“Los trabajadores tenemos que empezar a disputar no la distribución del ingreso, sino la creación”, expresa Miguela Varela, integrante de la Red Alimentos Cooperativos. Frente a formas de trabajar, producir y comercializar que priorizan intereses de actores económicos concentrados, se erige una alternativa que ha ido adquiriendo relevancia y propugna un modelo cuyo signo distintivo es la búsqueda de equidad para quienes participan de él.
La economía social y popular tiende un puente entre el fruto del trabajo de innumerables familias y la población a partir de lógicas de producción y consumo innovadoras. En ese marco, se encuentra la salida ofrecida por diferentes organizaciones que aglomeran a pequeños productores, campesinos, cooperativas y empresas recuperadas, que enfrentan dificultades a la hora de ubicar sus alimentos y artículos en los mercados tradicionales.
Una de las propuestas inscriptas en esta línea es AlmaCoop, comercializadora que brinda un canal de distribución a productos de cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores familiares y de la economía popular. Este almacén, que funciona como plataforma de compras comunitarias, cuenta con 14 puntos de entrega activos en la Ciudad de Buenos Aires, y un servicio de envíos a domicilio iniciado con la pandemia. Según Carla Mancuso, la función de AlmaCoop es “ser un intermediario directo entre el productor y quien consume”, apoyándose en un aún exiguo pero incipiente cambio de paradigma. “Notamos un crecimiento de la concientización y la búsqueda por hacerse de productos más armoniosos con el ambiente, productos agroecológicos y orgánicos”, afirma.
Vanesa Acosta, encargada del sector de finanzas, vislumbra en el hincapié que hace AlmaCoop en la comercialización de productos sustentables el reflejo del objetivo fundamental de reemplazar los productos adquiridos en las grandes cadenas de supermercados por aquellos elaborados en el marco de la economía social. Al respecto, asegura: “Decidir dónde hacer la compra de alimentos y el consumo en general es un acto político. La batalla no es solo en términos de escala, sino también una toma de conciencia colectiva”.
También se encuadra dentro de esta economía Alimentos Cooperativos , red de organizaciones abocada a la producción, comercialización y consumo de alimentos de la agricultura familiar y de otras cooperativas. Su presencia en diversas provincias se suma a la tienda virtual y los tres locales de comercio minorista en la Capital Federal. “La idea es generar una cadena de valor propia en el marco de la cadena agroalimentaria argentina, en la que todos sus eslabones estén en manos de quienes trabajamos y no de las grandes empresas”, cuenta Miguela Varela. La vía del cooperativismo choca con los parámetros hegemónicos, alineados a los valores del sistema capitalista. Frente a un modelo “completamente especulativo, enfocado en las ganancias y la acumulación de capital”, se abre un camino que tiene que ver con “poner al ser humano, y el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, en el centro”.
Varela divide los objetivos de Alimentos Cooperativos en tres ejes de acción. El primero, vinculado a la calidad de la agricultura familiar, se orienta hacia la producción agroecológica y el rechazo al uso masivo de agrotóxicos. El segundo eje es el de los precios justos “para los que consumen, pero también para los productores y para quienes trabajamos en la comercialización”. Lejos de ser especulativos y mirar de reojo al mercado internacional o a otras marcas, implica partir de los costos reales que afrontan los trabajadores, necesarios para sostener la estructura. Por último, la cuestión de hacia donde vuelve lo que el consumidor paga: el excedente “no es plata que se fuga o que va a la compra de bienes financieros”, sino que fortalece el desarrollo local y “se transforma en más trabajo y mejor producción”.
Entre las 150 cooperativas que integran la red de Alimentos Cooperativos se encuentra COTRAAVI, centrada en la labor de contratistas de viñas y frutales en Mendoza. La meta, como marca su presidenta, Gabriela Olea, es “poder dar valor agregado al trabajo que realizan, porque la venta de la uva no alcanza para que viva el contratista y su familia”. En efecto, el convenio por el cual trabajan les permite obtener solo entre el 15 y el 18 por ciento de la producción para su beneficio. La generación de valor agregado es representada principalmente por el “sueño” de estos trabajadores de tener un vino propio: “Nosotros tenemos el vino Del Contratista, que salió en junio de 2020, y para ellos es un logro por el que hace años se viene luchando y hoy hemos podido alcanzar”, afirma Olea.
Una organización gremial como lo es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), presente en 16 provincias, también orienta su acción hacia una línea similar de cambio de la matriz productiva. Daniela Carrizo, miembro de UTT, expone una serie de metas que incluyen el acceso a la tierra, la agroecología, y la oposición a un modelo “opresor, extractivista, del agronegocio que pone a la familia que produce en una situación de dependencia”. Es una lógica que abarca tanto la producción como la comercialización de alimentos: “Podes cambiar la forma de producir, pero para un mercado que sigue siendo el mismo. Necesitamos un lugar en donde vender ese producto agroecológico, por eso hay que pensar en un cambio estructural”.
Una suerte de estrategia para que más productores modifiquen sus prácticas en pos de la sustentabilidad involucra como primer paso “comercializar directo a través de asambleas de precios, donde los compañeros puedan decidir qué van a vender y cómo”, explica Carrizo. Juegan un rol para ello los cinco almacenes propios, además de la Red de Almacenes Soberanos inaugurada el último 9 de julio en Banfield. “Cada vez que alguien entra a un almacén de UTT se está llevando el trabajo y la organización de un montón de compañeros, cooperativas y fábricas recuperadas”, agrega Carrizo. La segunda medida es interpelar a la gente, para comentarle que aquello que están comprando se produce de forma diferente, bajo criterios beneficiosos para el medioambiente y los trabajadores.
La disputa discursiva por el sentido de las prácticas llevadas adelante desde la economía social y popular constituye una herramienta clave para la expansión de este modelo alternativo. Vanesa Acosta ve en la entrega presencial de productos en los nodos de AlmaCoop la posibilidad de “discutir y debatir sobre las formas de consumo y de dónde vienen los productos” con el público. Su compañera, Carla Mancuso, reconoce en esta misma línea que “es una definición política a quién se le compra y a quién no”. Por su parte, Daniela Carrizo sostiene que “generar otra cultura de consumo” y “saber en dónde se pone la plata” puede favorecer la proliferación de una economía más solidaria y sustentable. “Muchos factores hicieron que como sociedad nos cuestionemos qué consumimos, qué impacto tiene y a qué estamos contribuyendo”, añade la integrante de UTT.
Un actor central, interpelado directamente por las luchas de las organizaciones, es el Estado. “La mirada del Gobierno está en las grandes corporaciones, y nosotros al ser más pequeños muchas veces hemos sido ignorados”, declara Gabriela Olea, de COTRAAVI. El desinterés resulta en la imposibilidad de obtener beneficios, tales como créditos. Un ejemplo es el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, promovida por UTT y trabada en el Congreso, que promueve la implementación de un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. “Si no hay una política activa para que las cosas cambien y se replique en forma masiva, va a depender siempre del que quiere y puede cambiar”, explica Carrizo. Pero esta falta de intervención puede también generar confusión sobre lo que el cooperativismo puede conseguir por sí solo, tal como aclara Miguela Varela: “Circula la mirada de que desde la economía popular se puede combatir la inflación. Esto no es posible únicamente desde este sector, debe ir acompañado de muchos otros factores”. Los precios justos no siempre coinciden con los más baratos del mercado y, según Varela, “el fenómeno de la inflación es estructural en la Argentina, tiene determinantes mucho más complejos, no todos locales”.
El papel desempeñado por las cooperativas es vital para la supervivencia de pequeños productores a lo largo y ancho del país, y la forma en la que mejor pueden cumplir sus objetivos es actuando en conjunto. “Es necesario fomentar el asociativismo con las comercializadoras para generar espacios de discusión política que puedan reclamar y tensionar con el Estado”, sostiene Carla Mancuso, de AlmaCoop. Gabriela Olea, presidenta de COTRAAVI, nota que “el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto” y, por ende, solo un accionar mancomunado puede lograr que las familias reciban, a través de las cooperativas, la justicia social que merecen. Para Miguela Varela, de Alimentos Cooperativos, una economía en manos de la gente con otra forma de producir y consumir supone también otra forma de vinculación entre actores: “Hay que tratar de generar vínculos de reciprocidad, tejer alianzas más profundas. Nadie sale adelante solo, y las cooperativas ofrecen una salida colectiva, la de la autogestión solidaria”. Lejos de sumarse a la idea del emprendedor individual, plantea la necesidad de organizaciones “más horizontales y democráticas, que trabajen en red con todo tipo de actores”.
Una economía con otros parámetros, interlocutores y fines. Un modelo que, como plantea Daniela Carrizo, busca “que la cooperativa venda, que el trabajador reciba lo que corresponde, y que el vecino pueda comer productos de calidad”. La importancia que reviste este sistema, marginado por actores políticos y económicos, es reflejada tanto por las causas que defiende como por la cantidad de personas a las que alcanza. “Da beneficios a familias y pequeños productores que por muchos años fueron el último eslabón de la cadena”, comenta al respecto Gabriela Olea. La alternativa, esbozada a nivel discursivo y ratificada en el acto de consumo agroecológico, está lejos aún de tomar la delantera en la contienda. Pero la forma de abonar el terreno para que un cambio real sea factible existe ya en la sociedad civil, tal como expresa Vanesa Acosta: “Necesitamos discusiones en torno a otro modelo económico, y estas cooperativas son ejemplo de que eso es posible”.