La pandemia del COVID-19 expuso las desigualdades estructurales de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser el distrito más rico de nuestro país. Con el aislamiento obligatorio, internet se convirtió en una herramienta importante a la que buena parte de la población no puede acceder. Por eso, ANCCOM conversó con los dos organismos que recurrieron a la Justicia para que el gobierno garantice el acceso y lo declare como un derecho humano.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 para que el Estado garantice la conectividad en las villas y asentamientos de la Capital Federal, y que entregue computadoras en préstamo a los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los medios para continuar con las clases durante la cuarentena.
El juez Andrés Gallardo falló a favor y le otorgó al gobierno de Larreta un plazo hasta el 18 de junio para cumplir con las medidas, y tres días más para acreditarlas en la causa. La situación es alarmante, ya que, según lo indicado por ACIJ, más de 300 mil personas de barrios humildes carecen del servicio.
Marcelo Giullitti, que integra área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ACIJ, explicó el origen de la demanda: “Varias familias no pueden acceder a internet por dificultades socioeconómicas o porque las empresas privadas no proveen el servicio. Hay una ausencia estructural por la falta de urbanización, que hace que el virus afecte de manera diferencial. El Estado debe garantizar que los colectivos más vulnerables puedan acceder a internet porque es un derecho”.
El abogado prefirió no hablar de intencionalidades, pero sí opinó que “hay una falta de políticas públicas del gobierno porteño que resulta discriminatorio porque afecta a los colectivos más humildes”. En esa sintonía, confesó que “cuando se tomaron las medidas de aislamiento, no pensaron en cómo iba a afectar este problema a los que menos tienen, que encima ya venían sufriendo desigualdades estructurales desde antes”.
El letrado fue optimista y aseguró que el cumplimiento de la medida debe y puede acatarse: “El Gobierno cuenta con espacios públicos que tienen internet libre, así que puede hacer una conexión inalámbrica en las villas y asentamientos de la Ciudad”.
Derecho humano
El Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires fue más allá y realizó un pedido para que se reconozca al acceso a internet como un derecho humano. La medida obligaría al Gobierno a garantizar la conectividad digital y a otorgar una computadora a cada estudiante y adulto mayor que no tenga recursos.
La Justicia ordenó la derogación de los requisitos de préstamo de computadoras del Ministerio de Educación porteño por ser restrictivos, la creación de un registro de solicitudes para la entrega de los dispositivos, y garantizar internet por red inalámbrica o datos. Todo esto con plazo de cumplimiento hasta el 18 de junio y tres días más para acreditarlo en el expediente. Hasta el cierre de la edición, no había novedades respecto del GCBA.
“Internet es una herramienta necesaria para garantizar otros derechos. Así como la libertad de expresión garantiza los derechos políticos, y el acceso a la información a la educación y la cultura, el acceso a internet posibilita todos los anteriores. Por eso queremos que sea un derecho humano”, expresó el presidente del Observatorio, Jonatan Baldiviezo.
El titular del organismo agregó que “el problema no está solo en la educación a distancia, sino también en el acceso a internet en general. Los trámites se hacen en casa y por eso necesitás una conexión. Ya no podés buscar internet en el trabajo, en la plaza o en un comercio”.
La dificultad en el acceso, según Baldiviezo, se debe a “una falta de políticas públicas para eliminar la brecha digital y la desigualdad. Esto viola un derecho tan básico como la educación, y también impide que se cumpla la obligación de la escolaridad. Es evidente que si la educación presencial pasa a ser a distancia, vas a necesitar computadoras y conexión a internet. Sabiendo que tu población no tiene los mismos recursos, como gobierno no te podés quedar inmóvil viendo como no se resuelve el problema”, cerró.
Trabas
El titular del Observatorio comentó que “días antes de presentar la demanda, el Gobierno dictó una resolución para prestar las computadoras de los colegios en comodato a los estudiantes, con cláusulas restrictivas y excluyentes”. Los requisitos decían que “cada alumno tenía que pertenecer a una familia que recibiera la AUH o la beca alimentaria, y que no tenía que haber otro dispositivo en el hogar”.
“Casi ninguna familia pudo cumplir con los requisitos. Más de 30 mil hogares que están en el Programa Ciudadanía Porteña quedaron excluidos por ser incompatible con la AUH. La medida es inconstitucional y obstaculiza la igualdad de oportunidades”, concluyó Baldiviezo.
Pasaron tres meses del aislamiento y miles de familias de la Ciudad no pueden acceder a internet. El gobierno porteño parece no estar interesado en solucionarlo.