Por Nazarena Tabuchini
Fotografía: Gentileza Comedor Copa de Leche

En 2009 fue noticia un llamado a licitación para una obra que favorecería a millones de argentinos: la construcción de la Autopista Presidente Perón. El trazado, que empezó a desarrollarse recién en 2011 y actualmente se está reactivando, tenía como objetivo expandir el Camino del Buen Ayre uniéndolo con Ruta 2. Según Vialidad Nacional, los beneficios serían varios: por un lado se optimizaría la circulación entre las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (GBA) al no tener que pasar por la Capital del país, mejorando las condiciones de circulación para más de 50.000 usuarios por día. Por otro lado, permitiría ahorrar una hora de viaje a las personas que viajan desde La Plata hasta Pilar o Morón, así como también el acceso al puerto de La Plata, por dar algunos ejemplos.

De la vereda de enfrente, donde se encuentran los barrios afectados por el mega proyecto, la situación es diferente: para ellos esto es una amenaza directa a su vivienda.

Solamente en el barrio de La Pradera, en Merlo, hay alrededor de 1300 viviendas afectadas por la traza. En muchas de ellas hay más de una familia. Ángel Insfrán se mudó a esta zona hace siete años y desde ese entonces escucha rumores acerca de la obra, pero entre los vecinos hay quienes afirman que hace más de veinte años que la situación es igual.

La realidad es que los estudios para llevar a cabo el proyecto comenzaron en 1990 y era mucho más ambicioso de lo que es hoy, ya que se pretendía construir un puente entre Buenos Aires y Colonia, Uruguay. Entre numerosos gobiernos y acuerdos que no prosperaron, la iniciativa se modificó dando como resultado esta obra que lleva 11 años de desarrollo.

El comedor Copa de Leche es una de las edificaciones afectadas por la ampliación del Camino del Buen Ayre.

El miedo de los vecinos se hizo realidad cuando un día les llegó una nota de Vialidad Nacional que les ofrecía un resarcimiento económico para abandonar sus viviendas: el problema estaba en que esa tasación no les alcanzaba para comprar otra casa. “Nosotros somos conscientes que no tenemos papeles pero con lo que nos dan conseguimos poco y nada, y si queremos algo mejor tenemos que volver a caer en el boleto de compra venta.” afirma Ángel, fundador del merendero «Copa de leche». Tanto él como las demás familias coinciden en algo: esta es la oportunidad para que el Estado les dé una respuesta que les permita, a ellos también, progresar. Con seguridad, Insfrán insiste en que aceptar lo que “ellos nos dan significa terminar en una toma o en otro boleto. No tenemos muchas maneras de conseguir una vivienda. Este es un negocio que existe y lo saben. Saben que están promoviendo esta inmobiliaria de los pobres”. Un panorama similar se presentó en Ezeiza donde desde julio los vecinos, también perjudicados, vienen realizando protestas por las expropiaciones.

Las historias que atraviesan al barrio de Merlo son muchas y variadas, algunas casas tuvieron dueños en algún momento pero con las diferentes generaciones se fueron perdiendo los papeles, otras pasaron de ocupación en ocupación. En la mayoría de los casos, el temor a la reactivación de la obra impidió que los ocupantes apostaran a invertir en las viviendas, y aquellos que se animaron, hoy intentan que se reconozcan las mejoras en la nueva tasación. Silvana Gutiérrez, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por Autopista del Oeste y afectada por la traza, explica que desde la agrupación se ha intentado mantener una postura de negociación con Vialidad Nacional, ya que en definitiva lo que buscan no es obstruir la obra sino que cada vecino pueda llegar a un acuerdo justo.

Sin embargo, “al ser una obra que hace tanto tiempo que está en desarrollo, los gobiernos van cambiando y también la gente de allí trabaja, entonces es difícil mantener acuerdos o negociaciones. Es un empezar de nuevo cada vez”, afirma Gutiérrez. Con la valoración de los inmuebles como principal problema, se abren dos cuestiones: por un lado, que la suma que se ofrece es en pesos y se percibe luego de 90 días aceptada la oferta de Vialidad Nacional, por lo que a la hora de adquirir una nueva propiedad no sólo la moneda argentina se desvaloriza sino que las cotizaciones se encuentran en dólares. Y por otro lado, si bien la situación dentro del barrio es dispar, en muchos casos las tasaciones que recibieron los vecinos se encuentran desactualizadas. Al respecto, Silvana cuenta que desde la Asamblea ya se comunicaron con el Tribunal de Tasaciones de la Nación para regularizar los números, pero aún no han recibido respuesta.

 

Desde Vialidad Nacional afirman que “cada proceso de expropiación es distinto dependiendo de cómo éste se desarrolle”, y que en el caso de que las personas expropiadas no acepten el convenio propuesto, “se inicia un proceso judicial a través del juzgado federal correspondiente a la jurisdicción del terreno a expropiar dado que, al ser declarada la propiedad de utilidad pública, no puede rechazar ser expropiado. En este caso, los tiempos pasan a estar en manos del sistema judicial”.

El proyecto, que tiene como fecha estimada de finalización 2021, ya tiene varios adeptos principalmente del sector inmobiliario que ve en él una gran oportunidad comercial. Tal como lo explica Esteban Edelsterin Pernice, director de Castex Propiedades para La Nación, “las áreas que más se van a valorizar son, seguramente, los puntos de unión con otras autopistas, como Merlo, Ezeiza y Presidente Perón.” Dado que pueden generarse polos de logística muy importantes. “De la misma manera, se generarán posibles conexiones entre residencias y zonas de trabajo, lo que puede fomentar un mejor desarrollo de diversas zonas” afirma.

Frente a la creciente especulación alrededor de la obra, los vecinos del barrio de Merlo se preguntan si alguna vez también les tocará a ellos hablar de progreso. Al contexto de crisis económica y emergencia sanitaria se suma un problema estructural para la argentina, una crisis habitacional donde los perjudicados son los mismos de siempre: los sectores más vulnerables.