Una vecina de la villa 31, internada por coronavirus, cuenta la incertidumbre, las carencias y el maltrato que sufren los habitantes de los barrios populares en medio de la cuarenena. A la vista del avance de la pandemia, las respuestas de las autoridades parecen llegar tarde.

Eugenia Zelaya vive con sus hijos, su nuera y su nieta en el Barrio Mugica, donde también es una de las referentes del comedor “Huellitas de niños”. El pasado viernes 22 de mayo test de covid-19 dio positivo y desde entonces se encuentra internada en el Sanatorio Municipal Julio Méndez, en el barrio porteño de Caballito. Eugenia, quien además es diabética, dialogó con ANCCOM y detalló la dura realidad de la villa 31.

“Tuve que ir al Hospital Piñero para hacerme el hisopado. Nos hicieron esperar a todos juntos en el estacionamiento, sin sillas y con frío. Armaban un listado y te atendían si estabas. Muchos se cansaban de esperar y se iban. No sé qué pasó con esa gente, si se los localizó o si alguien se preocupó en buscarlos”, relata.

“Los médicos del Centro de Salud del barrio son los que se ocuparon de mi situación. Ellos fueron los que llamaron a mi familia para decirles que se queden adentro, aislados, y les dieron indicaciones acerca del hisopado”, agrega.

Según cuenta, el protocolo funciona gracias a la presión que hay desde muchos espacios. Su comedor se articula con el Centro de Salud y, junto con las organizaciones sociales, se encargan de designar por manzana médicos, enfermeros y trabajadoras sociales.

La Iglesia también participa del entramado solidario y, con los mismos vecinos, ha generado una red de contención para los adultos mayores. “Se entregan bolsones de comida y se les pregunta si necesitan algo. También identificamos a las familias que requieren ayuda y a quienes están en situación de calle. Es un trabajo de hormiga”, dice.

Tras una semana, Eugenia aún no sabe si toda su familia está infectada. Hasta el momento, tres de sus cuatro hijos son positivos. Su nuera y su nieta todavía aguardan los resultados. La incertidumbre que padece Eugenia –por su salud y la de sus seres queridos– la experimentan todos los que viven en los barrios populares.

En la Ciudad de Buenos Aires, después de que se triplicaran los casos en pocos días, el Ejecutivo porteño instaló 50 postas sanitarias en la entrada y salida de los barrios para higienizar y desinfectar a quienes ingresen. Asimismo, el Gobierno nacional amplió el operativo DetectAr en los barrios de Retiro, Ricciardelli (1-11-14) y Zavaleta (21-24) para identificar casos positivos, en conjunto con el programa “El barrio cuida al barrio” del área de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Brandariz.

Esta iniciativa, explica la funcionaria, junto con el protocolo y el rol de referentes sociales, pretende garantizar el mayor aislamiento posible en los barrios vulnerables cuyos habitantes sufren condiciones de hacinamiento y no tienen acceso a servicios esenciales, además de promover medidas de cuidado, autocuidado y prevención.

Brandariz, referente del Movimiento Evita, cuenta que tuvieron que modificar el lugar de espera de los resultados: “En un primer momento, los centros de aislamiento se habían pensado para situaciones de sospechosos positivos que conviven con familiares que salen y entran. Ahora, el hisopado se está haciendo en los hoteles en vez de las casas. Si da positivo, vas al hospital”.

Desde su área hacen hincapié en la necesidad de cambiar ciertos hábitos como compartir el mate e higienizarse las manos. “Tenemos que cambiar para cuidarnos, sabemos que el distanciamiento social es difícil en las ferias del barrio, pero esto se debe modificar. También se triplicó la demanda en los comedores y por eso, para garantizar el aislamiento, debemos proveer alimentos a los comedores y a las casas”, subraya.

Mientras tanto, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, otra de las zonas de la ciudad más afectadas por el covid-19, los vecinos, junto con organizaciones sociales, docentes y personal de salud, se manifestaron el martes 27 de mayo para denunciar falencias en el operativo DetectAr y exigir protocolos específicos para los barrios populares e insumos para los hospitales.

Allí también la Iglesia juega un papel importante. El padre Juan Isasmendi, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo –que lleva 45 años en el barrio–, convocó al Ejército, en acuerdo con los vecinos, para que instale una cocina de campaña frente al comedor de la iglesia donde están repartiendo 4 mil platos de comida por día.