directas recaen sobre los animales y también sobre los microorganismos, problemática que estuvo ausente en el EsIA. “Hablan sobre los animales que habría en la zona, todo es hipotético pero no fueron a ver exactamente cuáles hay en ese lugar. Todo lo hicieron a nivel teórico, no práctico. Les faltó analizar los microorganismos que hay en el océano marino porque son los responsables de almacenar gran parte del dióxido de carbono que emitimos por los combustibles fósiles. Los océanos almacenan el 30% del dióxido de carbono generado a partir de fuentes fósiles”, señala Silva y explica que, de esta manera, se está afectando directamente la capacidad del suelo de almacenar CO2, lo que derivaría en un aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera.
Si las exploraciones sísmicas se realizan, el paso siguiente para la compañía consiste en analizar los datos recolectados y preparar, en función de estos, el equipo que van a instalar para las perforaciones. “Se trata de plataformas offshore que capturan el petróleo desde el fondo marino, perforan el suelo y con presión bombean el petróleo para conducirlo a la superficie. Después, con cañerías o barcos, lo transportan hacia la costa. Un estudio de la Universidad del Centro afirma que en este tipo de operaciones el riesgo de derrame es de un 100%. Si existe este riesgo, que seguro va a afectar a la flora y la fauna, es algo que no podemos aceptar. Cuando ya conocemos fuentes de energías limpias, cuando ya sabemos que los combustibles fósiles no van más, es un riesgo innecesario. El Estado tiene que empezar a representar los intereses de los que vivimos acá”, dice Silva.
La noticia reciente sobre una fuga de gas en un oleoducto del golfo de México que provocó una combustión en el medio del mar, dejó indicios de los efectos que este tipo de operaciones puede producir. El daño ambiental, producto de negligencias o de accidentes contemplados, con frecuencia es negado por las compañías responsables y los gobiernos avalan y apañan sus acciones. “El problema es que hoy este tipo de delitos ambientales que afectan a la naturaleza, no son penalizables. En la mayoría de los derrames o accidentes de este tipo no se ha nombrado a los culpables, que en muchas ocasiones no han tenido ni que pagar porque siempre salen impunes. No hay una ley internacional que avale a los derechos del planeta por sobre los intereses de estas empresas. Lo que pasó en México pasa todo el tiempo, incluso hay accidentes en los que mueren personas que están trabajando en esas plataformas porque es una actividad muy riesgosa. Así como también hay derrames de petróleo que han dejado islas turísticas completamente devastadas, que han acabado con toda la flora y la fauna de la zona costera, pasó en la Isla Mauricio el año pasado”, cuenta Belén Silva.
Para cumplir con la meta de ser un mundo de cero emisiones de carbono en 2050, Silva explica que es necesario plantear un modelo de transición energética, lo que implica invertir en nuevas formas de producir energías. “En teoría se está haciendo, pero con mucha lentitud. Eso no significa que no emitamos nada, pero lo que emitamos lo vamos a tener que compensar si queremos evitar que esto sea una catástrofe, que ya lo está siendo, pero que sea muchísimo peor de lo que nos esperamos”. Una prueba más de la inconsistencia de los documentos presentados por Equinor es que no mencionaron acciones para mitigar las emisiones que van a generar sus combustibles fósiles.
Silva refiere que se siguen destinando presupuestos a la investigación de tecnologías para la explotación de petróleo y a evaluaciones de impacto, en lugar de estudiar las fuentes de energías renovables. “En Argentina lo que tenemos es energía eólica, solar, hidráulica renovable, biomasa, biogas y también se está investigando la tecnología del hidrógeno. Lo importante es diversificar la matriz y no depender de un único combustible como hoy del petróleo”.
El modelo extractivista de nuestro país no conduce a la riqueza. Por el contrario, genera un pasivo ambiental que tiene consecuencias desastrosas también en el aspecto económico. “Los daños a mediano y largo plazo son muchísimo más caros que la retribución que estos proyectos puedan dar en el momento. El cambio climático está afectando a todo el mundo. En Argentina estamos luchando para que no dejen pasivos ambientales como derrames de petróleo en el medio del mar, aguas contaminadas con cianuro por las mineras y glaciares derretidos, campos con soja transgénica que dentro de cinco años ya no van a servir para cultivar porque van a estar destruidos. Como las tierras que quieren usar para hacer las mega granjas factorías de China”, concluye Silva.
Después de un mes donde la participación ciudadana y los reclamos de la sociedad se multiplicaron en defensa de la biodiversidad y de un planeta que pueda ser habitable para el presente mismo, se espera una toma de decisión por parte del Ministerio de Ambiente, que podría solicitar mayor información a Equinor, otorgar la autorización para la ejecución del proyecto o finalmente rechazarlo.