El 20 de marzo se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Fue un viernes. El decreto implicaba el cierre de comercios, oficinas, cines, lugares de esparcimiento. Y también de las escuelas. El lunes, los niños, niñas y adolescentes que estudian en los establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires hicieron largas filas para retirar su almuerzo en los comedores, que consistía en un sandwich con una feta de queso y otra de jamón. “Bueno, ni siquiera era una feta de jamón”, aclara Alicia Navarro Palacios, directora de la Escuela N°7 del Polo Educativo de la Villa 20 en Lugano. “Uno le puede decir jamón y suena como demasiado. Era una feta de un fiambre de pollo con un color raro”, describe.
El Gobierno de la Ciudad había decidido, ante la imposibilidad de continuar con la modalidad de entrega de comida en el comedor, cambiar el almuerzo por unas “viandas” compuestas por dos sándwiches de jamón y queso, una barrita de cereal, dos paquetes de galletitas y, en algunos casos, un litro de leche o una fruta. Los alumnos recibieron ese magro almuerzo hasta el 1 de abril, cuando el Gobierno decidió cambiarlo por una “Canasta Escolar Nutritiva” de entrega quincenal, a partir de un amparo judicial presentado por las legisladoras del FITU-PTS Alejandrina Barry y Myriam Bregman.
“También junto a cooperadoras, muchas mamás y docentes interpusimos ese amparo colectivo para que se diera una comida de calidad para nuestros chicos”, relata Barry. “Con el fallo, el Gobierno tuvo que cambiar y empezar a dar bolsones alimenticios. Pero la comida que entregan no alcanza en cantidad y la calidad no cumple siquiera con la Ley de Alimentación, que habla de seis nutrientes: cereales, sus derivados y legumbres secas; hortalizas y frutas; leche, yogurt y quesos; carnes y huevos, o atún; aceites y grasas; azúcares y dulces”. Al mismo tiempo, desde la bancada se plantea que no puede entregarse un “bolsón universal”, ya que se debe contemplar las diferentes franjas etarias que tienen distintas necesidades calóricas: de 0 a 7 meses; de 7 a 12 meses; de 1 a 3 años; de 4 a 8 años; de 9 a 13 años y de 14 a 18 años.
Los bolsones repartidos incluyen -según si la escuela es de jornada simple o completa- el desayuno, almuerzo y refrigerio. Para graficar el grado de precariedad de estas entregas sólo basta con leer que, en cuanto al desayuno, se entregan cinco saquitos de té y otros tantos de mate cocido. Se supone que debería también incluir dos litros de leche y diez unidades de alimento sólido, pero la leche va y viene y los sólidos se materializan en algunas barritas de cereal o galletitas de marca -por no hablar de la calidad- completamente desconocida. “Hay veces en que se entregan dos leches y otras en las que no se da nada. Además, dos leches para quince días no alcanzan. Con lo que comen los chicos, dura alrededor de dos días”, se lamenta Alicia.
El virus, la cuarentena y la pobreza
Pero el trasfondo de esta triste realidad es el de una pandemia incontrolable, una crisis económica que oscurece el horizonte y la precariedad estructural de quienes viven en barrios con escasa infraestructura e ingresos informales. Según UNICEF, más del 60% de los menores en el país serán pobres para fin de año a causa del descalabro económico mundial producido por la Covid-19.
Federico Puy lleva diez años siendo maestro de primaria en el Normal N°5 de Barracas y tiene a su cargo dos quintos grados. “La mayoría de mis chicos son del barrio Zavaleta y de la 21-24. En estos meses sufrieron un montón de cortes de luz que, pobres, las únicas leches que les dábamos se les terminaban cortando. Muchos de ellos ya nacieron a la vera del Riachuelo y vienen con un montón de problemas de salud, además por vivir en forma hacinada. Aparte, por no tener agua se expandió mucho el contagio de Covid en barrio”, explica.
Algunos días estuvo soleado y la brisa del viento hacía la espera, en lo posible, agradable. Otros días llovió con furia, haciendo que las familias intentasen refugiarse bajo paraguas, telas o techitos. Aún así, en las escuelas la fila siempre fue numerosa los días en que llegaban los bolsones con comida. “Lo que hicimos fue diversificar horarios para que no haya acumulación de familias en la puerta y no tengan que estar esperando”, relata Federico. “Estas familias tienen una gran necesidad”, agrega Alicia y continúa: “la población de mi escuela trabaja en las ferias, en changas, por horas en las casas o en los talleres de costura. Todos empleos precarios. Entonces, cuando comenzó la cuarentena, no pudieron salir a trabajar. No entraba un peso en sus casas. Y el IFE no fue para todos, porque hubo gente que no lo pudo cobrar. Lo poco que les das te lo agradecen, pero te dicen que realmente no les alcanza y te preguntan por más: ‘¿No me podés dar dos?’. Si habrá necesidad que hacen largas filas para recibir esos saquitos de té, las dos leches, los paquetes de galletitas y la barrita de cereal. Pero no alcanza. No les alcanza”.
Alicia cuenta que en la Villa 20 de Lugano también hay varias manzanas que no tienen agua. “Allí va el camión y les entregan un poco, pero les dicen ‘no la tomen eh, que no es potable’. Por eso les dan unos sachet de agua apta para el consumo. Pero hace unas semanas en la Zavaleta salieron las familias a protestar porque también tenía feo gusto y olor”.
Uso de tapabocas, distanciamiento social y constante lavado de manos: esas son las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio. ¿Cómo puede sostenerse en cuarentena una familia que vive a partir de ingresos informales? “En los grupos de WhatsApp que tenemos con las familias incluso nos mandan su changa, para ver si alguno agarra”, continúa Alicia. ¿Cómo pueden higienizarse quienes no tienen agua? Uno de los reclamos también es el de la entrega de elementos básicos de higiene. El Gobierno de la Ciudad los oyó y envió: un jaboncito de hotel por bolsón. Fue Alicia quien subió la foto en las redes con varios de esos jaboncitos, que entraban todos juntos sin problema en la palma de su mano, donde se leía claramente que eran para “hotel”. El escándalo fue importante y el Gobierno decidió enviar un jabón algo más grande. Pero aún así se repite en eco esa frase, casi como una oración, de Alicia: “No alcanza”.
No alcanza y por eso los docentes encuentran, como pueden, soluciones parciales. “Como la canasta no tiene productos de limpieza, lavandina o detergente, eso lo donan nuestros profesores. Los docentes de nuestra escuela hacen colectas y lo compran de su bolsillo. Con eso agrandamos un poco esa canasta, con todo el esfuerzo del mundo porque cualquiera puede imaginar que a nadie le sobra ese dinero”, explica Federico.
Así, los docentes pivotean entre la pedagogía, la asistencia social, la militancia política, la contención humana. “Nosotros cumplimos muchos roles”, continúa Federico. “Más allá de que uno puede cuestionarlos, porque nuestra función debería ser pedagógica, creo también que la pedagogía es política. Tenemos un rol, si se quiere, ‘privilegiado’ por nuestra relación con las familias y los barrios que nos pone en un lugar para pensarnos como organizadores de sus demandas. Tenemos casos de gatillo fácil, de abuso policial, de chicas que desaparecen por las redes de trata, de despidos en las fábricas, y nosotros cumplimos un rol muy importante porque enseguida avisamos a todo el mundo, hacemos campañas y la solidaridad se puede acrecentar”.
Alicia también cree que su trabajo va más allá de lo estrictamente académico. Es docente de primaria desde hace más de 28 años y en todo ese tiempo vio los distintos rostros que fue tomando el país y su gente, las escuelas y sus chicos. “Yo viví el 2001, que fue terrible. Los pibes se nos desmayaban de hambre, literalmente. Recuerdo a un papá con varios hijos, excelente vestido, limpieza impecable, los chicos super educados, una famillia muy contenedora. Él se sentó y se puso a llorar contándome que estaba desocupado, que no podía salir a laburar mientras sus hijos y su mujer hacían changas. Tengo esa fotografía, ese recuerdo mejor dicho. Esta crisis de ahora es profunda, porque además uno sabe que es sanitaria, económica a nivel mundial y eso se ve reflejado en las tomas de tierras, en la desesperación de la gente que no puede pagar el alquiler. La escuela cumple un rol fundamental, haciendo visibles esas demandas, peleando junto a las familias y exigiendo lo que tiene que ser garantizado desde el Estado. Porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con gente que conocemos: niños y adolescentes con los que cotidianamente nos vinculamos y esas familias que nos confían lo más importante que tienen”.
La vieja y conocida normalidad
Aunque el triste sandwich de marzo gatilló la bronca y las innumerables idas y vueltas durante estos últimos seis meses, la cuestión de la comida en los comedores escolares se remonta muy atrás, hacia los tiempos de la primavera neoliberal y su paradigma privatizador. El Servicio Público de Alimentación en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra cartelizado por unas 19 empresas concesionarias que ganan licitaciones sin esfuerzo y cambian de nombre cada cierto tiempo cuando el esquema se desequilibra un poco.
El 22 de junio de este año, la jueza a cargo de la causa abierta por las legisladoras del FITU-PTS, Romina Tesone, exigió al Gobierno de la Ciudad que informase el costo y la cantidad de las canastas entregadas, la suma pagada a las concesionarias -antes y durante la cuarentena-, el monto del presupuesto para el servicio de comedores y la cantidad ejecutada hasta el momento. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se negó y, el 18 de agosto, la jueza le aplicó una multa de ocho mil pesos diarios al ministro interino de Educación Luis Bullrich hasta que no diera cuenta del pedido. También lo imputó penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 23 del mismo mes, el gobierno finalmente respondió, aunque no brindó información sobre cuánto era el monto pagado a las concesionarias.
El presupuesto para el servicio de comedores durante este año es de 5.031.358.533 pesos; hasta agosto se ejecutó el 69,86%, o sea, unos 3.531.129.891 pesos. En cuanto a la cantidad de canastas, el gobierno alegó que no conoce el número exacto pero que ejecutan una cantidad fija según el número de estudiantes matriculados; por lo tanto, hasta agosto se entregaron 133.557 almuerzos -1.400 pesos cada uno-, 78.001 refrigerios -529 pesos- y 222.687 desayunos -175 pesos-. Tomando en cuenta estos últimos dos datos, desde la bancada del FITU-PTS calcularon cuánto fue gastado efectivamente en comida y surgió el siguiente número: 2.672.125.540 pesos.
O sea, de este dato se desprende que entre el presupuesto y lo efectivamente gastado en los bolsones hay una diferencia de 859.004.351 pesos. “Un presupuesto de 800 millones de pesos que no se sabe a dónde fueron a parar”, sentencia Alejandrina Barry. “Muchas de estas concesionarias fueron aportantes de Cambiemos y, además, son empresas que reciben el ATP del Gobierno Nacional a la vez que el 35% de lo que el Gobierno de la Ciudad les otorga es justamente para el pago de salarios. Mientras tanto, a sus empleados o les habían bajado el sueldo o los mantienen en forma precarizada. Realmente una estafa, una estafa con algo que es realmente gravísimo porque estamos hablando de la alimentación de los chicos y las chicas del sector más vulnerable de la sociedad”.