El último informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 habrá un notorio incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNYA) de la Argentina que se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. Según el segundo estudio del año realizado por la organización, Argentina pasaría de 7 a 8,3 millones de chicos y chicas pobres, lo que representaría el 62,9% de ese grupo etario.
Los datos presentados por UNICEF, tanto en el primer estudio desarrollado en abril (“La pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes en la Argentina”), como en el publicado durante los primeros días de agosto (“Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”), están basados en información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PBI) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10%, a la vez que mejoró el acceso a ellos: en abril, el 8% de las personas que concurrieron a un comedor aseguraron tener problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1%. Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26%.
El segundo informe muestra que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47% de los hogares con NNYA, frente al 22% que lo recibía en abril, lo que significa que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.
Si bien la ayuda por parte del Estado está en alza, de acuerdo con las estimaciones abordadas por el segundo estudio, se incrementará un 33% la pobreza extrema infantil, es decir, todos aquellos chicos y chicas que siquiera tienen acceso a una canasta básica.
“La situación que atravesamos es compleja para todos. Pero aún más para los niños, niñas y adolescentes excluidos por la sociedad. Para ellos, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, el efecto de la pandemia es devastador en un sentido amplio. Porque por más que el Estado haya organizado diferentes formas de ayudar, como por ejemplo en la educación, con clases virtuales, difundiendo contenido educativo en la televisión, aun así los niños pobres o en extrema marginalidad no pueden acceder a eso porque no cuentan con las herramientas necesarias. No tienen posibilidades por la precariedad misma de sus vidas. Asimismo, a pesar de todas las medidas estatales muy bien implementadas, no podemos escaparle a la desnutrición y a la malnutrición en la infancia, lo cual juega un papel muy importante en el desarrollo de cada niño”, asegura Sonia Almada, psicóloga y directora de ARALMA, asociación civil dedicada a la erradicación de todo tipo de violencia hacia la infancia.
«En general, los chicos no solo sufren la falta de comida de techo, también otras violencias, como la familiar», dice Almada.
“Que no se cumplan los derechos básicos de los niños y niñas es violencia. Ellos son las víctimas invisibilizadas en este contexto de pandemia. Por lo general, no solo sufren la falta de comida o de un techo, también padecen otros tipos violencias, como la familiar. Ese es un llamado que hoy casi no se puede contestar. Desde ARALMA estamos muy preocupados porque nuestra actividad se vio fuertemente reducida. Al estar cerradas las escuelas, estos chicos no tienen contención, ya no contamos con la intervención de maestras o gabinetes psicológicos para que nos informen y poder ayudarlos, tampoco podemos salir a hacer las recorridas para visitarlos. La mayoría de los chicos no tienen cómo denunciar, cómo contactarnos, es realmente muy complicado”, subraya la especialista y agrega: “El aumento de niños bajo la línea de pobreza y pobreza extrema, sin dudas implica el crecimiento de este tipo de violencia que hasta el momento no recibe respuesta eficaz por parte del Estado”.
El Estado, desde el comienzo de la pandemia, lanzó una serie de programas para ayudar a quienes más lo necesitan, como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la tarjeta Alimentar, destinados a evitar la caída de millones de familias en la pobreza extrema. Esos programas durante el mes de julio alcanzaron al 36% de los hogares frente al 19% en abril.
“Lo ideal sería que ningún chico necesite de planes sociales para cubrir sus necesidades básicas. Igualmente, las medidas implementadas por el Estado son pertinentes y oportunas. Constituyen un ingreso para las familias, una ayuda. Creo que estos programas deberían aumentar, y mantenerse más allá de la pandemia”, comparte Natalia Cabral, politóloga asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y docente en la Universidad Nacional de Moreno.
Desde abril, la concurrencia a comedores o merenderos aumentó del 8% al 10% de los chicos y chicas del país.
“Resulta necesario ampliar la ayuda a las instituciones comunitarias como comedores y merenderos, jardines comunitarios, espacios de primera infancia. Así como también impulsar y sostener proyectos socioproductivos, sociolaborales de contraprestación para que quienes reciben ese ingreso por parte del Estado sean reconocidos y se reconozcan como trabajadores, que tengan las herramientas para poder generar más ingresos a su economía”, dice Cabral y ejemplifica: “Potenciar Trabajo y Terminalidad Educativa, son un ejemplo de esto, son programas que apuntan a atender el contexto de emergencia pero también se piensa a largo plazo. Son esas políticas a las que debemos apuntar para dar una respuesta integral a la situación de tantos niños y niñas”.
Es inminente la necesidad de políticas integrales, por eso UNICEF presenta un plan de respuestas que se basa en tres pilares de acción: mejorar la respuesta de salud pública para reducir la transmisión y la mortalidad por coronavirus; trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia; y promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus. Todo un desafío para la Argentina que viene.