Los empleos públicos y privados deben destinar, por ley, el 4% de los puestos a personas con discapacidad.
Pensar que la solución para una persona que usa una silla de ruedas para movilizarse es una rampa o para alguien ciego es un semáforo que emita ruido para cruzar la calle es reducir los derechos que tienen las personas con discapacidad. El verdadero trabajo está en repensar desde qué lugar la sociedad y el Estado debe abordar las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de este colectivo de personas, que representa el 12,7 del total de la población del país, según el Censo Nacional 2010.
Han pasado más de 10 años desde que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la ONU, que habla de un nuevo enfoque denominado “social”, en el cual se consideran a aquellos habitantes como titulares de derechos y en el que se pretende ratificar su “universalidad, indivisibilidad, interdependencia, e interrelación de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales, así como de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”.
Sin embargo, para Celeste Fernández, Coordinadora del aérea de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, aún existe una deuda grande de parte del Estado con respecto a las personas con discapacidad: “Si bien existen políticas públicas, carecen de perspectivas de derechos humanos y no cumplen con estos tratados internacionales” afirmó.
Uno de los reclamos que sigue vigentes, a pesar de que existe una ley regulatoria, es el relacionado a la cuota mínima de empleo que debe cubrirse tanto en puestos públicos del Estado Nacional como en empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Si bien el cupo que establece la norma es del 4%, los puestos laborales para las personas con discapacidad apenas llegan al 0,8%. “El problema es que no se accede a los puestos de trabajo porque en general las personas con discapacidad suelen tener menor nivel de capacitación por el sistema educativo, además del propio prejuicio del empleador pensando que el rendimiento es más bajo” consideró Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y quien comprende el tema de fondo debido a su discapacidad visual desde niño.
Apenas el 2% de los puestos de los empleos corresponde a personas con discapacidad.
Desde esa organización llevan adelante campañas de concientización y de evaluación sobre las políticas que realiza el gobierno en la materia. Al problema laboral se le suma lo que reconoce la Convención como barreras del entorno, en donde una persona puede ser discapacitada pero no tener invalidez laboral. Las barreras que impone el entorno se reflejan aún en los perjuicios y en la falta de campañas que permitan instalar ésta diferencia en la agenda.
Por su parte, Fernández cuestiona la falta de voluntad política de la gestión de Cambiemos a pesar de mantener un contacto constante con funcionarios del gobierno a través de reuniones, envíos de notas e informes de análisis presupuestarios. No solo el Ejecutivo está en deuda: “En provincia de Buenos Aires interpusimos un litigio judicial contra el mismo Poder Judicial porque no se cumple la cuota de empleo” afirmó.
En cuestiones de salud también existen reclamos vigentes. La atención médica no es integral, además de que en muchos centros no están dadas las condiciones edilicias para la atención de personas con discapacidad. A eso se le suma que no cuentan con herramientas que permitan una atención adecuada de este colectivo. “Se hace necesario la implementación de camillas ginecológicas para las pacientes con discapacidad motriz, además de la capacitación por parte de los profesionales, con lenguaje de señas para atender a las personas sordas o incluir información digitaliza o en braille para las personas ciegas y no en forma escrita como usualmente ocurre”, declaró Betti.
Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Discapacidad presentado en 2017 y que en su elaboración no tuvo en cuenta cuestiones básicas, como lo es el nuevo paradigma de abordar la cuestión. “En uno de los decretos se habla de una pensión por invalidez pero la Convención habla de una autonomía económica de las personas con discapacidad”, cuestionó Andrea Grassia, quien también integra la comisión directiva de REDI además de ser asesora en la Comisión de Espacio Público en temas de discapacidad y accesibilidad en la Legislatura porteña. Como Betti, Andrea tiene una discapacidad visual y conoce de propia mano las inclemencias que se viven en una ciudad que no está pensada arquitectónicamente para las personas de este colectivo.
“Es necesaria la implementación de camillas ginecológicas para lersonas con discapacidad motriz», señala Betti.
La muestra está por ejemplo en las obras del Metrobus de los últimos años, en donde el espacio para que puedan circular personas con sillas de ruedas es reducido, además de ser estaciones que no contemplan un acceso fácil y seguro por estar edificadas en medio de la avenida. La problemática también se traslada al acceso al subte, donde la mayoría de las estaciones tienen los ascensores fuera de servicio.
Resulta paradójico, además, que en el mismo año de la presentación del nuevo Plan de Discapacidad Nacional se dieron de baja pensiones no contributivas a personas con discapacidad, lo que puso de manifiesto la falta de seguridad social para este colectivo. “En general las personas con discapacidad tienen menores ingresos que el resto de la población y a su vez cuentan con más gastos que el conjunto, porque tienen que recurrir a taxis para movilizarse, a medicamentos de un tratamiento especial que no cubre la obra social o no tienen cobertura médica. Son personas mucho más vulnerables que el resto de la población”, explicó Betti. Esta baja también afecta uno de los beneficios otorgados por la pensión como lo es cobertura médica. Por su parte, Grassia sostiene que se debe repensar la legislación en materia de pensiones no contributivas buscando que esta sea compatible con un salario mínimo, además de contemplar el dilema que viven las personas con discapacidad cuando logran conseguir un empleo inestable o precario: “Se ven en la disyuntiva de aceptarlo o no, ya que si lo hacen se da de baja la pensión y al pensar en la opción de no renovación de su contrato, se ven en la engorrosa tarea de hacer de nuevo todo un trámite para que se las restituyan” manifestó.
En materia de educación inclusiva han habido avances incipientes, en donde la cifra de personas con discapacidad en la escuela común viene en ascenso aunque la problemática se centra en la metodología implementada en la enseñanza: “La educación inclusiva no es solamente estar en la escuela, es que también puedan aprender de la dinámica en una igualdad de condiciones con sus compañeros. Lo que implica tener políticas en formación docente, en infraestructura escolar, en accesibilidad de materiales educativos y metodologías acordes” afirmó Fernández.
A pesar de los cambios sociales que se han intentado implementar en materia de discapacidad, aún existen personas que tienen su capacidad jurídica restringida, es decir, son sujetos de procesos en los cuales el Poder Judicial determina qué actos de la vida civil pueden o no realizar, vulnerando de alguna manera el derecho que cada uno tiene sobre su propia vida. “Una de las políticas a implementar es el cambio en el imaginario social en el tema de discapacidad, que piensa a los sujetos como incapaces, que no tienen nada que aportar a la sociedad y que otros decidan por ellas. Eso requiere políticas de sensibilización y de inclusión”, aseguró Fernández. Siguiendo esta línea, hay que reconocer la importancia del rol que juega la comunidad en materia de inclusión, desde los familiares de personas con discapacidad hasta las organizaciones de derechos humanos que trabajan por mejorar la calidad de vida, generando estrategias de incidencia que logren visibilizar esta problemática para que el Estado se encargue de estos asuntos.
Es así como los desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia de políticas públicas a implementar y mejorar son innumerables. Es una tarea pendiente de todos los gobiernos sin subsanar, que ha impedido que las personas con discapacidad puedan tener una educación de calidad, un trabajo con una remuneración acorde a su cargo, acceso a la vida cultural y artística, entre otras cuestiones sociales, que les permita tener una vida de inclusión real.