Por Leo Pastorutti
Fotografía: Gentileza Magdalena Camejo y Rodrigo Ferrería

Trabajadores autoconvocados de la salud pública de Neuquén cortaron la ruta  en tres puntos clave para el turismo durante trece horas. El hecho se produjo el pasado jueves 1 de abril, coincidiendo con el inicio de Semana Santa y se enmarca en una acción que surgió como consecuencia de varias jornadas de reclamos, paros y movilizaciones. Los protagonistas denuncian al gobierno provincial de abandonar el sistema de salud en plena pandemia y a los sindicatos ATE y UPCN de firmar acuerdos paritarios a espalda de sus representados. Hubo tensión entre Gendarmería Nacional y supuestos turistas.

Para tomar real dimensión de lo que pasa en la provincia patagónica es necesario distinguir a los distintos actores en el conflicto. Por un lado, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a cargo de Omar Gutiérrez, quien accediera al cargo en representación del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Por otro, los sindicatos ATE y UPCN, únicos habilitados para negociar paritarias y que acordaron con Gutiérrez un aumento del 12% para el primer semestre de este año. Este acuerdo motivó el surgimiento de un tercer actor denominado Autoconvocados de salud, que se compone por administrativos y profesionales insatisfechos con esos gremios. Por último se encuentra el Sindicato Profesionales Salud Pública Neuquén (SiProSaPuNe) y el Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN) que sin acordar en la forma del reclamo de Autoconvocados, coinciden en el contenido. Estos últimos son los que nuclean a los profesionales de la salud pero no son reconocidos por el PEP en la discusión paritaria.

El sector de Autoconvocados que organizó la jornada de lucha se concentró a las 4 de la mañana en los tres lugares estratégicos pactados: uno en Villa La Angostura sobre Muelle de Piedra, otro en Junín de los Andes a la altura del puente del río Chimehuín y un tercero en la Ruta Nacional 22, a la altura de Arroyito. La idea, según cuentan los protagonistas, era bloquear por tiempo indefinido las rutas turísticas hasta que el gobernador Gutiérrez llamara al diálogo. Entre los asistentes, que se estima fueron más de 1000 entre todos los cortes, había afiliados a ATE, a SiProSaPuNe, al SEN y también muchos independientes que no se sienten representados por ningún sindicato. A pesar de no tener comunicación por parte del PEP, las asambleas decidieron levantar la medida luego de trece horas de permanencia, fuerte apoyo social así como momentos de tensión.

Es que mientras los manifestantes se hacían oír con cantos y bombos, en el corte de Arroyito apareció un grupo de personas que decían ser turistas y empezaron a agredir al piquete. “Hubo un grupo muy violento, y por eso pensamos que no se trataba de turistas, porque prácticamente secuestraron una ambulancia con un paciente crítico que iba con el médico. Luego tuvo que dar la vuelta y hacer más de 300 kilómetros hasta su destino”,  declaró a Canal 7 de Neuquén Marcos Campos, trabajador de salud y referente de las asambleas de Autoconvocados. Rodrigo Ferrería, médico generalista del hospital de Plottier, estuvo presente en ese corte y fue testigo de los hechos: “Gendarmería Nacional estaba cortando a 2 kilómetros de nosotros pero en un momento liberaron los cortes y nos pusieron cara a cara con los turistas que nos empezaron a agredir. Amenazaban con avanzar con los autos”. Afortunadamente no se registraron mayores incidentes.

Más allá de lo establecido, cada corte tuvo su propia dinámica siempre marcada por lo que dicte la asamblea. Mientras que en el de Villa La Angostura se tomó la decisión de dejar pasar a los automovilistas con cierta periodicidad, unos kilómetros al norte por la Ruta 40, en el corte sobre el puente del Chimehuín, optaron por prolongar la jornada de lucha hasta pasadas las 17. Los momentos de mayor euforia se vivieron quizás cuando en los tres puntos neurálgicos empezó a correr la noticia que habían cortes esporádicos en otros puntos de la provincia, en apoyo a los reclamos. Uno de ellos fue en la localidad de Loncopué que luego se sumó al corte de Arroyito, y otro en la localidad de Las Lajas, que culminó entre aplausos de vecinos y transeúntes con una marcha alrededor del centro de la ciudad cerca del mediodía.

Un reclamo histórico

“Hace dos meses que empezamos a manifestarnos públicamente a través de acciones de lucha, notas enviadas a la ministra Merlo haciendo hincapié en dos puntos centrales: el primero, hace falta una mesa de discusión salarial propia del sector salud con representación de los cuatro gremios que integran el área. Y junto con esto va el reclamo que ya tiene un tiempo prolongado, de la necesidad de una ley de carrera profesional que cada vez se vuelve más imperiosa porque desde el Convenio Colectivo de Trabajo hasta acá lo que se ha hecho es bajar marcadamente la situación del sector profesional y favorecer con eso la permanente pérdida de profesionales o la incapacidad para incorporarlos”. Esto declaraba a ANCCOM César Dell’Ali, secretario general de SiProSaPuNe. Este sindicato, que no participó de los cortes, adhiere en lo discursivo a los reclamos del sector Autoconvocados. Ambos se preparan para una nueva jornada nacional de lucha el próximo 7 de abril, coincidiendo con el día de la sanidad.

El problema en salud no comienza con el CCT sino que lo agrava, coinciden los protagonistas. Es que según explica Dell’Ali, “una vez más fue negociado de espalda a los trabajadores entre ATE, UPCN y el PEP y aprobado por la legislatura entre gallos y medianoche”. Darío Mas, secretario general del SEN denuncia la misma situación: “Tenemos inscripción gremial. Desde que salió el CCT hemos sido discriminados y dejados de lado constantemente.” Y agrega: “No le conocemos la cara a la ministra Merlo, no sabemos cómo es, no hemos tenido una convocatoria con ella y lo que exigimos es una mesa de salud debido a la cantidad de cuestiones que son bien específicas y a lo complejo que es el sector”.

Con la llegada de la pandemia la situación precaria del sistema de salud provincial no hizo más que agravarse. Con el comienzo del año los agentes de la salud recibieron la noticia que el Estado no cumpliría el acuerdo paritario vigente hasta el primer trimestre de 2021, aduciendo la baja en la recaudación producto de la pandemia. Algo poco creíble si se tiene en cuenta que se trata de la provincia de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas del mundo, según el propio Gutiérrez. Esa noticia que cayó como baldazo de agua fría en todo el sector público se hizo efectiva y “los esenciales” no recibieron aumento de sueldo en todo el año pasado. A esto debe sumarse la decisión del gobierno provincial de pagar el aguinaldo en tres cuotas y de no tener un plan de contingencia para las bajas de profesionales durante la pandemia.

Desde Autoconvocados, Ferrería explica que gran parte del conflicto tiene que ver con lo salarial pero no es lo más importante: “Somos el único sector de la administración pública, prácticamente, que no se guardó en toda la pandemia. Nos enfermamos, enfermamos a nuestras familias, no nos pudimos tomar licencia. Todo lo contrario: nos aumentaron las jornadas de trabajo para cuidar al resto”.

Daniela Anticura, médica clínica del hospital de Zapala apuntó: “Empezó la pandemia y dejaron sin efecto el acuerdo salarial, las licencias. Tampoco cumplieron el acuerdo por ropa de trabajo. Entonces si sumamos la falta de recursos humanos, la falta de insumos, la falta de organización, se genera un caldo de cultivo que culmina en la situación actual.”

Anticura, al igual que Dell’Ali denuncian que hay otro problema que subyace y que es las renuncias que se están dando en distintos centros de salud de la provincia. En Zapala se da la renuncia Mario Laborda, jefe del departamento de imágenes, pero no es el único. Entre enero y marzo renunciaron cincos de los once terapistas que tenía el hospital Castro Rendón, el más importante de la provincia. Otras dos terapistas entraron en licencia por embarazo, por lo que en el servicio hay cuatro profesionales capacitados donde hace apenas unos meses había casi el triple.

Anticura, Dell’Ali, Ferrería, coinciden en que lo salarial fue la gota que rebalsó el vaso. Las condiciones previas y durante la pandemia fueron gestando un estado de malestar en todos los sectores que terminó de estallar con el arreglo de ATE y UPCN con el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

 

“Esenciales para el pueblo, invisibles para el gobierno”

“Lo de Neuquén es verdaderamente sorprendente. El gobierno ha tratado de alguna manera contener a los trabajadores públicos que han estado en la primera línea de esta pandemia, que son los trabajadores de la salud”, dice Julio Fuentes, Secretario Adjunto de ATE Nacional.

La relación entre la dirección nacional de ATE y la provincial hace años viene en un público desgaste y con el conflicto en salud esa enemistad se vuelve más tensa aún. Fuentes, quien otrora fuese Secretario General del gremio a nivel provincial pero que hace tiempo cumple funciones en el ámbito nacional y latinoamericano, se mostró muy crítico del gobierno provincial y de la actual conducción de ATE Neuquén: “Estamos en una situación sanitaria gravísima y me parece que las autoridades neuquinas no son conscientes. Y en medio de esta situación, atacan a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública que están haciendo un esfuerzo tremendo”.

Fuentes quizás se refiere a la actitud tomada por el subsecretario de Salud, Alejandro Daniel Ramella quien amedrentó con descuentos y sanciones a aquellos trabajadores que se adhieran a las medidas de fuerza. En la circular  NO-2021-00278061-NEU-SSLD#MS, que lleva su firma digital, el funcionario público insta a personal administrativo a informar sobre los agentes que adhieran al paro.

Quien también aprovechó la oportunidad para disparar contra los trabajadores esenciales fue el propio Quintriqueo. Es que el Secretario General de ATE Neuquén, en una actitud propia de cualquier patronal, presentó un escrito en la cartera de Trabajo provincial en la que solicitó “a esta autoridad laboral que determine la invalidez e ilegitimidad de esas medidas de acción directa.” La misiva que lleva su firma no solo atenta contra el derecho constitucional de huelga, sino que también desconoce las leyes provinciales. Como afirma Fuentes, quien fuera convencional constituyente provincial: «La constitución neuquina en el artículo 39 establece que el derecho de huelga es un derecho de los trabajadores, o sea que pueden ejercerlo. A diferencia de la Constitución Nacional que establece esa potestad a los sindicatos, en la Constitución Provincial ese derecho es propio de los trabajadores, así que los funcionarios deberían ajustarse a la constitución de la Provincia”.