Por Sofía Moure
Fotografía: Camila Godoy y Celeste Berardo

«Veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba.

Y finalmente llegó. La cuarentena obligatoria comenzó el viernes 20, apenas pocas horas después de que así lo anunciara Alberto Fernández en conferencia de prensa. A nadie lo tomó desprevenido: era algo que ya se hablaba desde el inicio de la semana con la suspensión de clases, las licencias extraordinarias y el aislamiento social voluntario.

El gobierno actuó rápido, en carácter de prevención y contención. No sólo en el tema sanitario y lo que respecta específicamente al coronavirus, sino también sobre las consecuencias económicas que traen aparejadas tales medidas. Porque, así como la llegada de la pandemia no se hizo esperar, el impacto económico tampoco lo hará. 

El COVID-19 ya hundió las bolsas y contrajo las principales economías del mundo, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió un Plan Marshall para afrontar la crisis, ya que el crecimiento económico global de este año podría ser incluso menor al 1,5%- reduciéndose más de la mitad respecto del 2019. Y las medidas de aislamiento y de cierre de fronteras contribuye en gran medida a la caída de la producción, el consumo y el desarrollo.

En Argentina, donde apenas se estaban comenzando a ver los resultados de nuevas políticas económicas y de la reactivación del consumo, el panorama podría ser incluso peor. “Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que veníamos en recesión en los últimos dos años, o sea que veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba, economista de la Universidad Nacional de Moreno. “Y cuando empezaste a intentar salir de la recesión o, por lo menos, no seguir cayendo, vuelve a estallar esta crisis que te impide la circulación: si no hay ventas, no hay producción y hay desempleo.” 

«Para comparar, hay que encontrar, como decía Merkel,situaciones como la crisis del ‘30 o una guerra», opina Robba.

Mucho se habló del impacto en la macroeconomía -algo muy importante. Pero la historia lejana y reciente muestra que, siempre, el mayor impacto lo sienten las personas. La recomendación de quedarse en las casas afectó directamente a todos los trabajadores, en particular a algunos sectores productivos, a los pequeños comercios y a aquellos que viven del día a día: monotributistas, autónomos y cuentapropistas.

“El aislamiento social tiene un impacto significativo sobre todas las actividades vinculadas con el esparcimiento como así también al comercio de bienes considerados no esenciales en la emergencia sanitaria”, sostiene Agustina Gallardo, economista de la Consultora Contexto. Según ella, “la disposición del aislamiento obligatorio -que prohíbe directamente la circulación- profundiza la situación y amplía el alcance a algunos otros rubros que podían funcionar hasta entonces”.

Sin embargo, por más que los economistas coinciden en que se deteriorará el flujo de las empresas y comercios -empeorado por las obligaciones de pagos que continúan en pie, como salarios, tarifas, impuestos, etc.-; también coinciden que es imposible acertar un pronóstico determinado debido a la situación “inédita y excepcional” que atraviesa el mundo y el país. “Esta situación de aislamiento nunca pasó, entonces es muy difícil saber qué va a ocurrir. Tenés que encontrar, como decía Angela Merkel, situaciones de crisis realmente fuertes como pudo haber sido la crisis del ‘30 o una guerra, en el sentido del aislamiento”, opina Robba.

“No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia», dice Putero.

Por esto mismo, el gobierno de Alberto Fernández no tardó en anunciar acciones económicas puntuales para sostener la microeconomía de los hogares. Dentro de la batería de medidas, se destacan la eximición del pago de contribuciones patronales para los sectores afectados; un bono único de 3100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de 3000 pesos para jubilados que perciben el haber mínimo; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para proteger los puestos de trabajo; y el establecimiento de precios máximos durante 30 días (prorrogables) para insumos básicos. Otras medidas para garantizar la producción y el abastecimiento también fueron anunciadas.

Según Robba, “las medidas que tomó el gobierno van todas en el sentido correcto”. “Son medidas de una profundidad muy fuerte en términos de ingresos para la población y de gasto/inversión pública, cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace mucho que no existe en la Argentina un paquete de medidas de ayuda y de colaboración, tanto para los ingresos de la gente -los bonos o algún tipo de ayuda para pagar sueldos-, como en términos de creación de la oferta, como por ejemplo la inversión en obra pública y los 350 mil millones de pesos destinados al financiamiento productivo”, explica el economista.

“Las medidas económicas demuestran que el gobierno tiene registro de la difícil situación que atraviesan los distintos sectores, e intenta hallar un complejo equilibrio entre frenar la actividad lo suficiente como para contener la circulación del virus, y evitar efectos demasiado graves sobre la economía”, sostiene Gallardo.

Lorena Putero, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y especialista en economía social, también considera acertadas las medidas: “No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia. Se habló también de que se debe fortalecer el rol del pequeño comercio. Ahí hay más por hacer, hay que insistir con salir de las grandes cadenas y proveedores e ir a cooperativas y emprendedores, que son los más golpeados por esta situación.También hay que estar atentos a que no se dé el desabastecimiento ni que haya concentración de la producción”, agrega.

Pero más allá de la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno, muchos estuvieron descontentos con que ninguna de ellas abarcara a los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, los sectores que pierden todos o gran parte de sus ingresos frente a la interrupción de sus tareas. Sin embargo, y aunque se hiciera esperar, la respuesta llegó el lunes para estos sectores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una suma fija de diez mil pesos por única vez durante el mes de abril (pero con posibilidad de repetirse si las circunstancias así lo ameritan) para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores  informales. Esta medida alcanza a 3.600.000 personas y viene a complementar la primera batería de anuncios económicos.

Otro punto que causó malestar respecto del aislamiento social fue en el impacto que tiene sobre quienes realizan tareas de cuidado no remunerado en el hogar. “Puso sobre la mesa la importancia de las tareas de cuidado que son realizadas en un 75% por las mujeres, según el INDEC. Justamente la fase inicial del aislamiento, en la que se suspendieron las clases pero aún no había licencia para todos los sectores trabajadores, hizo muy explícitas las dificultades que enfrentan los distintos diseños familiares para encarar estas tareas. Y de un modo similar pasó con el cuidado de adultos/as mayores, personas enfermas y con discapacidad”, explica Gallardo.

“Posiblemente esta pandemia deje un importante saldo negativo para la sociedad en muchos aspectos, pero en este plano creo que va a permitir visibilizar la importancia de las tareas de cuidado y allanará el camino para que estas sean reconocidas por la política pública”, agrega la economista, viendo un lado positivo de esta situación de incertidumbre.

No todo está dicho y todavía queda mucho por verse en este panorama inédito en todos los niveles. Se abren muchos caminos, no solo en lo que respecta políticas que tengan en cuenta sectores históricamente olvidados, sino incluso respecto del sistema global: como expresa Putero, “se abre un debate de qué modelo económico deseamos, si nos sirve estar centrados en el lucro y no poder satisfacer las necesidades de nuestra población.”