Margarita Meira, al frente de Madres Víctimas de Trata.
Brisa Aylén Pereyra. Gisela Gutiérrez. Diana Colman. Roxana Villalba. Araceli Fulles. Celeste Orozco Maturano. Johana Ramallo. Priscila Ramírez. Carla Soggiu. Angelina Aylén Cáceres. Uno a uno, los nombres se suceden en un muro de Facebook que parece no tener fin. En las redes de la organización Madres Víctimas de Trata, cada denuncia se transforma en un único grito colectivo: “No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”. Como forma de impulsar la concientización y la lucha en contra de la llamada esclavitud del siglo XXI, el 30 de julio fue designado el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Susy tenía 17 años cuando su supuesto novio la sedujo para que abandonara su casa. Un año después, en 1992, la joven fue hallada muerta en el departamento que ambos compartían. “Inhalación de monóxido de carbono”, determinó el informe policial. Nunca hubo ningún procesado ni nadie fue detenido. “Yo antes pensaba que el que secuestró a mi hija había sido un idiota, un perejil cualquiera. Recién cuando empecé a caminar me di cuenta de la trama poderosa que hay detrás”, recordó su madre, Margarita Meira.
Margarita emprendió la búsqueda de su hija sin saber que la trata de personas existía. Políticos y fiscales de todos los colores y banderas le dieron la espalda. “Me decían que la estaban buscando y que la iban a encontrar, y la tenían en un prostíbulo. Estaba todo arreglado, todos eran cómplices. Nunca pensé que la política era tan sucia”, explicó.
Con los meses, Margarita descubrió que Susy había sido explotada en Cocodrilo, Shampoo y Rush, reconocidos prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro años después, luego de alivianar deudas, evitar su incipiente desalojo e intentar preservar a sus hijos menores, su marido y ella retomaron el caso e iniciaron una lucha que continua hasta el día de hoy en la Asociación Madres Víctimas de Trata.
Performance en festival «Se trata de no más trata» en septiembre de 2016.
Junto con el tráfico de drogas y de armas, la trata está entre los tres negocios ilícitos que más dinero mueven a nivel mundial. Si bien se organizan bajo distintas formas y con distintos objetivos, el Informe Global de Trata de Personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indicó que la gran mayoría de las víctimas en América son objeto de explotación sexual, seguidas por la trata con fines de trabajo forzoso. A su vez, el 80% de las víctimas de trata detectadas en Sudamérica son de sexo femenino, mujeres y niñas.
En el caso de Argentina, el auge de la marea verde provocó que las diferencias dentro del movimiento feminista en torno a la prostitución recuperaran protagonismo. En este marco, la discusión entre regulacionistas y abolicionistas pareciera ser irreconciliable: mientras la primera perspectiva reivindica el trabajo sexual y la libertad de cada mujer de decidir sobre su propio cuerpo, la otra entiende que son muy pocas las que realmente pueden ejercer tal libertad, y que detrás de la prostitución subyacen distintas vulneraciones socioeconómicas y una cultura machista y patriarcal. “La gran fábrica de putas en el mundo es la pobreza”, sostuvo desde esta última postura Alika Kinan, activista por los derechos de las mujeres y sobreviviente a la explotación sexual.
“En el imaginario social se sigue construyendo la idea de que las únicas que sufren la trata son las pibas cuando nos las ‘chupan’. Pero el factor común entre las víctimas de la prostitución es que no han tenido oportunidades laborales, ni de estudio, ni de acceso a una vivienda. Todo eso son carteles en el camino que les dicen ‘prostitución’, todos los caminos las van conduciendo, y llega un momento donde dicen ‘bueno, lo hago, ya está, no me queda otra’”, explicó Alika.
“Nuestra ley es una de las mejores a nivel mundial pero los artículos que hablan de la restitución de derechos y del reconocimiento del delito por parte del Estado no están reglamentados”, advirtió Alika.
Más allá de estas discusiones, el primer gran avance a nivel legal en la materia se logró en el año 2008, con la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas. Sin embargo, la normativa fue mejorada cuatro años después por la Ley 26.842, actualmente vigente. Entre otras modificaciones, la nueva regulación busca garantizar el derecho de la víctima a recibir asistencia psicológica y médica; a un alojamiento apropiado, manutención, y capacitación laboral, entre otros. “Nuestra ley es una de las mejores a nivel mundial, pero los artículos que hablan de la restitución de derechos y del reconocimiento del delito por parte del Estado no están reglamentados”, advirtió Alika. A su vez, Meira denunció la exclusión sistemática de las víctimas en la toma de decisiones de políticas públicas: “Estos diputados opinan sin investigar. Si vas a votar una ley de trata, pone una víctima al lado tuyo. No podés hacer lo que se te da la gana sólo porque vos creés que es así”.
En la actualidad, las altísimas sumas de dinero, de intereses y de poder que confluyen en el esqueleto de las redes de trata delimitan un panorama sumamente complejo. Su rostro es el de “un monstruo muy invencible y potente”, en palabras de Alika. No obstante, ambas activistas evidencian que la militancia es el único camino posible para enfrentarlo. “Yo había dicho que me iba a morir sin ver un logro grande, y este año la justicia dictó la prisión preventiva de Raúl Martins, el proxeneta que tuvo secuestrado a mi hija. Vamos a seguir haciendo mucho ruido y a salir con más fuerza”, concluyó Margarita.
