El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de la Contraofensiva Montonera, que se prolongará hasta 2021, avanza a paso lento en San Martín.
El Tribunal anunció que las audiencias se extenderán hasta mediados  del año 2021.

La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.

Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.

Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.

Aún faltan declarar 336 testigos.

Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.

A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.

Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.

Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.

Rememoró los años 70, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.

Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.

El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.

Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.

Los familiares de los desaparecidos portaron fotos de las víctimas y se identificaron con flores rojas.

La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.

El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.

La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.

El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.