Por Eddie Murphy
Fotografía: Gentileza Carolina Camps, TELAM

En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.

Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.

En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos. 

La pandemia expuso una realidad que viene de larga data:  la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.

La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.

Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.

¿Distanciamiento social?

La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.

 

 

Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2  conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma. 

El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura  (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.

Desatención médica

La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga. 

Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.

En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.

En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.