Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 42% de las personas y el 31,6% de los hogares argentinos son pobres. Dentro de este conjunto, se distingue un 7,8% de hogares indigentes, que incluyen al 10,5% de las personas. La información, correspondiente al segundo semestre del 2020, evidencia una problemática acuciante y que arrastra varias décadas en el país. Las políticas sociales parecen el único instrumento sensible para evitar que la inequidad se transforme en violencia para la simple supervivencia, por las necesidades básicas insatisfechas. Un indicador alarmante de este último informe es que los jóvenes menores de 14 años son los más pobres. En otras palabras: carecen de alimentos básicos para su desarrollo físico e intelectual.
Los datos del Indec, publicados el 31 de marzo, arrojaron números alarmantes. En términos absolutos implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la Línea de Pobreza -aquellos cuyos ingresos no pueden satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales- se ubican 2.926.890 hogares que abarcan a 12.000.998 personas. Asimismo, 720.678 hogares se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia. Estos son quienes no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para la subsistencia, e incluye a 3.007.177 personas.
El Indec también destaca que la franja etaria de 0 a 14 registra la mayor cantidad de pobres con el 57,7% de las personas, seguida por el grupo de 15 a 29 con un 48,2%. Además, los niveles más altos de incidencia de la pobreza en personas se observaron en las regiones de Gran Buenos Aires con el 44,3%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 16,5%.
El Noreste argentino cuenta con una pobreza global del 43,5%, con variaciones según las provincias: Corrientes 42,9%, Formosa 36,4%, Gran Resistencia 53,6% y Posadas 37,7%. Por su parte, la región Pampeana alcanza un 38,2%, en tanto la Patagonia suma 35,2%.
Mientras que la mayor cantidad de indigencia por personas se concentra en la zona del Gran Buenos Aires con el 13,3%, la Patagonia posee el 7,8% (Neuquén-Plottier 12,3%); y la menor indigencia se observa en Cuyo con un 5,3% y en Noroeste un 7,0%.
Los índices de pobreza e indigencia se calculan sobre la capacidad de los hogares de acceder, respectivamente, a la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), mediante sus ingresos monetarios, y la brecha es la distancia entre estos y las canastas.
Los últimos datos revelan que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la CBT promedio del mismo grupo alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%. En el caso de la indigencia, la CBA promedio de los hogares fue de $21.572 y el ingreso total familiar promedio de $12.864, lo que implicó una brecha del 40,4%.
Estos números son la muestra certificada de una cruda realidad social. La deuda interna que dejó el macrismo, según el Banco Mundial, marca una recesión y caída del PIB de 2,5%, en 2018, y 2%, en 2019. A esto, se adiciona el endeudamiento externo por 40 mil millones de dólares y la aparición de la inédita pandemia originada por el virus del Covid-19.
La contracción de la economía durante 2020, producto de las restricciones impuestas a partir de la cuarentena, generó una caída de 9,9% interanual del Producto Interno Bruto (PIB). Estas consecuencias negativas se replicaron en la mayoría de las latitudes del mundo. En el caso de América Latina, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que, en el año pasado, se registró una caída del PIB de 7,7% y la tasa de pobreza extrema y de la pobreza se situaron en 12,5% y 33,7% de la población, respectivamente. Esto significó que a finales de 2020, en la región, 22 millones de personas engrosaron la fila de la pobreza.
Para la CEPAL, pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los países, orientadas a frenar la pandemia, estos números en la cantidad de pobres no se habían observado en los últimos 20 años.
Evolución de la pobreza
La problemática de la pobreza arrastra varias décadas en nuestro país y se agudiza con el tiempo: es, tal vez, la mayor deuda de la democracia con la sociedad. La exclusión social en los últimos 50 años (1970 – 2020) mostró niveles de pobreza cada vez más altos.
“En la década de 1970 la pobreza promedio fue de 5,7%, aunque ya en la década siguiente prácticamente se cuadriplicó al pasar al 19,6%. La década de 1990 volvió a crecer al ser del 26,4%, mientras que en la década del 2000 el salto volvió a registrarse al establecerse en niveles de 36,4%. Donde vemos que todas las décadas el número de pobres no paró de crecer en su promedio. La única excepción fueron los últimos 10 años, en donde el promedio se ubicó en valores igualmente desgraciados del 29,3%”, afirma Julián Zícari, Economista y Doctor en Ciencias Sociales.
En la misma sintonía, un estudio del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recalcó que, entre 1983 y 2018, la pobreza medida por ingresos “sólo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país [después de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001], y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000 [principalmente entre 2004 y 2007]”.
Desde una mirada más reciente en el tiempo, a partir del estudio del Cedlas se puede advertir que, considerando en su conjunto los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la pobreza cayó del 58,2% al 30,1%, mientras que la indigencia descendió del 21,1% al 5,9%. El documento también destacó que la disminución tanto de la pobreza como de la indigencia se dio de forma acelerada entre 2003 y 2007, y luego siguió bajando, pero de forma paulatina hasta el 2011. Desde ese momento, se mantuvieron en los mismos niveles, con algunos altibajos durante el gobierno de Cristina Fernández.
Respecto al mandato de Mauricio Macri, el primer dato oficial del Indec señaló que la pobreza y la indigencia en el segundo trimestre de 2016, alcanzaron respectivamente al 32,2% y al 6,3% de la población. Luego hubo un leve descenso de la pobreza a partir del 2018, pero como consecuencia de la crisis macroeconómica, ese número aumentó significativamente. De este modo, los números del Indec indicaron que en 2019 el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández recibieron un país con 35,5% de pobreza en las personas y 8% de indigencia.
Pobreza en pandemia y asistencia social
La grave situación económica que atravesaba el país a fines del 2019 y, acentuada al año siguiente, generó los números cristalizados en el informe del Indec. Para Itai Hagman, economista y diputado del Frente de Todos, la pandemia “no sólo no permitió revertir un proceso de crecimiento sostenido de la pobreza desde abril de 2018”, sino que también “ocasionó que el punto de partida sea aún más bajo”. Hagman también advierte que “sin las políticas de asistencia que existieron durante la pandemia, la situación sería todavía más dramática. Aunque eso no justifica que se podrían haber hecho más cosas para evitar los resultados que hemos conocido”.
Pese al rebote en la actividad económica de los últimos meses, sin una intervención activa del Estado esa mejora no va a alcanzar para revertir todo el daño que se produjo en la pandemia.
Para Hagman, este contexto “demanda políticas distributivas más intensivas, de transferencias de ingresos. Hay propuestas en danza, desde las más ambiciosas como establecer un salario universal que por lo menos garantice un ingreso equivalente a la línea de indigencia, y que permita también disminuir la pobreza. Hasta políticas más focalizadas que permitan inyectar recursos en los sectores más vulnerables, básicamente, con políticas de urbanización de barrios populares, de construcción de viviendas, de inversión en infraestructura que le de trabajo e ingresos a esos sectores de la población. Requiere de políticas concretas y no va a derramar automáticamente del crecimiento económico que está ocurriendo en la industria y que es importante, pero resuelve solo una parte del problema”.
En 2020, el Estado fue un protagonista inexorable por la crisis global y local. No sólo para adquirir los insumos indispensables que el sistema de salud usó en la pandemia, sino también en la implementación de políticas que pudieran morigerar el impacto económico y social que tuvo el Covid-19. Entre ellas, la asistencia y los planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los incrementos en los montos de la Tarjeta Alimentar y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todos ellos permitieron contener a aquellos sectores más vulnerables.
Conforme a la Memoria detallada del estado de la Nación 2020, la Tarjeta Alimentar implicó una inversión de $95.355 millones y alcanzó a 2.040.277 personas. El monto otorgado fue de $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años, y de 6.000 para las familias que tuvieran más de un hijo en la misma franja etaria, y sin límites de edad en el caso de los niños y niñas con discapacidad. Durante mayo y diciembre se duplicaron ambos montos de las tarjetas.
Por otra parte, el IFE -creado el 24 de marzo- llegó, al menos en una ocasión, a 9.048.499 personas (32,8% de la población entre 18 y 65 años) y significó una inversión de $263.169 millones. Consistió en el pago excepcional de $10.000 a trabajadores desocupados, informales, de casas particulares, cuentapropistas de menores ingresos y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Embarazo para Protección Social (AUE). Se abonó en tres oportunidades a lo largo de seis meses.
El ATP -lanzado el 1 de abril- fue recibido por 2.965.909 trabajadores y 306.761 empresas fueron beneficiadas y representó una inversión de $236.377 millones. Mediante este programa el Estado se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas en todo el territorio nacional que evidenciaron una afectación considerable en su facturación producto de la pandemia.
Asimismo, el INDEC publicó el segundo informe del impacto del coronavirus en los hogares del Gran Buenos Aires, correspondiente a agosto-octubre de 2020. En él se destaca que 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia. La cobertura alcanzó al 82,2% si se suman quienes comenzaron a recibir transferencias con la pandemia (22,8%), quienes cobraron esas sumas y ya obtenían algún tipo de programa (45,6%) y quienes solamente cobraban en base a programas previamente existentes (14%).
Los números de la cobertura y el alcance de estos programas evidencian la importancia que tuvieron durante el 2020. Ante ciertos relatos peyorativos sobre estas ayudas estatales, Hagman señala que se anclan en prejuicios, “porque supone que cuando el Estado hace transferencias de ingresos lo que está haciendo es sacarle a un sector de la población que, supuestamente, es productivo y meritorio, y destinarlo a un sector que es parasitario. Esto no es así. La razón por la que el Estado tiene que hacer políticas distributivas no se vincula con sacarle a los que se esfuerzan y darle a los que le viene todo de arriba. Tiene que ver con reparar o equilibrar una injusticia social”.