Sandra Raggio es categórica en sus definiciones. Y no se puede ser de otra forma. Directora general en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en las áreas Organización Pública Autónoma y Autárquica, cuyos objetivos apuntan hacia la defensa de los Derechos Humanos, actualmente pasa sus días entre La Plata (sede de la Comisión) y San Miguel del Monte, aquel pueblo de alrededor de 21.000 habitantes que se vio convulsionado por la persecución policial del 20 de mayo último que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y la internación con graves heridas de una niña de 13 años.
“No fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un hecho fortuito, sino todo lo contrario. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que ya venían sucediendo”, explica en relación a lo que ella califica como la “masacre” de San Miguel del Monte. Masacre que se llevó las vidas de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años) y Aníbal Suárez (22 años), quienes viajaban en el Fiat 147 que terminó colisionando contra el acoplado de un camión estacionado luego de haber sido perseguido (balacera mediante) durante varios kilómetros por la Policía Bonaerense. Rocío Guagliarello (13 años) es la única sobreviviente, todavía internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
El relato de Raggio vierte una lluvia de nombres que se amontonan junto al polvo de “20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura” en la provincia de Buenos Aires y en todo el país: Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, Alejandro Granados y Patricia Bullrich son algunos de los avatares que fueron apareciendo sobre este fondo que mezcla a la exclusión social junto a la represión sin eufemismos que realiza el Estado. “¡Lo que pasa es que ahora el presidente los recibe!” se indigna Sandra al hablar de la “doctrina Chocobar” y el incremento desmedido de la violencia estatal llevada adelante por el actual gobierno de Mauricio Macri.
Impulsora desde el año 2002 del programa “Jóvenes y Memoria” (destinado a alumnos de colegios secundarios, donde se les ofrece la posibilidad de contar sus experiencias personales o las de su comunidad en relación a la violencia simbólica e institucional), Raggio hará hincapié en la responsabilidad ineludible del Estado en todos los casos de violación a los Derechos Humanos: “Siempre las comete el Estado, porque es el garante de todos nuestros derechos”.
¿Ya había sucedido algún hecho similar en San Miguel del Monte?
Hemos relevado múltiples hechos anteriores que ahora saltan a la luz. Por eso se entiende por qué la comunidad de Monte salió rápidamente a desmontar la versión policial. Esa policía no contaba con la buena opinión de la comunidad. Nosotros estuvimos relevando distintos casos de abuso policial: desde causas armadas, torturas en las comisarías, detenciones ilegales, amenazas. De todo. Involucran a buena parte de los oficiales que hoy están detenidos. Lo de Monte no fue un accidente. No fue una tragedia ni un hecho fortuito. Lo que sucedió fue una masacre. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que venían sucediendo y terminan en este episodio, y que si la policía y las instituciones actuaran como tienen que actuar, no debería haber ocurrido nunca. Hay episodios que narraron los chicos que están en la plaza, que son los amigos de Gonzalo y Danilo, donde cuentan cómo eran hostigados permanentemente por la policía. El propio Danilo había estado detenido ilegalmente. ¡Un niño de trece años había estado detenido!
¿Cómo fue eso?
Eso fue claramente un episodio de arbitrariedad policial. Estaban en la plaza, una noche. Ellos rapeaban, andaban con sus skates y hacían parkour. Antes, en las plazas había jueguitos infantiles. Había hamacas y toboganes. Hoy un chico de 13 años no se hamaca, sino que anda en skate o rapea. Es un espacio de recreación de los jóvenes y así lo usan, en su derecho de uso del espacio público. Sin embargo la policía estaba permanentemente hostigándolos, tratando de sacarlos de la plaza. Al parecer las plazas tienen que estar vacías para que haya seguridad. Entonces, hubo un episodio en que uno de los chicos conecta el celular en el enchufe de los tomacorriente de la plaza, hay algún desperfecto y se cortan las luces. Después desenchufa el celular y las luces vuelven. Y a partir de ese momento viene la policía y empieza todo. También había pasado algo con un skate y un cartel que había ahí en la plaza y, bueno, les preguntan quiénes son, cómo se llaman y decidieron llevarse a algunos a la comisaría. Lo que le dicen después a la madre es que a Danilo se lo llevaron “por jetón”. Porque Danilo les dijo “soy fulano de tal” y otras cosas. Ni siquiera fue un enfrentamiento, digamos. No admitió el bardeo, puso un límite. Y por eso se lo llevan y estuvo detenido alrededor de cinco horas en la comisaría. Un niño. Los niños no pueden ser retenidos por la policía. Pero se lo llevaron y eso está en el registro de entrada de la comisaría.
¿Esta forma de actuar de la Policía en San Miguel del Monte es análoga a cómo se comporta en toda la provincia?
Sí, en toda la provincia. Y en muchas otras policías provinciales también. Lo que pasó en Tres de Febrero, un día antes, que con la masacre de Monte no está teniendo repercusión pública. Es un caso donde a un hombre (Diego Cagliero) lo fusilan. Él levanta las manos y lo fusilan. Y esto no sucede sólo en el Conurbano. Hay una idea de que las policías sólo son bravas en el Conurbano porque se lo asocia con el delito. Pero no, también sucede en estos pueblos, que tienen diez o veinte mil habitantes y donde no hay problemas de inseguridad. Cualquiera que vaya a Monte se da cuenta. Están las bicicletas sin atar en la vereda y no las roban. Todos están con la puerta abierta. En Monte no hay nada que justifique la saturación policial que se lleva a cabo. Hasta había llegado el grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
¿Y a qué se debe eso?
Las distintas gestiones creen que la mejor promesa que le pueden hacer a la gente es la seguridad, que haya más patrulleros y más policías. Es parte de las campañas políticas. Cuando se fue (Daniel) Scioli (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires), dejó casi 100.000 agentes policiales. Cuando entró había 60.000. ¿Qué problemas de inseguridad se resolvieron? Ninguno. Los índices de delito en la provincia de Buenos Aires siguen aumentando. En Monte, creo que el hecho de inseguridad más grave de su historia es el que ocurrió este 20 de mayo. Y lo ejecutó la policía. Cuatro homicidios y lesiones gravísimas a una chica. Entonces, es momento de replantearse de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Esto que sucedió es resultado de 20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura. Y en eso se inscribe sin ninguna duda la “doctrina Chocobar”, que es la que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a nivel nacional. Ahora no es necesario dar la voz de alto para disparar. Bueno, eso pasó en Monte.
Más allá de las promesas electorales, ¿cuáles creé que son las causas de la impunidad de la Policía Bonaerense?
En gran medida es también porque la política criminal, la persecusión del delito, está en manos de la policía y no de la justicia. El 90 por ciento de las detenciones que convalida la justicia son aprensiones que realiza la Policía Bonaerense en situaciones de flagrancia. O sea, no son órdenes judiciales. En la Constitución Nacional se dice que nadie te puede detener sin una orden previa de un juez. Bueno, en el 90 por ciento de los casos te detiene la policía. Porque le parece que sos sospechoso, porque vio que estabas haciendo algo, porque llamaron al 911. La mayoría de los fiscales convalidan lo que hace la policía. Y en eso convalidan causas armadas. En Monte, un montón de denuncias que tenemos son por causas armadas que hacían los policías.
¿Por qué funciona de esa forma?
Por muchas cuestiones. Una tiene que ver con la estadística, con el número de resolución de casos. Cuantas más detenciones hacés, mejor controlás el delito. No hay una política de seguridad racional, que apunte a desarmar las redes criminales. Cuando hablan de la persecusión al narcotráfico, ¿qué es lo que termina siendo? Un montón de detenciones y aprensiones por narcomenudeo. O a consumidores. Entonces, quienes organizan el mercado de la droga y el narcotráfico no están presos. Lo están los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Otra cosa: la baja de la edad de imputabilidad. Acá tenemos el resultado de lo que implica la persecusión y criminalización de los chicos. Termina en tres niños muertos en Monte. Los policías deberían haber estado cuidando a esos chicos. Eso es lo que queremos, que los cuiden. Que cuando están en la plaza esté el Estado cuidándolos, porque es un espacio público. El Estado tiene la obligación de cuidarnos en el espacio público. La mano dura tiene buena prensa. Acá teníamos a (Alejandro) Granados (ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), al que le decían “El Sheriff”, que hacía unas escenas donde sacaba un revolver y decía cómo perseguía a los delincuentes. Y ahora tenemos a Bullrich que hace alarde de su dureza y genera dispositivos y programas en el Ministerio de Seguridad de la Nación para proteger a los policías acusados de violación a los Derechos Humanos. ¿Por qué los policías creen que pueden encubrir? Porque se sienten impunes. Porque hay un discurso público que los habilita. En la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, para que sea el Ministerio Público Fiscal el que controle a la policía. Está la ley y nunca se crearon. Si existiera esta política, los vecinos y vecinas de Monte hubieran denunciado mucho antes lo que pasaba. Hoy hay un miedo muy grande allí. Los vecinos que tuvieron la valentía de declarar ahora tienen miedo a las represalias. Porque además la policía actúa corporativamente. Si todos estos hechos se hubieran denunciado a tiempo, si hubiera actuado la justicia, si hubiera actuado el Ministerio de Seguridad, si hubieran actuado las autoridades de Seguridad del municipio, esto no hubiera ocurrido. Si las cosas fueran como deben ser, si el Estado funcionara cumpliendo con la ley, esto no hubiera ocurrido.
Hay una política de seguridad ineficiente, como usted relata, y que tiene estas consecuencias. ¿Por qué se sigue haciendo entonces?
Es una gran pregunta. Incluso, y es una opinión personal, creo que ni siquiera les da rédito político. Ni siquiera ganan elecciones con esto. En verdad, tiene que ver con la forma de gobernar a ciertas poblaciones que se consideran “poblaciones excedentes”, digamos, y que son producidas por el mismo sistema. Porque las políticas más duras se acrecientan en nuestro país al calor de las reformas neoliberales. Y la respuesta que tiene un Estado que expulsa por sus propias políticas macroeconómicas a ciertos sectores de la población es controlar. ¿Cómo controla? A partir de la política criminal. Esas poblaciones son posibles criminales. ¿Qué hace en los barrios pobres? No hace unidades sanitarias, no asisten ni nada de eso. Patrullero y control. ¿Qué hace con los pibes que están en la periferia? Que no vengan al centro, que no generen problemas. Construye la idea de que el expulsado del sistema es peligroso. Cuando es al revés: es la víctima de la producción de esa desigualdad. La pregunta que hay que hacerse es por qué, por ejemplo, durante gobiernos que promovieron los Derechos Humanos y la inclusión, se siguieron sosteniendo políticas de seguridad de mano dura. En la provincia de Buenos Aires, Scioli las sostuvo. Las profundizó en los últimos años de su gestión, supongo que porque creía que era una demanda social. Pero no le dió resultado, porque perdieron las elecciones. (Carlos) Ruckauf, que fue el gobernador de la mano dura en la provincia, desapareció de la política. Él hizo campaña y ganó las elecciones en el 99 diciendo lo mismo que Bullrich. Él fue el inventor de la “doctrina Chocobar”. Un adelantado. Él decía “¿Qué le diría a un policía si está persiguiendo a un delincuente? Meta bala, mate al delincuente”. Bueno, acá estamos.
La “doctrina Chocobar” es entonces una continuidad.
Es una continuidad. ¡Lo que pasa es que ahora el presidente lo recibe! La ministra de Seguridad de la Nación lo premia y lo felicita. O sea, han corrido un poco más el límite. Y también se ha corrido el límite de las prácticas policiales: se sienten más impunes. Porque hay que entender el hecho de las cuatro muertes, pero también hay que pensar por qué todos ellos creyeron que lo iban a poder cubrir. Porque muchas veces lo hacen. Los encubrimientos lamentablemente son exitosos y, en muchos casos que nosotros conocemos, es imposible llegar a la condena porque ya encubrieron. Destruyen pruebas, amedrentan a los testigos, plantan armas. Y las fiscalías a veces miran para otro lado.
¿Cómo está el ambiente ahora en San Miguel del Monte entre la gente, la policía y la intendencia?
Es un ambiente complejo. Fue un hecho que rompió con la tranquilidad del pueblo. En sentido metafórico, porque evidentemente no había tranquilidad en el pueblo. Emergió todo lo que estaba pasando. Hay mucho dolor, porque todos conocían a los chicos y a sus familias. De lo único que se habla en Monte es de lo que pasó. También hay mucha movilización, a pesar de ser un pueblo chico. Y en algunos sectores hay un cuestionamiento de las autoridades políticas de la comunidad. Pero bueno, son diferentes interpretaciones que se hacen. Lo cierto es que hoy vas a Monte y ves que la municipalidad está vallada de policías. Eso es no haber entendido que el problema no es la comunidad, sino quiénes la están custodiando. Al poder político le cuesta entender que ese no es el camino, que hay que reconocer que se equivocan. En el mejor de los casos se equivocan, porque uno a veces puede terminar pensando que saben muy bien lo que están haciendo. Pero démosle la posibilidad de que se estén equivocando y se den cuenta. Y sobre todo es importante que la sociedad se dé cuenta y no avale más este tipo de cosas. Que exija políticas de seguridad serias y no demagogia pura.
¿Cuál es la función de los organismos de Derechos Humanos ante estos casos?
Por suerte en nuestro país tenemos una trayectoria de organización en torno a los Derechos Humanos. Desde lo que pasó durante la dictatura militar, la emergencia de estos organismos se erigió como un lugar de denuncia, de resistencia, de disputa con los relatos oficiales. En ese sentido, los organismos de Derechos Humanos tenemos la obligación de acompañar a las víctimas y a sus familiares, y de demandar al Estado. Demandarlo penalmente, pero también demandar al Estado por la responsabilidad política que tiene en lo que ocurre. Siempre los organismos de Derechos Humanos debemos tener una mirada desconfiada del Estado, porque es él quien provoca esas violencias. Nosotros somos un organismo público. Somos parte, de alguna manera, de la estructura del Estado, pero funcionamos de forma autónoma y autárquica. Y reivindicamos ese lugar. Creemos que lo que hacemos es lo que el Estado tiene que hacer. Sin embargo, no respondemos a la línea gubernamental. Nunca. Tenemos independencia. El presidente de la Comisión es Adolfo Pérez Esquivel, está Norita Cortiñas también. Todos los miembros de la Comisión pertenecen a la sociedad civil y al movimiento de Derechos Humanos, y con esa lógica actuamos. Pero, de nuevo, nos reivindicamos como organismo del Estado y hacemos lo que el Estado tiene que hacer. Patrocinamos a las víctimas porque creemos que el Estado tiene que hacerlo.
Lo están haciendo ahora en Monte.
Lo estamos haciendo ahora en Monte, con la familia de Danilo y la de Camila. También estamos patrocinando a los familiares de las masacres en las comisarías de Esteban Echeverría y Pergamino. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. No hay dispositivos de acompañamiento a las víctimas de violencia institucional. No hay una política seria con respecto a eso. Los papás de los chicos están devastados. Alguien tiene que acompañarlos, asistirlos. ¿Quiénes van a ser? ¿El servicio de salud mental? En el hospital, cuando fueron a retirar los cuerpos les dijeron barbaridades. A Yanina (madre de Camila), el médico le dijo: “Ah, acá está la mamá…si se le puede decir madre”. Al papá de Danilo le dijeron: “¿Para qué tenés diez hijos si no podés cuidar a uno?”. Eso es el Estado también. Creo que esa brutalidad es también responsabilidad del Gobierno. Por los discursos que enuncia. No desresponsabilizo al sujeto que lo hace, de todas formas. Pero, por otro lado, hay un discurso que lo habilita. Los medios de comunicación, muchos periodistas, reproducen esos discursos. Enseguida buscan la responsabilidad en las víctimas y en las familias. Pero en dónde hay que mirar, es al Estado. Un policía tiene un arma reglamentaria, que se la pagamos todos. Balas, que se las pagamos todos. Patrulleros, uniforme, sueldo. Responden al Estado. Son parte de su función pública. Entonces, el Estado está comprometido absolutamente. No es un problema de nombres propios, no son trece (la cantidad de detenidos por la masacre de Monte) los responsables. Penalmente, sí lo son. Pero hay responsabilidades políticas de las que el Estado se tiene que hacer cargo.
¿Qué políticas necesitaría la gente de Monte para comenzar a sentirse tranquila?
Ponerse a discutir la política de seguridad. Que le pregunten a la ciudadanía de Monte qué es lo que precisan. Pero además, que a las policías se las controlen. Que haya un control comunitario de la fuerza. Si las policías van a actuar en las municipalidades, si hay directores de Seguridad, también tiene que haber dispositivos de control y monitoreo. La policía tiene que rendir cuentas a la comunidad todo el tiempo. Nosotros hemos promovido consejos locales de prevención de la violencia institucional para darle atribuciones a ciertos sectores de la sociedad civil, para que puedan auditar a las policías. ¿Quién instruye a los policías? ¿Cuáles son los protocolos? Pidamos protocolos de actuación en la provincia de Buenos Aires. Y hay que discutir el tema del Estado policial. Porque, por ley, los policías tienen obligación de llevar el arma reglamentaria todo el tiempo. Están en estado policial las 24 horas. Muchas veces, las muertes por gatillo fácil son fuera de servicio. Alguien les intenta robar, entonces se defienden y matan. También hay femicidios. Nosotros registramos ocho por parte de policías con el arma reglamentaria.
¿Cuáles son los cambios que precisan la policía y el Estado para poder mejorar esta situación?
Hay que revertir absolutamente todo: profesionalizar las fuerzas, crear la policía judicial, o sea, separar a la policía de calle de la policía que investiga. Hay que crear las fiscalías de violencia institucional. Tiene que haber una dura política de control y transformación de las fuerzas de seguridad. Hay que tener una política de criminalidad que persiga a quienes controlan los mercados ilegales, que investigue el crimen organizado. Si vos vas a detener al que roba las ruedas del auto, pero no al que organiza el mercado de las autopartes, no vamos a resolver nunca el problema. Y muchas veces, en los que organizan ese mercado te encontrás con la policía. ¿La policía no sabe quiénes son los transas de un barrio? Sí, lo saben. Lo saben todos los vecinos. Lo sabe la policía, y los vecinos saben que la policía lo sabe. No van a ir a la comisaría a decir: “Che, a la vuelta de mi casa hay un transa”. ¿Qué podés hacer? ¿A dónde vas a denunciar? Estamos hablando de una democracia que se ha consolidado en Argentina, pero a la que le falta mucho para ser una democracia sustantiva. Hay una deuda pendiente muy grande con las políticas de seguridad, que no se han democratizado ni están al servicio de la construcción de la democracia.
Hace unos días, Patricia Bullrich fue entrevistada en un programa de televisión y, entre otras cosas, declaró que “antes, cuando la policía actuaba, aparecía un aparato ideológico como el CELS o Correpi, que lo condenaban por el simple hecho de ser policía”. ¿Qué opinión le merece?
Bullrich es una funcionaria importante en el gobierno nacional. Incluso se hablaba de cierta proyección de ella como candidata, por la buena política de seguridad que había tenido. La policía más dura, la mujer firme. Ella avaló a la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. No se admitió ninguna responsabilidad de su parte. En el marco de un operativo represivo, donde el Estado estaba presente, se produce ese hecho. Aún convalidando la versión judicial de los hechos de que el cuerpo estuvo en el río, aún aceptando esa verdad judicial, ¿la responsabilidad del Estado no existe? En su construcción narrativa sobre la Correpi y el CELS, es notable que para ella los Derechos Humanos sean un aparato ideológico. En buena hora, porque siente que estamos, que somos quienes los controlamos. Ahora, no creo que puedan sostener este discurso. Me parece que la gente vota otra cosa cuando vota. Por suerte. Si no te alcanza la plata para comer, si hay desocupación, si hay pobreza, por más que llenes las calles de gendarmes y policías…la gente no tiene para comer. En la provincia de Buenos Aires, las políticas de promoción de la niñez son el 0,37 por ciento del presupuesto. El Ministerio de Seguridad tiene asignado el 8 por ciento. Con esos dos datos ya tenés cómo se ubica el Estado. A ver si revertimos…bueno, no propondría una política tan radicalizada como decir “vamos a tener 100 policías en toda la provincia”, pero si estuviera más equilibrado ese presupuesto, si gran parte del presupuesto en seguridad se destina a políticas sociales, a protección de derechos, quizás tendríamos una sociedad mucho más segura. La violencia social se acrecienta cuando aumenta la desigualdad social. Esa es la madre de todas las violencias. Si el Estado no lo ve y sólo se le ocurre reprimir las violencias que producen las desigualdades con más violencia, estamos en un problema: hay que advertir que la democracia así corre peligro.
¿La democracia corre peligro hoy en día?
Sí. No en los términos de que haya un golpe de Estado, de que no podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero la democracia es la plena vigencia del orden normativo también. Acá se viola la Constitución todos los días. Si se violan los Derechos Humanos, se viola la democracia. Porque la democracia no es sólo un régimen, una forma de elegir a quienes nos gobiernan. Es otra cosa, tiene que estar vinculada con el acceso a derechos. No sólo los derechos políticos de votar, sino otro conjunto de derechos. No hay democracia plena sin plena vigencia de los Derechos Humanos.