Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, el pago del alquiler se lleva, en promedio, el 41% del salario mensual.
“Estamos en un país y en un mundo en el que ya no vamos a ser propietarios”, dictamina Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN). La Ley de Alquileres tiene media sanción de Diputados y busca la aprobación definitiva del Senado este año. “Es una ley que tiene muchas dificultades para salir por la presión del mercado, cierta tibieza de un sector de la clase política, también diversos temores y conservadurismo”, afirma Muñoz.
El objetivo principal para 2020, es que la ley se vote en sesiones extraordinarias en febrero. “La predisposición para que desde el gobierno hagan algo, tiene que ver con la fuerza que tengamos los inquilinos porque la política es presionar y convencer. Hay un punto muy importante y es que hemos logrado organizar a los vecinos de todo el país”, relata el presidente de la Federación.
Desde hace tres años, Inquilinos Agrupados, que forma parte de la FIN, apunta a construir la representación de un sector que no la tiene y plantear la solución al problema de la vivienda en Argentina mediante una nueva Ley de Alquileres. “Hay que intervenir sobre el mercado inmobiliario, la desdolarización, el precio de los alquileres y tener una política de vivienda mucho más sólida, donde el Estado tome las riendas y no el mercado”, explica Muñoz.
Existen tres aspectos cruciales de la ley que destaca el titular de Inquilinos Agrupados y FIN: “La regulación del precio por un índice oficial, promedio entre inflación y salario, la extensión del plazo del contrato de alquiler a tres años para generar mayor estabilidad y el blanqueo del mercado inmobiliario a través del registro de contratos de alquiler” y añade: “El Estado debe reparar el desequilibrio que hay entre los propietarios y quienes no tienen vivienda”.
La Ley es vista por Inquilinos Agrupados como un paso hacia el retorno de una administración interventora. “Queremos que el gobierno de Alberto Fernández dé una señal a los nueve millones de inquilinos y ese indicio tiene que ser con un proyecto que recupere el rol del Estado en materia de vivienda”, sostiene Muñoz. “El diálogo y la discusión con los sectores políticos lo tenemos permanentemente. Sé que es incómodo el planteo que estamos haciendo porque nos introducimos en un negocio que afecta a un sector grande de la clase política”, concluye.
El 87% de los inquilinos tiene como principal preocupación el precio del alquiler.
Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, de principios de 2018, el 87% tenía como principal preocupación el precio del alquiler y, en promedio, destinaban un 41% de sus salarios a los pagos mensuales (sin sumar expensas, tarifas e impuestos inmobiliarios). El 64% de la población inquilina averiguó por un crédito hipotecario a pesar de que un 87% opina que nunca va a lograr ser propietario. “Las dos únicas formas de acceder a la vivienda son por alquiler o por toma. Un trabajador que se pueda comprar una casa, como sucedía años atrás, ya no existe, se terminó para siempre”, sentencia Muñoz.
Inquilinos perjudicados
“Todo lo que es ‘el mundo del alquiler’ está hecho a favor del dueño que, sin mover un dedo, recibe dinero mientras le cuidan la casa. Por ley puede echar al habitante, no devolverle el depósito o tomar ciertas acciones en perjuicio de quien está alquilando si considera que el inmueble no está en condiciones”, cuenta Martín que alquila hace cuatro años un monoambiente en Villa Crespo. Y agrega: “Creo que ni siquiera deberían cobrarnos un mes de depósito si ya tienen la garantía de que vamos a pagarles”.
Para Martín, en la nueva ley “las condiciones de accesibilidad y de pago tienen que estar como prioridades. En Capital Federal hay un montón de departamentos vacíos que son adquiridos por grandes fondos que los compran como inversiones y se llenan de plata mientras la gente duerme en condiciones deplorables. De todas formas, a futuro, lo más preponderante sería lograr el acceso a la casa propia mediante créditos blandos”.
Julia vive en Parque Chacabuco y hace diez años que es inquilina. Residió en Boedo, Caballito, Flores, Devoto y Monte Castro. “El principal problema a la hora de entrar en un departamento es económico, es una barbaridad la plata que te piden. Cuando alquilé a través de la inmobiliaria, se abusaron con el aumento. Tenía pensado el incremento como acumulado, no anual, entonces me aumentaban el 12,5% o el 15% cada seis meses y terminó siendo más de lo proyectado para el año en curso”, testifica y recuerda algunas arbitrariedades que le tocaron vivir: “Se han quedado con el depósito para arreglar partes de la casa que no había arruinado en mi estadía, sino que ya estaban deterioradas desde antes”. Y agrega: “Otro inconveniente a la hora de mudarme fue tener una mascota. En general no quieren inquilinos con animales o intentan cobrarte más caro, pedirte más depósito o más meses de adelanto”.
Si se incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos a su vivienda.
Las condiciones se vuelven más hostiles cuando el inquilino es extranjero. “Las primeras veces que fui a inmobiliarias y escuchaban mi acento, me decían: ‘Acá alquilamos sólo con garantía propietaria’ y pasaban a mostrarme las opciones de alquiler temporario que estaban más pensadas para turistas, no para personas decididas a establecerse en el país como yo”, describe Daniela, hondureña y radicada en Buenos Aires desde hace nueve años. Y agrega: “Para sortear el problema, tuve que alquilar de forma temporaria o habitaciones individuales en departamentos”.
En uno de sus alquileres temporarios por Almagro, Daniela se enfrentó a una de las injusticias que suelen nombrar con frecuencia los inquilinos. “La dueña me había prometido renovar el contrato por otros seis meses pero no sólo no lo hizo sino que se negó a devolverme el dinero del depósito. Fui a la inmobiliaria y no se hicieron cargo, me dijeron que lo tenía que resolver con la propietaria que, para ese entonces, no contestaba mis llamadas y mensajes”.
Carolina vive en Palermo desde agosto del 2019 y tardó un año y medio en encontrar departamento. “No conseguía un lugar que me gustara, me pedían una garantía propietaria en Capital y era imposible conseguirla o que presente dos, tres recibos de sueldo de un monto determinado para poder entrar a un monoambiente ínfimo”, cuenta la inquilina. La solución llegó a través de un seguro de caución: “Tuve que presentar otro recibo de sueldo, el de mi hermano, para poder sacarlo ya que mi salario es básico. Si no tenía esa posibilidad, me quedaba afuera”, apuntala.
Si se toma en consideración el conjunto de gastos que incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional a Inquilinos, realizada en el último trimestre de 2018. Luego de 35 años sin tratar esta problemática en el Congreso, La Federación de Inquilinos Nacional puja por la desprivatización del mercado inmobiliario y la aprobación de una ley que mejore la calidad de vida de millones de argentinos.