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A 30 años del caso de María Soledad Morales, asesinada en San Salvador del Valle de Catamarca, a pocos días del femicidio de la niña de 14 años Ludmila Pretti en Moreno, provincia de Buenos Aires, y a una semana de la liberación de Néstor Pavón en Entre Ríos, condenado por el encubrimiento del asesinato de Micaela García, -crimen que impulsó al Congreso de la Nación a sancionar la Ley de Capactación Obligatoria en Género y violencia contra las mujeres-, el Observatorio de “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLa presentó el resultado de su Registro Nacional de Femicidios.
Un total de 181 son los femicidios que se relevaron en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2020. Según este registro, 118 casos fueron en contexto de pandemia. El informe revela un femicidio cada 32 horas. Además, hubo 167 ataques denunciados; y, 193 niñas, niños y adolescentes que quedaron sin madre.
“Nosotras iniciamos el Observatorio como resultado de la demanda del 3 de junio de 2015, con la marcha histórica de Ni una Menos. Uno de los reclamos que se hacía en aquel momento tenía que ver con que no existían datos que dieran cuenta de la cantidad de femicidios por año”, cuenta Silvia Ferreyra.
Las provincias con mayor número de casos son Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Salta y Santa Fe.
Las estadísticas son elaboradas a partir de la información proporcionada por publicaciones gráficas y digitales de medios nacionales, provinciales y locales.
“Tenemos un desarrollo territorial en todas las provincias del país. Hacemos el relevamiento en todas las provincias, 23 distritos, más la Ciudad de Buenos Aires”, explica Silvia para mostrar que se trata de un problema que no discrimina localidades.
Desde el colectivo feminista se realizan acciones para concientizar, prevenir y actuar sobre la violencia de género. Sus integrantes explican cómo abordar los casos de femicidios, y cuáles son los mecanismos para proteger a las víctimas y dar a conocer herramientas del Estado en favor de ellas.
“En el caso Ludmila se habla mucho sobre qué hacía una piba de esa edad en una fiesta, pero de lo que no terminamos hablando es respecto a la agresión en sí. En el caso de María Soledad Morales han pasado 30 años y, sin embargo, se repiten los mismos errores sistemáticos en los periodistas, revictimizando a las víctimas”, analiza Ferreyra haciendo foco en que son los propios medios de comunicación los que terminan naturalizando los hechos de violencia bajo una cultura machista.
El 41 por ciento de los femicidios lo comete la pareja de la víctima, un 22 por ciento lo ejecutan exparejas.
El informe del Observatorio detalla que de ese total de 181 casos registrados, 161 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados de niñas y mujeres, 9 femicidios fueron vinculados de niños y varones, y 4 trans/travesticidios.
El agravamiento por el vínculo está incluido en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal recién desde 2012, con la modificación realizada por la Ley 26.791. Allí la norma es clara al tipificar la acción, cuando caracteriza la agresión hacia “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (…) “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
La mayor tasa de femicidios la tiene el Norte de nuestro país. Las provincias con mayor número de casos son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta, con Santa Fe que se mete desde el litoral dentro de este grupo.
Otro dato de importancia son las referencias al lugar en donde ocurren los hechos. El 36 por ciento lo ocupa la vivienda de la víctima, le sigue con el 32 por ciento la vivienda compartida con el agresor; mientras la vía pública baja a un 12. Lo cual demuestra que la violencia machista es mayor dentro de espacios privados y propios a un contexto de intimidad. Esto advierte que la problemática se agudiza en un escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Un 6 por ciento ocurre en la vivienda de un familiar, un 4 por ciento en la del femicida, otro 4 en propiedad privada de un tercero, y un 4 en descampados. El lugar de trabajo de la víctima se corresponde con el 2 por ciento de los casos.
El relevamiento incluye el tipo de vínculo entre la víctima y victimario. El 41 por ciento de los casos corresponde a la pareja, un 22 por ciento a exparejas y un 13 a familiares de la víctima. Un 12 por ciento corresponde a personas conocidas y un 6 a desconocidas. Queda otro 6 por ciento sin datos clasificables.
El informe también incorpora el mecanismo utilizado por los femicidas: los primeros lugares los ocupan las armas blancas (28 por ciento) y armas de fuego (24 por ciento). En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Siempre hay un porcentaje de agresores que son integrantes de las Fuerzas de Seguridad. A nuestro entender, esto tiene que derivar en alguna política pública como retirar el arma a aquellos agentes con denuncias de violencia de género. Estamos hablando que el 8 por ciento del total de los femicidas han sido miembros o pertenecen a las fuerzas”, afirma Ferreyra.
Las estadísticas destacan que el 45 por ciento de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, el 56 por ciento de ellas ternía hijos o hijas y el 20 por ciento había denunciado a su agresor. En otras palabras, casi la mitad de los crímenes podrían haberse evitado por denuncias preexistentes.
Antes de marzo, se cometía un femicidio cada 29 horas y, en la actualidad es uno cada 32, lo que implicaría una levísima mejora.
En casi una cuarta parte del total de los casos ha habido disparos y, en su mayoría, se realizaron con armas reglamentarias.
“Más del 60 por ciento de las víctimas han sido asesinadas en su hogar o en un hogar compartido por su agresor. Por esto, nos parece claro que las medidas de aislamiento lógicamente no favorecen las políticas de prevención de estos crímenes. El hogar no es un lugar seguro para las víctimas”, sostiene la Coordinadora de MuMaLa.
Durante la pandemia, desde el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, se incorporó la resolución 15/2020 donde el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres y a las personas LGTBIQ el derecho a una vida libre de violencias. La misma posibilita el traslado de la víctima sin ningún permiso especial previo en caso de violencia de género.
“Si bien existe la resolución 15/2020 que posibilita el traslado de la víctima, muchas veces es difícil su instrumentación porque depende de las medidas de aislamiento de cada jurisdicción. Tienen que existir organismos o espacios del ámbito del Estado con capacidad real, concreta, material para poder hacer un proceso de acompañamiento en situaciones críticas”, continúa Ferreyra.
Según cifras del Observatorio, más del 80 por ciento de las víctimas de femicidio no habían acudido al Estado en busca de asistencia. “La Justicia es una de las instituciones que más nos debe como sociedad y una de las instituciones que menos credibilidad genera. Las víctimas no ven a la Justicia como una herramienta que actúe a su favor. A 30 años del caso de María Soledad vemos todavía cómo la impunidad opera en altas esferas del poder. El caso de María Soledad es un caso testigo de todo esto”, agrega Ferreyra con atención a la matriz política que caracterizó ese caso conocido como el de “los hijos del poder”, y por el cual a los 14 años de ese asesinato no quedaba ninguno de los condenados presos.
Del informe surge un reclamo abierto a los tres poderes del Estado para priorizar aún más la asignación de recursos destinados al abordaje integral de políticas para mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ, junto con la urgencia de avanzar con la implementación de la Ley Micaela, como principal herramienta en todas las instituciones del Estado.
