Unas 1.400 familias fueron desalojadas del predio que ocupaban desde julio en Guernica. Casi 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense formaron parte del operativo liderado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Llegaron de noche, y a eso de las cinco de la mañana (de hoy) empezaron a reprimir. No dejaron salir a la gente, ni se nos dejó agarrar nuestras cosas. Nos sacaron como perros, quemaron nuestras casillas y nos tiraron con balas de goma”, relata Juana Acuña, referente del Barrio La Lucha, en diálogo con ANCCOM. Además, hubo heridos y más de 30 detenidos -entre ellos dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires- que lograron la libertad en el transcurso de la tarde.
Acuña estuvo desde el inicio de la toma y dice, con angustia, que cuando habían pasado los dos primeros meses pensó “que el Gobierno se iba a solidarizar”. “Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna –afirma–. Si sos laburante como yo, sabés que cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar el alquiler, y si ganás 20 mil pesos, ¿qué hacés con eso? Nada, o comés o alquilás”. Esta es la realidad de muchas familias que ocupaban el predio y hoy se encuentran peor que hace unos meses: no tienen nada. Algunos vamos a estar de prestados con nuestras familias, pero otros tienen que ver cómo se la arreglan porque no tienen a dónde ir”.
Antes del desalojo se conformó una mesa de diálogo con los referentes y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, donde se estuvo cerca de un acuerdo. Acuña asegura que se les ofreció reubicar los barrios por bloques, pero todo cambió “cuando nos dimos cuenta que en el acta no figuraba ninguna información acerca de dónde íbamos a ir a parar, sólo que eran unos lotes. No nos dieron ninguna garantía real y, a raíz de este rechazo, se desató todo esto”.
El desalojo comenzó a las cinco de la mañana, con topadoras y fuego que destruyeron las casillas.
La coordinadora del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, subraya que las condiciones estaban dadas para que el desenlace fuera otro. En las últimas semanas, “se había logrado un acuerdo al que adhería la gran mayoría de las personas que formaban parte de la toma, pero cuando faltaban sólo detalles para la reubicación, el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juez, Martín Rizzo, consideraron que los tiempos ya estaban agotados”. Hoy el escenario fue totalmente diferente al que se venía planificando: la represión a los ocupantes se extendió por varias horas dejando a su paso no sólo detenidos y heridos, sino también cientos de familias a la deriva sin ninguna solución a su problema.
Para Miguens, el problema de procesar los conflictos sociales tan complejos mediante causas penales, hace pensar que se trata de una cuestión de legalidad o ilegalidad, y si se lo entiende así es difícil lograr una solución. “El Gobierno debe sostener la propuesta que tanto esfuerzo llevó construir y adaptarla al nuevo contexto para dar una respuesta definitiva a las familias que estuvieron durante tres meses en las peores condiciones posibles. Esto muestra que se trata de un problema estructural, gravísimo y urgente. El Gobierno tiene los nombres y apellidos, toda la información sobre estas familias, por lo tanto, sería inaceptable que se desentienda. Existen predios donde todavía pueden instalarse de manera transitoria. Y hay en marcha una solución definitiva con un predio donde podrían irse a vivir”
La mesa de diálogo que había creado el gobierno provincial, fracasó.
Cuarenta y ocho horas antes del desalojo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que contempla una ayuda económica de 50 mil pesos que podrá ser recibido hasta seis veces por beneficiario. El objetivo es que sea destinado a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como fin resolver el problema existente.
Si bien significa una respuesta ante la emergencia, tiene sus límites. “En la provincia de Buenos Aires es un problema estructural más allá del contexto, hace falta política pública que genere oferta de suelo accesible para sectores medios y bajos. La provincia tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat que reconoce herramientas valiosas para cambiar las dinámicas estructurales y hacer que esos procesos de producción de la ciudad no estén sólo orientados a los negocios inmobiliarios, sino que contemplen la demanda habitacional real”, concluye Miguens.