El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura.
La bandera argentina flamea en lo alto del mástil. Los plátanos, con sus hojas anaranjadas por el otoño, flanquean la larguísima Avenida Ideoate, poblada a uno y otro lado de edificios castrenses. Ubicado en el partido de San Miguel, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de Mayo abarca cinco mil hectáreas de terreno abierto. Aquí funcionaron, entre 1975 y 1983, cuatro centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Campito, La Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en cuya maternidad clandestina dieron a luz unas 30 desaparecidas y sus hijos fueron robados. Algunos han recuperado su identidad pero la mayoría –hoy mujeres y hombres de cerca de 40 años– continúan siendo buscados por sus familias biológicas a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El Campito fue el centro clandestino más letal de la última dictadura. Sus estructuras lindaban con un pequeño aeropuerto de donde despegaban los “vuelos de la muerte”. Entre las miles de víctimas que pasaron por allí se cuentan sindicalistas ferroviarios, miembros de las comisiones internas de Ford y Mercedes Benz, dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como Mario Santucho, de Montoneros como Miguel Lizaso y el escritor Héctor Oesterheld. Varios de estos casos forman parte del juicio oral y público por la megacausa Campo de Mayo. Sólo sobrevivieron 43 personas.
No es un día común en la base. La rutina de los militares se ve interrumpida por un grupito de civiles se agrupa bajo la luz de un radiante mediodía en las puertas del Polígono de Tiro, a unos 500 metros de lo que fue El Campito. Dos soldados, parados como estacas, miran de reojo a la gente reunida: sobrevivientes y familiares de las víctimas que quieren homenajear a sus seres queridos y un contingente de chicos de la Escuela Técnica Nº 2 de José C. Paz que se sumó a la visita.
Oscar Comba, sobreviviente del Campito. recordó sus días en el lugar ante la atenta mirada de un grupo de estudiantes secundarios.
Griselda Fernández es sobreviviente de El Campito. Vive en Uruguay. Nunca había vuelto a entrar a Campo de Mayo, donde también perdió a José, su compañero de vida. “Estoy movilizada y no puedo evitar pensar: ¿Por qué puerta habré entrado? O, ¿dónde me habrán hecho dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pereyra de Avellaneda contempla el sitio donde estuvo desaparecida 15 días. La secuestraron junto a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue torturado y asesinado. “El lugar es tétrico, frío y horrible pero sirve para rememorar y homenajear a quienes ya no están. Son muchos años de lucha, nos costaron lágrimas de sangre llegar a donde estamos ahora”, reflexiona Iris. “Queremos que acá haya un espacio de memoria intangible”, afirma Alfredo Castro, detenido en El Campito entre abril y mayo de 1977.
Sin embargo, la preocupación principal de familiares y sobrevivientes es que no se pierdan las pruebas contra los represores. El 60 por ciento del predio todavía no ha sido explorado, un detalle que al Gobierno nacional le importa poco. El 16 de noviembre de 2018 el presidente Macri firmó el decreto que convierte el terreno en una “Reserva Natural”, la máscara para un meganegocio inmobiliario, ganándose el rechazo de los organismos de derechos humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 22 de mayo de este año con un nuevo decreto que facilita “la aprobación de construcciones en Parques Nacionales”. “Me genera mucha indignación e impotencia”, sostiene Griselda Fernández, “es increíble que quieran construir un parque en un lugar donde no se han permitido excavaciones. No sabemos si nuestros compañeros están enterrados acá. Me parece un acto de inhumanidad impresionante”.
Seis días después del último decreto, en una audiencia del juicio “Contraofensiva Montonera”, el ex cabo primero Nelson González, citado como testigo, relató pormenorizadamente el fusilamiento y la cremación de cuatro detenidos en Campo de Mayo. Dos de ellos fueron identificados, Marcos “Pato” Zuker y Federico Frías. González aseguró que “cuatro mil personas fueron arrojadas al mar”. “Quedamos conmovidos por esta declaración. Es la puerta a que se abran nuevos testimonios”, expresa Iris Pereyra de Avellaneda mientras mira a la distancia.
Floreal «El Negrito» Avellaneda fue uno de los asesinados en El Campito. Tenía solo 15 años.
Miembros de la Comisión de Sobrevivientes y Familiares de Campo de Mayo dan inicio formal a la caminata hacia al centro de detención y exterminio y guían al resto bajo la sombra de casuarinas y eucaliptos. El terreno es blando y cruje a cada paso. A los costados del camino un par de uniformados con ametralladoras custodian la visita. La única construcción visible del Campito es un abandonado edificio de mampostería donde funcionaban oficinas administrativas, salas de tortura y la recepción de los detenidos. Antiguamente había otras estructuras en pie: en el Pabellón 3, las caballerizas, donde hubo secuestrados en condiciones muy precarias; y en el Pabellón 1, una edificación donde permanecían cautivos los enfermos, ancianos y embarazadas, quienes estaban obligados a realizar el trabajo de mantenimiento del centro clandestino. El lugar tenía capacidad para 200 detenidos al mismo tiempo.
Con el propósito de borrar los terribles actos cometidos, el Ejército destruyó en 1982 el grueso de las instalaciones. Pero gracias a la memoria del militante montonero Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido allí seis meses en 1977 y logró escapar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo hallar los cimientos, luego de múltiples excavaciones.
Durante la visita, el sobreviviente Oscar Vladimir Comba señala las fosas hechas por el EAAF y cuenta su experiencia ante la atenta escucha de los estudiantes de secundaria. El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, también presente, subraya: “Vamos a realizar distintas acciones judiciales para que permanezca intacto. Hay que recuperarlo como sitio de memoria y lograr que el EAAF haga un rastrillaje en toda la zona para reafirmar las pruebas bajo tierra de los cimientos y que se descarte que aquí están nuestros seres queridos”. Y agrega: “Acá tienen que venir los ingresantes del Ejército y las fuerzas de seguridad. El Campito no debe ser un lugar solo de las víctimas. Toda la sociedad debe conocer esta historia. Porque al desconocer lo sucedido, podríamos cometer el mismo error”.
Los familiares de las víctimas se oponen al emprendimiento inmobiliario que el gobierno quiere desarrollar en el lugar.
Hacia el final del recorrido, frente al único edificio del Campito, toman la palabra los sobrevivientes Alfredo Castro, Roberto Landaburu y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspirándose en “Vidala de un nombrador” de Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de este entorno quiero nombrar a mis compañeros. Porque sé que si los nombro, los traigo. Y si los traigo, es algo que me hace bien”. Y recita los nombres de sus amigos desaparecidos, y ante cada uno se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus ojos ceden a las lágrimas. “En el momento que los estoy nombrando, los estoy viendo acá, conmigo”, manifiesta conmovido. Los aplausos llenan el silencio y se arma un improvisado show musical con canciones de Mercedes Sosa y Carlos Puebla, mientras los asistentes se dispersan. Cada pisada queda marcada en las hojas como una huella de tristeza.
