Por Karla Góngora
Fotografía: Archivo ANCCOM

Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en  Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida  en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.

El lugar de la detención

La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida  mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.

Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.

Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.

Todos los presentes

No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.

Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.

Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.

 

Detenida e incomunicada

Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.

Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».

Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.

Hipótesis del suicidio

Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.

El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.

Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.

«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Sin avances en la causa

La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.

Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.

Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.

Perspectiva de género

Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.

Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.