Por Giuliana Biasotto
Fotografía: Camila Godoy, Nicolás Parodi, TELAM

A la noticia del decreto por el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en la administración pública nacional, sancionado el 4 de septiembre último, esta semana se anunció la misma iniciativa en el Senado de la Nación. La sanción de estas normativas parecen ser un gran paso en la lucha por los derechos de este colectivo siempre postergado. El Decreto 721/2020 establece que al menos el 1% de los puestos que se encuentran en el sector público deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero; el mismo porcentaje estableció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, para el Senado. La nueva normativa se da ocho años después de sancionada la Ley de Identidad de Género, que permite el libre desarrollo de una persona conforme a su identidad de género y que sea tratada de acuerdo con su autopercepción de identidad.

El cupo laboral trans es un reclamo que el colectivo travesti/trans viene exigiendo hace años. La primera encuesta que se realizó sobre población trans fue en 2012. Se trata de un informe técnico de prueba piloto desarrollado por el Municipio de La Matanza, INDEC e INADI en donde se informa que el 80% de la población encuestada expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otros trabajos no formales y/o de precaria estabilidad. Así como también que el 80% de esta población no cuenta con acceso a obras sociales o medicina prepaga. 

Alba Rueda, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, se convirtió en la primera subsecretaria trans del Estado, dentro de la subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Sobre el Decreto para la administración pública expresa: “En lo individual me conecta mucho con lo que es nuestra realidad en términos de violencia estructural, de lo que implica todo lo que fue la expulsión de los ámbitos educativos y sociolaborales”. El decreto publicado no abarca únicamente la situación de acceso laboral, trabajo digno y productivo, sino que además plantea la no-discriminación y que la no-terminalidad educativa no debe ser un obstáculo para poder ingresar a un puesto de trabajo. “Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no complementaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”, señala el decreto. En este sentido, mediante la Unidad de Coordinación Interministerial, se deberán garantizar los medios para la formación educativa y capacitación para personas travestis, transexuales y transgénero. Según un informe publicado por ATTTA y la Fundación Huésped sólo un 32.6% de personas trans completaron la escuela secundaria y muchos de ellos debieron abandonar los estudios a causa de la discriminación.  

Alba Rueda, la primera subsecretaria trans del Estado.

En la provincia de Buenos Aires se sancionó el 17 de septiembre de 2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, conocida como Ley Diana Sacayán, que fue una de sus promotoras. La norma establece la creación en el sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien esto indica un precedente importante, recién fue reglamentada hasta 2019.  

Daniela Ruiz es actriz, activista, directora de la compañía 7 Colores Diversidad, docente de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, capacitadora en Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y perteneciente al Colectivo Identidad Marrón. Sobre la sanción del nuevo decreto para la administración pública expresa: “Es una realidad y un sueño para muchas compañeras que no lo han podido vivir y lo estoy viviendo” pero también reconoce la importancia que los movimientos y organizaciones sociales han tenido a la hora de conquistar estos nuevos derechos. “La historia del travestismo es una lucha de cuestiones sociales, de derechos humanos, cultural y política. Comprender que solas no íbamos a poder hacer estas cosas. Nosotras empezamos a entender que esta lucha es una lucha colectiva. De mucha visibilidad, acompañamiento y mucha fuerza de las travestis por visibilizarnos y que hablemos nosotras en primera voz.” 

Daniela Ruiz

Nicole Erazo es comunicadora social en la provincia de Salta. Es militante trans y presidenta de las organizaciones Memorias Diversas y Les Chiques del Mástil. Afirma que “el rol que tuvimos los movimientos y organizaciones sociales para que se llegue y se logre aprobar el decreto laboral trans fue la lucha y la visibilización en las calles, que venimos llevando desde hace 15 años”. También señala que la inserción laboral tiene una capacidad de cambio a nivel cultural. Las políticas públicas que dan oportunidades a los sectores más vulnerables para ejercer una profesión y tener un trabajo digno implican un cambio de paradigma. Daniela Ruiz agrega que las que estuvieron en la prostitución y en ese sistema conocen bien el derrotero. “El único destino que nos habían dejado era la prostitución para sobrevivir. Que ya muchas compañeras no se puedan pensar en prostitución es un gran avance”, señala.

Nicole Erazo

Desde la página del Gobierno Nacional se está conformando un registro de currículum de personas trans. Se puede enviar información accediendo a https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/trabajotrans. O vía mail a ttrans@jus.gov.ar. “Lo que nos interesa es que no se constituya el cupo en un espacio meritocrático ni que esto quede por fuera de un acompañamiento frente a las situaciones posibles de desigualdad y discriminación dentro de los ámbitos laborales”, afirma Alba Rueda. Sobre el comité de trabajo que abordará la planificación de las capacitaciones a recursos humanos plantea que son eje central el trabajo en los principios de no-discriminación y trato digno en las áreas de trabajo. 

Ruiz afirma que “uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos las travestis a la hora de intentar ingresar al mercado laboral es el tema de la idoneidad”.  Erazo comparte esta mirada “la discriminación es hacia nuestra identidad de género, por mas leyes que tengamos la discriminación esta totalmente presente ya que la visibilización y la naturalización de nuestra identidad siempre nos lleva a que porque somos travestis tenemos que ser prostitutas y servimos solamente para eso”.

El martes de esta semana también se implementó en el Senado de la Nación Argentina el cupo laboral travesti trans. “Es una lucha que  veníamos planteando para no estar en prostitución -afirma Ruiz-. En lo personal es una satisfacción, un goce. Poner un bálsamo a tanto dolor y tanta crueldad que hay hacia nuestros cuerpos. No quiere decir que no sigamos luchando, sino que en algún momento tenés que descansar y respirar un poquito para seguir militando por todos los derechos”. Y cierra “¿Qué es el camino de igualdad de derechos? Que todos tengamos la misma equidad necesaria”.

 

Efectos de la pandemia

Todos los sectores se vieron afectados por el fenómeno de la pandemia y aquellos de mayor vulnerabilidad, más aún. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trans subsisten de la prostitución, inmediatamente su economía se vio afectada por el aislamiento social. Rueda expresa que desde el Ministerio se ha trabajado en términos de políticas alimentarias para incluir a las personas trans. “Fue un trabajo territorial en términos nacionales donde recibimos más de 8.500 demandas sobre módulos alimentarios”. A su vez, en términos de economía social, estima que al menos 5.000 personas del colectivo travesti/trans fueron incluidas al programa Potenciar Trabajo, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, que cuenta con una ayuda económica para esta época de pandemia. 

Sobre la situación en la provincia de Salta, Erazo afirma que “en este momento se tornó totalmente difícil y triste. El poco número de compañeras que eran trabajadoras en el sector de limpieza o asistentes a las personas mayores. se quedaron sin trabajo. En la provincia tenemos el 85% de las compañeras en el ámbito de trabajo sexual porque es la única herramienta que tienen. En contexto no pueden ejercer la única herramienta que tienen para sobrevivir.” 

Rueda afirma que la pandemia hizo que quedara en evidencia que las personas trans viven en una economía de subsistencia. “Allí reside una serie de contextos de la vulnerabilidad que se encuentra expresado principalmente en una cadena de violencias. No tenés plata para la comida, no tenés plata para el alquiler”. Erazo agrega que “no es una labor que la hacen porque tienen ganas, lamentablemente la hacen porque necesitan sobrevivir, porque no existe una inclusión digna ni real en estos momentos”.

En agosto, en la provincia de Neuquén se inauguró el primer complejo habitacional para personas trans a nivel nacional. Gracias a la iniciativa de Mónica Astorga y con fondos del gobierno provincial se habilitaron doce monoambientes para personas trans entre 40 y 70 años en estado de vulnerabilidad. Es un gran primer paso debido a que la situación ocupacional/habitacional del colectivo travesti/trans es una deuda por parte del Estado. 

Rueda expresa que la planificación y el eje de vivienda será en clave LGTB+: “Va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar para que podamos contar con una dimensión completa de la desigualdad sabiendo que la vivienda es uno de los temas más postergados para nuestra población”. Y respecto al trabajo que se realizó en la provincia de Neuquén agrega que “ponderamos mucho esa experiencia que llevaron adelante entre el gobierno de la provincia y los espacios de militancia. Puntualmente quiero destacar el trabajo de Mónica Astorga que es muy valioso para Neuquén y para la Argentina”. Una de las características más interesantes sobre el complejo es que las casas entregadas son en condición de comodato, se les entregan bolsones de comida y una pensión, por lo tanto, la subsistencia en época de pandemia no se les hace tan crítica. El objetivo del complejo es que siempre esté habitado por personas del colectivo travesti/trans. 

La Asociación Civil Trans La Rosa Naranja informó que el año pasado han fallecido al menos 75 personas trans. El promedio de vida de esa población es de 39 años, mientras que la edad promedio de vida de la población general de Argentina ronda los 76 años. Según lo publicado por TELAM, 57% de las personas trans fallecidas en el año 2019 tenían menos de 40 años. Del total de fallecidas, 12 fueron asesinadas, es decir el 16% fue víctima de crímenes de odio. Rueda afirma que “las políticas públicas activas y presentes son las respuestas que permiten modificar de manera sustantiva esa dimensión de la violencia estructural. Más políticas públicas son necesarias para la población trans.”