Comunidades indígenas de Amaicha del Valle y de Quilmes cortan la ruta en reclamo por medidas de cuidado en 2020.
Según el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en octubre de 2020, Senti-pensarnos Tierra, Epistemicidio y genocidio en tiempos de covid-19, la pandemia y el decreto 297/2020 constituyeron una drástica transformación social y económica para el conjunto del país, siendo las más perjudicadas aquellas regiones con desigualdades estructurales previas donde las condiciones sanitarias, alimentarias, ambientales y educativas ya se encontraban en estado crítico.
Bertha Lozano, trabajadora de la Liga por los Derechos Humanos de Salta, afirma que la problemática es la misma: “los pueblos indígenas, su estado vulnerable, no mejoró absolutamente nada porque los protocolos para ellos no existen, no pueden cumplir nada. Son lugares donde no tienen acceso al agua corriente, por ejemplo”. En esta línea, Cristina Pérez, quien preside la asociación indígena Lhaka Honhat en Salta, señala otras problemáticas: “En la zona, por falta de información muchos pobladores no cumplieron el protocolo. Lamentablemente fallecieron muchas personas de las comunidades sospechosas de covid y que, por la mala atención, no recurrieron al hospital. Seguimos en la misma situación del año pasado: no hay información, no hay traducción en lenguas originarias sobre el tema”.
En el documento El impacto del covid-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva realizado en diciembre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que durante el 2020 varios países latinoamericanos comenzaron a registrar el mayor número de contagiados y fallecidos por el covid-19, situándose entre las 20 naciones a nivel global en mayor situación de riesgo Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile. Según la CEPAL, “el mayor impacto lo sufrirán aquellos sectores de la sociedad que, históricamente, han quedado excluidos del poder político y económico, en particular, los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las personas mayores indígenas”, ya que “se estima que en los países de la región más del 80% de los trabajadores indígenas lo hacen en el sector informal, una proporción ostensiblemente superior a la registrada entre los no indígenas (OIT, 2020 y 2019)”.
Presencia estatal en las comunidades
Tanto para Bertha, como para Cristina el informe de la Comisión señala que hoy los protocolos por la pandemia están ausentes. Y si bien no existe información oficial sobre los casos de covid-19 entre los pueblos indígenas de la Argentina, coinciden en que el impacto puede ser enorme. El informe de la CEPAL indica que hay comunidades que atraviesan “una crisis humanitaria crónica, como los pueblos indígenas wichi, qom, iyojwa’ja y niwaclé de Salta, Formosa y Chaco”. Con respecto a la provincia de Salta, el organismo remarcó que “podría agravar la dramática situación que obligó al gobierno de la provincia de Salta a declarar en enero de 2020 una emergencia sociosanitaria durante seis meses, tras la muerte por desnutrición en pocos meses de al menos siete niños indígenas en la zona, la hospitalización de otros 32 por la misma causa y la existencia de otros 160 en riesgo de desnutrición”.
En palabras de Cristina: “No hay control en el municipio, no hay información de parte del intendente sobre los protocolos. Desde la provincia, solamente se perciben las ayudas sociales (pensión, jubilación, AUH)”. Sin embargo, “el tema de ayudas sociales como el ticket y los módulos alimentarios demoran la entrega, y a pesar de que hubo un decreto sobre la emergencia sanitaria y el tema de COVID, hubo muchas familias a las que les dieron de baja estas ayudas. De parte de la salud no hay informaciones sobre el tema COVID. No hay un trabajo comunitario”. Por su parte, Bertha afirma que el acceso al agua corriente, a una alimentación digna, a su territorio, a la educación, constituyen derechos humanos que los pueblos indígenas van perdiendo o que nunca los tuvieron, y que impacta en la práctica a la hora de tomar medidas preventivas contra el virus. “Sin acceso al agua corriente -afirma- no hay manera de que mantengan protocolo de limpieza ni que se higienicen”.
Según el informe de la CEPAL, en Argentina la primera medida adoptada fue la resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir de la cual se ordenó un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país, de las personas que podían acceder al ingreso familiar de emergencia establecido por el Gobierno a través del decreto 310 del 23 de marzo de 2020. No obstante, fue cuatro meses después cuando este presentó una serie de recomendaciones para dar respuesta al covid-19 en las poblaciones y territorios indígenas, elaboradas por la Mesa de Emergencia Sociosanitaria Intercultural (MESI), una entidad de carácter participativo, constituida por representantes de las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales a nivel nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, el organismo destaca la realización por parte de INAI de “videos propagandísticos con recomendaciones para evitar nuevos contagios de coronavirus, relatados en siete idiomas originarios (mocoví, quechua, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, mapuzungun y qom), que se difunden a través de anuncios en los medios y redes virtuales, las radios y la televisión pública. También se preparó material impreso en esas lenguas”.
Con respecto a la cuestión de la interculturalidad, Bertha dijo que “las comunidades ya han tomado conocimiento de lo que es el coronavirus, porque no es gente que no tiene conocimiento de nada: hay personas que tienen acceso a los pueblos y sabe cómo cuidarse. El problema es que no tienen posibilidad, no tienen acceso a la salud pública, a un remedio ni nada de eso. Entonces se cuidan también con lo natural, porque es a lo que tendrían algunos accesos, y que otros ya ni tienen. El monte ya es muy reducido, ese es otro problema”.
Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llegaron al Congreso luego de una caminata de 2000 km.
Una cuestión crónica
Según el CONICET, pese a los cambios institucionales y legislativos logrados desde fines del siglo XX, que contribuyeron al reconocimiento y acceso a derechos territoriales, ambientales, educativos y culturales, resultado de sus históricas luchas y demandas, la realidad indígena exhibe avances aún insuficientes frente a su situación de desigualdad socioeconómica, de irregularidad en la posesión de las tierras que habitan y de una histórica invisibilización, estigmatización y criminalización.
De acuerdo con el segundo informe regional llevado a cabo por la Plataforma Indígena Regional Frente a la covid 19 “por la Vida y los Pueblos”, Pueblos Indígenas y vacunación contra covid-19, a través del Observatorio Regional sobre derechos de Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), entre otros; los pueblos indígenas del norte se encuentran en situación de riesgo, entre ellos el pueblo Qom y Wichi. Según el informe, mientras el primero se encuentra “en situaciones de extrema pobreza por la pérdida de sus tierras, inseguridad alimentaria y con alta prevalencia de enfermedades como la tuberculosis que han provocado muchas muertes”; el segundo “se encuentra en clara situación de riesgo ya que su condición alimentaria y sanitaria es tan crítica que, desde el inicio del año, se registran al menos doce fallecimientos de niños a causa de desnutrición y falta de atención sanitaria”. Al igual que Bertha y Cristina, el observatorio coincide en señalar problemas estructurales tales como la imposibilidad de producir para su autoabastecimiento, las condiciones ambientales producto del desmonte y la discriminación.
Para Bertha, “la única manera que eso se pueda afrontar como una cuestión de responsabilidad estatal es con algún programa claro en la práctica en el territorio. Conozco médicos que se acercan voluntariamente a la zona, pero la gente de la comunidad se sigue muriendo y si es que es de coronavirus, porque ahora van a decir que es de covid y ya no van a decir que es de desnutrición y de todas estas problemáticas que también tienen. Se saca la responsabilidad del Estado sobre el abandono que tienen esas comunidades con respecto a sus derechos. Con donaciones y actos solidarios no podemos solucionar un problema estructural”.