Con un alto porcentaje de jóvenes desempleados, un 40% de informalidad en el mercado laboral y una economía golpeada tras dos años de recesión, la llegada del covid 19 no hizo más que empeorar la situación, dejando en evidencia las desigualdades de este modelo económico que excluye a gran parte de la sociedad y la inminente necesidad de replantear el sistema distributivo.
El gobierno así como se vio obligado a establecer el aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir la ola de contagios, también tuvo que dar respuestas ante las necesidades que miles de argentinos y argentinas padecen. Además del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otras medidas estatales para apalear la situación, se evalúa la incorporación del Ingreso Ciudadano Universal (ICU).
El Ingreso Ciudadano Universal es un ingreso básico homogéneo, es decir que todas y todos los beneficiarios recibirían el mismo monto, sería otorgado a las ciudadanas y ciudadanos independientemente de su situación familiar y situación laboral, sirviendo como garantía para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia.
La medida se desprende originalmente de la Renta Básica Universal, una idea que se viene discutiendo en el mundo hace décadas y, en su sentido más puro, se establece sobre las bases de que todas las personas tienen derecho a la existencia y que, en el marco de las sociedades capitalistas, el acceso al ingreso monetario básico es una condición imprescindible para dicha existencia. Asimismo, el hecho de que todos y todas tengan derecho a recibirlo lograría uno de los puntos en conflicto que se busca evitar: la estigmatización que recae sobre todas aquellas personas que suelen recibir ayuda estatal, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia, Plan Progresar, entre otros.
Esta nueva política tributaria que aplicaría el Estado aún no tiene un plan definido. El debate al respecto aún continúa generando más incertidumbres que certezas entre distintos sectores sociopolíticos que plantean posibles estrategias para apalear, de algún modo, la crisis que atravesamos.
El concepto de la Renta Básica Universal se establece sobre el supuesto que toda persona tiene derecho a existir.
Algunos sectores afirman que la aplicación del Ingreso Ciudadano Universal no sería viable. “Resulta impensable, desde el punto de vista fiscal, desde el marco de las condiciones actuales, hacerlo de manera permanente. Porque llevaría a la quiebra al Estado, teniendo en cuenta lo que implicaron los esfuerzos que requirieron las medidas aplicadas durante la pandemia. De integrar el ICU se exigiría una enorme suba de los impuestos, una suba enorme de recaudación y de presión fiscal. Lo cual traería todo tipo de rebeliones por parte de los principales afectados que serían los grandes empresarios”, afirma Esteban Mercatante, economista graduado en la UBA, actualmente integrante de La Izquierda Diario y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas.
Mercatante, además de plantear la inviabilidad de la medida, asegura que habría que ir más allá y poner en discusión la distribución de las horas de trabajo, rever quiénes son aquellos que determinan las condiciones en las que se da el empleo. “Hay que discutir una salida que lleva necesariamente a plantear un cuestionamiento de las bases del sistema capitalista. Es necesario plantear la organización de un nuevo sistema social”, expresó el economista.
Otro punto de discusión gira en torno al desempleo, una realidad que no se vería solucionada con la aplicación del posible nuevo plan económico. Agustín Mario, economista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, asegura: “Cualquier política de ingreso que se haga, sobretodo como la que se plantea para los sectores de ingresos más bajos, siempre es preferible hacerla a no hacerla. Puede llegar a ser un paliativo interesante. Lo ideal sería siempre vincular los ingresos al trabajo, no por una cuestión moral, sino meramente económica por los incentivos a la participación laboral. Nos guste o no, vivimos en una economía en la que se necesita que la gente trabaje para poder vivir”.
Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, economista miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era e investigadora del CONICET, recalcó la idea de hacer una relectura del trabajo: “El Ingreso Ciudadano puede traer fortaleza a la discusión sobre cómo socialmente reconocemos los trabajos no remunerados. Debe ir de la mano de políticas de acceso universal a servicios de cuidados”.
En cuanto al poder de financiamiento que posee el Estado para llevar adelante el ingreso y sostenerlo más allá de la pandemia, Andrés Cappa, economista integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, dijo: “Sin dudas un tipo de Renta Básica Universal en nuestro país sería sostenible y conveniente. Dependiendo el monto y a cuanta gente se le otorgaría. Porque esto ayudaría muchísimo a establecer una complementariedad en los ingresos de aquella personas que se la rebuscan en el mercado”.
“El Ingreso Ciudadano fortalecería el reconocimiento a los trabajos no remunerados», dice Rodríguez Enríquez.
Si bien aún no está definido y dado que se discute el alcance del Ingreso Ciudadano Universal, se puede decir que el arribo de la pandemia puso sobre la mesa de debate un asunto pendiente que se le debe desde hace ya tiempo a los sectores más vulnerables de la sociedad, con la necesidad de replantearnos el acceso a derechos básicos como la salud, trabajo y educación. Repensando las condiciones laborales y el rol del Estado para hacer de esta una sociedad más justa y equitativa.