El régimen dictatorial de Francisco Franco detentó el poder español desde 1936 hasta 1977. Fueron 41 años de alzamiento contra las instituciones democráticas, de planificación de exterminio político mediante la tortura, la desaparición forzada de personas y el asesinato. Durante estos años se legalizó el secuestro, la apropiación de menores y la utilización de fuerza de trabajo esclavo a los presos políticos. Aún hay 114.000 españoles que permanecen desaparecidos y sin ser identificados.
El mes pasado se presentó en España el anteproyecto de una nueva Ley de Memoria Democrática, todavía en tramitación y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Congreso de Diputados. En él se recogen algunos vestigios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque con un intento más ambicioso de poner en práctica, finalmente, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “La del 2007 fue la primera Ley de Memoria en democracia en España tras una guerra civil de tres años, una dictadura de cuarenta y una transición a la democracia donde no hubo depuración de los órganos represivos, y donde además se practicaron de forma muy desigual algunos derechos fundamentales como el de poder encontrar a los desaparecidos y poder darles un entierro digno”, afirma Manuela Bergerot, asesora en el Grupo Municipal de Más Madrid y ciudadana española desde que ese país la acogió junto a sus padres, escapando de otra dictadura, la argentina.. Destaca que las únicas políticas de memoria, a lo largo de estos años, fueron las del bando vencedor, responsables de escribir la historia oficial mediante la tergiversación de un relato que al día de hoy sigue impidiendo la conexión de las nuevas generaciones con los valores democráticos. En sus calles, Madrid sigue atestada por el franquismo: “Todos los símbolos callejeros, las estatuas y las esculturas que conforman nuestro espacio público hablan de lo mismo. No han necesitado encerrarlo en un museo porque en España las calles están llenas de placas a los caídos por la Gracia de Dios, que son todos los del bando franquista. Y eso es lo que ha ido conformando la identidad colectiva del pueblo. Hubo una naturalización del franquismo a través de esos símbolos”.
El rol de movimiento memorialista y de sus respectivas asociaciones fueron fundamentales para el impulso de esta nueva ley que incluye también cuestiones como la realización de un censo oficial de víctimas y la exhumación de más de 20.000 cuerpos (hasta el momento realizadas gracias a la iniciativa de los familiares de las víctimas), la ilegalización de asociaciones de apología al franquismo que siguen vigentes y medidas educativas hasta el momento inexistentes. “Lo poco que se ha avanzado -dice Bergerot- ha sido gracias a estas asociaciones, que han estado totalmente desamparados por todos los gobiernos, incluso por los progresistas”.
Ascención Mendieta, una anciana de 91 años, logró recuperar los restos de su padre fusilado en 1939.
Desde estas asociaciones se ha logrado también iniciar la primera y única querella contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, abierta en la Argentina hace ya 10 años: “ Es el único proceso judicial al día de hoy que está en fase de investigación, donde ha habido imputaciones, ha habido toma de declaración a los responsables. Las víctimas de España han tenido que viajar 10.000 km para ser escuchadas en una sede judicial argentina. Eso ha movilizado mucho y ha hecho entender que esto es una cuestión de Derechos Humanos. Esta Ley de Memoria Democrática está fundamentada con esas bases”.
La querella argentina no sólo logró valores positivos a nivel judicial como la declaración de las víctimas, la apertura de investigaciones, y la exhumación de varias fosas como la del paradigmático caso del padre de Ascención Mendieta. Hasta una mujer de 89 años vino a declarar a la Argentina ante la jueza que lleva adelante este caso, Servini de Cubría.
La querella también logró imponer el debate en la agenda mediática y política, e instaló un marco diferente al que venía previamente dado desde una derecha que lo presentaba como una cuestión de revanchismo y de revictimización continua de las víctimas. “La querella argentina, junto con los informes de los relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están diciendo: son derechos fundamentales desatendidos. Y si hay personas que necesitan que se garanticen unos derechos, hay otras que tienen unos deberes. Y ese es el rol del Estado”, afirma Bergerot.
La querella argentina sigue avanzando en la toma de declaraciones a los imputados. Desde hace un mes, se lo está realizando con Rodolfo Martín Villa, quien fue ministro de Franco y está imputado hoy por varias causas. Una de ellas fue por dar la orden de la matanza de varios trabajadores en Victoria, el 3 de marzo de 1976, mientras estaban haciendo una huelga. Los encerraron en una iglesia y fueron masacrados. Las pruebas son contundentes y Servini de Cubría mandó a tomar declaración a Villa hace aproximadamente cinco años. A los 86 años, tuvo que presentarse finalmente en la Embajada argentina en España y prestar declaración a través de Zoom al juzgado Nº 1 de Buenos Aires. Esta querella, según Bergerot “ha tenido el poder de poner en evidencia el poder multiplicador de la memoria. Se siguen presentado denuncias, y hay todavía mucha gente que está esperando poder prestar declaración”.
Manuela Bergerot se exilió en España cuando tenía dos años y hoy es activista por la memoria, la verdad y la justicia.
Otro punto fundamental en este nuevo proyecto es la reforma de la Ley de Amnistía de 1978, que impidió durante muchos años juzgar los delitos durante esa época. “Es el equivalente a la Ley de Punto Final o de Obediencia Debida de Argentina. Tienes que darle herramientas a los fiscales, porque si no seguirá ocurriendo como hasta ahora, que todas las querellas o denuncias presentadas a juzgados territoriales españoles, son denegadas porque se parapetan en esa norma”, describe Bergerot.
Si bien durante la transición de la dictadura a la democracia estas medidas fueron las únicas posibles, el contexto actual es completamente distinto: los espacios políticos progresistas como Más Madrid denuncian la insuficiencia de esta ley. Las nuevas generaciones ven coartados sus derechos fundamentales cuando siguen anclados a una ley de 1978 que no contempla dichas garantías.
Hasta el momento, tampoco ha existido en España una política estatal que promoviera investigaciones científicas sobre todas las tipologías de víctimas que produjo la Guerra Civil y la dictadura. Las cifras dadas al día de hoy son gracias al trabajo de estos colectivos de derechos humanos: existen 114.226 personas en el país que permanecen desde entonces en fosas comunes. Pero recientemente se conoció en España que por primera vez el gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando un plan de exhumaciones liderado por el médico forense Paco Echevarría. Bergerot afirma que “es la primera vez que el gobierno se va a hacer cargo en democracia de unas exhumaciones con respaldo científico. Y esa investigación pone sobre la mesa que a día de hoy quedan 20.000 mujeres y hombres en fosas comunes. Si se han hecho exhumaciones en los últimos 20 años, fue gracias a organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”.
Hay 114.226 españoles enterrados en en fosas comunes.
Además, la falta de respaldo científico imposibilita la investigación del plan sistemático diseñado por el psiquiatra Vallejo-Nágera sobre el robo de bebés durante esos años. Hasta 1952, las estimaciones dan a conocer una cifra de 30.000 bebés robados a mujeres víctimas de estos crímenes. “Imagina todas esas genealogías familiares que están sustentadas sobre una mentira -sigue Bergerot-. Cuántos adultos, que además han ido a su vez teniendo hijos, no conocen su verdadera identidad. Son tantos que podríamos escribir casi la historia de España. Y por eso hay tanto miedo”. El desconocimiento y el negacionismo a lo largo de los años tiene que ver también con las decisiones educativas y culturales fuertemente arraigadas en la sociedad: “Esa generación viene directamente de haber sufrido la pedagogía de la sangre, con un Estado que se encargó de sembrar cada pueblo de España con una fosa común. El mensaje que está mandando ahí es terrible. Y eso se hereda. No ha habido olvido, lo que ha habido es silencio y miedo. Hay varias generaciones que están atravesadas por el miedo. Las siguientes generaciones, los hijos de aquellas mujeres y hombres que vivieron en primera persona cómo fusilaban a sus padres y a sus madres y eran enterrados en fosas comunes, lo vivieron también desde el silencio. Y uno nunca puede olvidar lo que nunca se le ha transmitido”.
La necesidad de memoria, verdad y justicia no es sólo fundamental para las víctimas y sus familiares, sino también para las generaciones venideras. La comprensión de la historia es clave para garantizar que estos hechos no se repitan nunca más. Manuela Bergerot ilustra como ejemplo a su hijo Mateo, quien durante la escuela primaria aprendió en los libros de texto de Historia, lo que ella misma y todos los españoles aprendieron siempre: “Recuerdo que una de las cosas más graves que cuentan es que no existía el derecho a la reunión, al sindicalismo, que había tarjetas de racionamiento de los alimentos. No se habla de las fosas. De repente hay una guerra civil en la que se matan entre dos bandos, no se habla nunca de un golpe militar, no se habla de una sublevación de un ejército que da un golpe contra una democracia que era la de la Segunda República. En los libros de texto además se les enseña sobre lo ocurrido en la Alemania nazi con los campos de concentración, hay una gran sensibilización, una empatía muy grande hacia ese caso. Lo que no saben los españoles es que Franco abrió 297 campos de concentración en España. Puedes salir a la calle y preguntarle a la gente, que la gran mayoría no tiene absolutamente ni idea”.
La promulgación de esta ley, que se prevé para el verano de 2021, es decisiva para poder abordar definitivamente esta cuestión pendiente que España tiene con las víctimas de la guerra y la dictadura, como así también para que las generaciones futuras puedan acceder al derecho a la verdad y puedan conectar con toda la tradición de las luchas y las historias de vida, de los avances por los derechos y las libertades. Conectarlos con estos sucesos de la historia es dotarlos de recursos para luchar para que nunca más exista el terrorismo de Estado. “Creo que es un acto de responsabilidad cerrar filas para que esto sea efectivo porque si no, no sólo va a haber mujeres y hombres que ya nunca más vean reparados esos derechos, sino que nuestra convivencia va a ser imposibilitada. Creo que con el auge del fascismo, las políticas de memoria son sobre todo la construcción de una convivencia que, cuando hay una desigualdad en origen tan grande, es imposible que haya una cultura de paz, una cultura por la convivencia”, finaliza Bergerot.