En la provincia de Buenos Aires, casi 45 mil personas no fueron vacunadas por encontrarse alojadas en cárceles e institutos de detención. Ahora, la justicia ordenó al gobierno bonaerense que brinde las medidas necesarias para vacunar a la totalidad de esas personas.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dio un plazo de cinco días para que se inicie la gestión.
En el año 2020 en las cárceles bonaerenses murieron 29 personas por covid-19. Y esto ocurrió en un sistema de encierro colapsado, donde 65 establecimientos penitenciarios que tiene la provincia alojan a más de 45 mil personas, en lugares donde el cupo máximo es de 20 mil. La sobrepoblación excede el ciento por ciento lo que hace que el acceso a la vacuna sea de carácter urgente.
La CPM solicitó la medida cautelar porque se reclamó que aquellas personas detenidas en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) o en dependencias del Ministerio de Seguridad están siendo discriminadas por el simple hecho de que tienen restringida su libertad. Están apartados del resto de los ciudadanos y se los priva de un derecho esencial como es el acceso a la salud. También se reconoce que hay impedimentos para las personas detenidas a la hora de inscribirse al plan de vacunación, no están las condiciones dadas. Hubo casos en los que se logró gestionar la preinscripción y la asignación del turno, pero la autorización y el traslado hacia la posta de vacunación no fueron aceptados. En ese punto, hubo coincidencia entre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y la CPM en que los obstáculos para poder inscribirse que tienen que sortear las personas en instalaciones de encierro son mayores a los que tienen los demás que habitan en la provincia.
El Estado provincial tiene un plazo de cinco días -contados a partir del 12 de julio- para que arbitre medidas que garanticen el acceso a la vacuna contra el covid-19 a las personas detenidas y bajo los grupos de riesgos, “el gobierno tiene hasta el lunes para apelar o presentar el plan de vacunación” aseguró a ANCCOM, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Con los votos del juez Gustavo Scaparotel y el voto de la jueza Claudia Milanta, la Cámara hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CPM. El juez Gustavo De Santis basándose en argumentos estrictamente procesales y sin llegar al asunto en sí, rechazó hacer lugar a la medida. En primera instancia y desatendiendo los derechos que se ven comprometidos, el reclamo también había sido rechazado por el juez de Garantía de La Plata, Nicolás Raele.
A fines de abril la CPM había hecho el reclamo denunciando la falta de medidas sanitarias en el SPB y exigiendo que se lleve a cabo la vacunación en los centros de encierro. Las instalaciones precarias y poco preparadas para los tiempos que corren y el hacinamiento que ha llevado a un colapso del sistema penitenciario, hacen que el riesgo de contagio sea mayor, la vulnerabilidad de las personas detenidas también aumenta en lugares donde ya había que cuidarse de otras enfermedades.
Si se compara el alcance del plan de vacunación provincial con el alcance que tuvo en las instalaciones de encierro, existe una distancia relevante, que también fue advertida por la Cámara de La Plata. El programa de inoculación en la provincia de Buenos Aires está en un punto en el cual las personas que forman parte de los grupos de riesgo tienen la posibilidad de acceder a la vacuna contra el covid-19 sin problemas, entonces que se replique esto en el SPB, es decir, la vacunación a personas bajo la disposición “grupo de riesgo”, no genera modificación, ni altera el plan provincial. “Si no hay respuesta la justicia puede intimar y si el gobierno apela tiene que resolver la Corte, pero esperemos que se cumpla pronto, no sabemos cuánto puede estirarse” explicó Cipriano.