Texto: Marina Matos e Indira Alba (Universidad Nacional de Moreno) |Fotos: Camila Bonaudo (Universidad Nacional de Moreno)
Según el último informe del INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y se estima que entre el 75% y el 80% de las que se encuentran en edad laboral está desocupada. Una de sus opciones de empleo es en talleres protegidos de producción, pero el monto que cobran ni se acerca al valor de un salario mínimo, vital y móvil. ¿Qué son estas instituciones? ¿Qué dice la norma sobre estos talleres y cómo repercute en ellos la situación económica actual?
El Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad está establecido por la Ley 26816, sancionada en el año 2012 y reglamentada parcialmente en el año 2015. Los talleres tienen como principal objetivo mejorar el acceso al empleo de las personas con algún tipo de discapacidad, promocionando su desarrollo laboral, y deben favorecer la obtención, conservación y progreso en un trabajo
Actualmente, hay 173 talleres protegidos que tienen convenio con la Provincia de Buenos Aires. En general, estos espacios se sostienen mediante el monto que reciben en concepto de beca por cada persona con discapacidad que incorporan a su matrícula, abonada por el gobierno bonaerense, a lo que se suman las donaciones de terceros y la comercialización de los bienes o servicios que producen.
Por otro lado, las personas con discapacidad que trabajan en estos talleres reciben un monto de 1.100 pesos en concepto de peculio, que también paga el gobierno provincial, más un plus aportado por el Estado Nacional de 500 pesos. Además, en algunos casos, parte de las ganancias obtenidas por la venta de los bienes o servicios producidos se reparte entre los trabajadores.
Lo cierto es que se trata de montos muy bajos si se los considera como lo que realmente son: la remuneración por el trabajo que hacen. “¿Quién trabaja por 1.600 pesos al mes, por una jornada de cuatro horas al día y con las tareas que realizan?” Eso se pregunta Jaqueline Sánchez, coordinadora general de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado, que tiene un taller protegido ubicado en la localidad bonaerense de Merlo, en donde actualmente trabajan cuarenta y cinco personas con discapacidad. Allí se dedican a la producción de bienes y servicios como bolsas de polietileno, panificados, ensamble de piezas plásticas, servicios de lunch, catering y pizza party.
Son trabajadores y, como tales, tienen derechos y obligaciones. Sánchez sostiene que ellos hacen hincapié en esta cuestión: “Cuando ingresan saben que tienen que cumplir un horario, que tienen que presentar certificados médicos si faltan, que tenemos un reglamento interno donde figuran varias causas por las cuales se pueden quedar sin la vacante.”
Si bien ofrecen actividades complementarias más flexibles (recreativas, formativas y terapéuticas), cuenta que las exigencias a los trabajadores responden a un objetivo “La intención siempre es que puedan egresar del taller y conseguir un trabajo en la comunidad. Un trabajo que ellos quieran y elijan.”
El espíritu de la norma, la organización laboral y la responsabilidad que se espera de los trabajadores parecieran responder a la promoción de igualdad en cuanto al acceso al empleo para personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el monto en la remuneración dista mucho de representar paridad de ingresos. Mientras un trabajador de taller protegido gana 1.600 pesos, el salario mínimo, vital y móvil es de 12.500 pesos, según la última actualización en el mes de marzo. Y el gobierno ya anunció para después de las PASO un incremento de un 12%.
Un trabajador de otro taller protegido de producción, que tiene discapacidad motriz y que no quiso identificarse., sostiene: “No protestar por el aumento en el pago también hace que el monto sea tan bajo.” Y el escaso o nulo reclamo respondería a que “la mayoría son personas que tienen discapacidades mentales y no saben el valor del dinero; para qué alcanza y para qué no, si es mucho o poco.”.
Actualmente quienes asisten a estos lugares no cuentan con obra social ni ART, a pesar de que manejan máquinas y muchas veces, por la dinámica de las tareas, están en la calle expuestos a diferentes peligros. Tampoco tienen garantizado el derecho a una jubilación, aunque algunos trabajan en estos emprendimientos hace más de treinta años, según cuenta Jaqueline Sánchez.
La situación económica de los talleres empeoró debido a la crisis actual del país. Muchas empresas que contrataban los servicios, para recortar gastos, fueron dando de baja progresivamente estos acuedos o sosteniendo únicamente los geográficamente más cercanos, en especial los de la Ciudad de Buenos Aires.
Es el caso del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) que tiene una matrícula de treinta becas más tres pasantes y actualmente su única actividad productiva es la carpintería. “Hoy no hay nada de trabajo. Hace meses que estamos parados”, afirma María Eugenia Carbonell, psicóloga e integrante del equipo técnico de este taller, quien agrega: “Llamamos a las dos empresas con las que solíamos trabajar y nos dicen que no tienen nada de trabajo; estuvimos buscando otras empresas y la verdad es que el mercado laboral está complicadísimo.”
Actualmente, el único ingreso fijo garantizado a los talleres es el de las becas por trabajador que paga el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ya que las donaciones que recibían también disminuyeron. Virginia Ventriglia, coordinadora de TADIM, cuenta al respecto: “Teníamos donaciones de Avícola Moreno, pero veníamos recibiendo también de otras empresas,m como por ejemplo Granja Don Eugenio. Nos donaban una vez por semana, después fue cada quince días y ahora, cuando pueden.” Además, las donaciones de particulares y vecinos desaparecieron.
“Viene mucha gente que, como digo yo, lo que menos les pasa es la discapacidad -agrega-, tienen cuestiones sociales que son más importantes. Acá, al mediodía almuerzan siempre. Y a veces lo único que comen en el día es lo que reciben acá. Con toda la situación que se vive hoy, es difícil también poder trabajar cuando hay una cuestión de necesidades básicas que no está cubierta”.
El Estado, en todos sus niveles, mantiene una deuda histórica con las personas con discapacidad: garantizarles la igualdad de acceso al mundo del trabajo, teniendo en cuenta no sólo su capacidad para desarrollar determinadas tareas, sino también sus necesidades y deseos. Mientras los equipos técnicos de los talleres protegidos trabajan para que los concurrentes se asuman como trabajadores, quienes deberían garantizar la posibilidad de acceso a un empleo con un sueldo y condiciones laborales dignas, siguen sin dar respuestas.
