La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad desliga al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de la responsabilidad de garantizar la universalidad de vacantes en el Nivel Inicial, mientras más de 9 mil niños y niñas están en lista de espera para acceder a la educación de gestión estatal. Según los especialistas, el fallo promueve un sistema educativo segregado y discriminatorio

Caer en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires ya era una odisea antes del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado miércoles 23 de diciembre. Lejos de instruir al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a cumplir con el artículo 24 de la Constitución porteña –que establece la responsabilidad del Estado de asegurar y financiar la educación pública desde los 45 días de vida–, la máxima instancia judicial consideró que no tiene la obligación de garantizar vacantes antes de los cuatro años, edad de escolarización obligatoria. La decisión del TSJ habilita al Ejecutivo porteño a desentenderse de los 9.120 mil niñas y niños que quedaron fuera de los colegios porteños durante 2019.

Frente a un recurso de inconstitucionalidad de una madre en reclamo de una vacante para su hijo en una escuela pública o la financiación por parte del Estado en una privada, el TSJ desestimó la presentación y dispuso que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes quienes no estén en condiciones de hacer frente a la cuota de la educación privada.

Con largas listas de espera, el déficit de vacantes para las escuelas porteñas suma más niñas y niños fuera del sistema público cada año. El nivel inicial, desde los 45 días hasta los 5 años de edad, está en la situación más crítica. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la faltante de vacantes ascendió de 5.629 en 2011 a 9120 en 2019. El Estado se mantiene inmutable ante los miles de chicos que quedan fuera del sistema educativo público. En los sucesivos gobiernos del PRO de Mauricio Macri (2007-2015) y Horacio Rodríguez Larreta (2015-hoy), la situación deficitaria ha persistido.

Desde 2011, ACIJ mantiene un acuerdo con el Gobierno porteño donde el Estado reconoce la problemática de la falta de vacantes y se comprometió a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días hasta los 5 años. “Recibimos con mucha sorpresa el fallo no sólo por las interpretaciones jurídicas, que entendemos no son acordes a la normativa vigente, sino porque no reconoce los compromisos y obligaciones que ya había asumido el GCBA”, señala la abogada y co-directora de ACIJ, Constanza Argentieri.

La decisión del máximo órgano trae más elementos que preocupan a la organización civil. El fallo establece un criterio de priorización de vacantes existentes para niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Por supuesto que es acorde al enfoque de derechos humanos pero esta decisión viene acompañada de un deslinde de responsabilidad de garantizar la universalidad de vacantes”, expresa Argentieri.

“El fallo le dice al Gobierno de la Ciudad que no necesita seguir avanzando en obras de infraestructura ni que es necesario garantizar vacantes en nivel inicial a todos los niños, sino que simplemente con las vacantes existentes tiene que garantizar este criterio de priorización”, explica la directiva de ACIJ. “Si el Gobierno sigue en esta línea de desfinanciamiento educativo y sin garantizar la totalidad de las obras que tendría que realizar para garantizar las vacantes, podría terminar sucediendo que se establezcan escuelas donde haya solo niños en condiciones de vulnerabilidad y escuelas privadas donde solo vayan quienes pueden pagar la cuota. Esto generaría un sistema educativo absolutamente segregado y discriminatorio”, denuncia.

Con esta decisión, el Poder Judicial porteño no tuerce la dirección de la política educativa de Rodríguez Larreta frente a la faltante de vacantes. Según Argentieri, lo habilita a continuar sin adoptar medidas inmediatas para garantizar la educación del nivel inicial.

Desde la organización esperan que la lista de espera de niños y niñas aumente para este año debido a la pandemia. “Se ha venido pronosticando una migración muy grande de familias de la educación privada a la pública por no tener las condiciones económicas para afrontar las cuotas”, advierte Argentieri. El aumento de la demanda en combinación con la inacción del Gobierno porteño avalada por el TSJ no augura un futuro esperanzador para las familias porteñas que busquen su lugar en la educación pública.

La demanda de vacantes se resuelve con mayor inversión educativa y construcción de más escuelas. Pero los números indican que no hay una voluntad política por resolver la situación de miles de niños y niñas en lista de espera. El presupuesto destinado a Educación en CABA en 2021 es el más bajo de los últimos 9 años. En comparación con el año pasado, la inversión educativa es un 3,9 por ciento menor. Esta cifra resulta peor en comparación con 2019: un recorte del 24,6 por ciento. Y en lo que refiere a infraestructura, el panorama es peor aún. Según el monitoreo que realizan desde ACIJ en el marco del acuerdo con el Gobierno porteño, el Programa de Infraestructura Escolar sufrió un recorte de 71,8% en comparación al anterior.

 

Fuente: ACIJ (https://acij.org.ar/vacantesenlaciudadpreocupantesnivelesdedesinversioneducativaenelproyectodepresupuestopara-2021/