El fiscal federal Federico Delgado dice que se retirará del Poder Judicial porque ese ámbito comenzó a afectar su calidad de vida. Opina sobre el papel de los medios, las prisiones preventivas y el caso D´Alessio. ¿Qué pasó cuando quiso investigar a los funcionarios macristas?

 

«Investigamos los Panamá Papers y a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo», reflexiona el fiscal Delgado.

El fiscal federal Federico Delgado (49) ya anunció que se retirará pronto. Hace casi tres décadas que forma parte del Poder Judicial. “Somos los abogados de los ciudadanos”, afirma sobre su rol, y considera que “la justicia es un servicio público, no un trabajo” y que “las cárceles generan violencia y miseria”. Autor de dos títulos elocuentes, La cara injusta de la justicia -Paidós, 2016- e Injusticia -de Editorial Ariel, 2018- sostiene además que “la ley está divorciada de la justicia”.

Rodeado de expedientes, de jean y remera negra, recibe a ANCCOM en su oficina de Comodoro Py. Todavía recuerda cuando un auto lo hizo volar por los aires mientras andaba con su bicicleta: “Pasó en un momento donde yo era hostigado. La justicia no investigó más allá del accidente, el que me atropelló terminó con una probation, al testigo le secuestraron los hijos. La fragilidad es muy alta”. Fiscal desde 1997, siente que su cargo le ha empezado a afectar su calidad de vida y que puede, desde otro lugar que aún no sabe definir, colaborar en la construcción de instituciones fuertes y autónomas.

¿Qué es la justicia?

Es el sistema que en la posta democrática todos los ciudadanos consentimos que nuestros conflictos sean solucionados por el Estado, los juzgue un cuerpo burocrático de acuerdo a una ley y resignamos la venganza por la mano propia.

¿Sufrió presiones?

Presiones hubo siempre porque a ningún poder le gusta que lo investiguen. Jode y mucho la violencia institucional. A mí me fabricaron causas jueces federales con funcionarios públicos utilizando dispositivos mediáticos y haciéndolos circular por medios de comunicación. Eso es perturbador, es cansador porque tenés que soportarlo en un clima de una soledad extrema. Me preocupa el uso del proceso penal para múltiples cosas y no siempre para hacer justicia, hay un autoritarismo de las formas.

¿Qué opina del caso D’Alessio?

Lo de Marcelo D’Alessio lo sufrí y lo denuncié hace tiempo, hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado que a veces funciona articulada con intereses de políticos inescrupulosos, protagonizada por jueces inescrupulosos y por periodistas.

¿Cómo es esta relación justicia-medios?

Los jueces hablan por sus sentencias, no hablan con los periodistas. Pero uno ve las páginas de los diarios y están llenas de información judicial. O hay espías, o alguien habla. Es una dinámica perversa, porque en plena revolución comunicacional, se genera que la información judicial se conoce todo el tiempo, todo se juega en la relación de un juez o fiscal con un periodista por simpatías ideológicas o  personales, sacralizada en un off the record. La mayoría tiene que ver con operaciones y recortes de la verdad, gente que filtra información fragmentada que lesiona la verdad y deslegitima la justicia. No está profesionalizada la relación de la justicia con la comunicación.

¿Por qué?

La justicia ya dejó de ser un lugar únicamente para impartir justicia. Se cuelan operaciones políticas, disciplinamientos, casos de corrupción, internas partidarias. Hay un sistema judicial que se divorció de la Constitución. Si fueran diez o quince jueces fiscales truchos, los cambiás y listo. Este sistema tiene intereses políticos, empresarios y desarmarlo y volver a meter la justicia federal dentro de la Constitución es un trabajo colectivo arduo y nadie ha intentado enfrentarlo.

«Hay una fábrica de violencia institucional enquistada adentro del Estado», advierte el fiscal.

¿Qué implica investigar en serio la corrupción?

Investigué al gobierno anterior y al actual. Del actual nosotros investigamos Panamá Papers, a Gustavo Arribas, y terminé denunciado yo. Investigamos al Gobierno de la Ciudad y terminé apartado de la causa. Investigamos a Daniel Angelici y terminé con causas penales. Investigué a Marcos Peña y tuvimos problemas, a Odebrecht y terminamos con denuncias. Es tremendo el grado de fragilidad de las instituciones y la manipulación de la justicia. Se hace muy difícil y carecés de las garantías básicas para hacer tu trabajo que es que nadie te moleste por lo que hacés. Usan la ley como un arma para disciplinar a quien trabaja. Hay jueces que no son leales con la Constitución.

Las causas de corrupción tienen un promedio de 14 años de proceso…

Hay un problema sistémico. Los jueces, abogados, fiscales, el sistema judicial han torcido el procedimiento. Se hace “como que”, los mecanismos están tan viciados que los plazos no se respetan, se prolongan indefinidamente los procesos y llegás a la conclusión de que la Argentina y la justicia federal someten a las personas pero no las juzgan. Nadie merece estar quince años procesado, uno merece ser juzgado sea inocente o culpable.

¿Cuál es el avance de la causa Odebrecht en Argentina?

Una de las causas está en juicio oral y otra va en camino, avanzó. No tuvo la espectacularidad que tuvo en Panamá, Brasil y Colombia. Acá “los cuadernos de las coimas” es nuestra versión del caso Odebrecht. La relación entre las empresas y el Estado por la obra pública, en la Argentina se discutió de otro modo. Brasil no manda la información porque la información entre jueces y fiscales de otros países no depende de la justicia, sino del Poder Ejecutivo. Hay mecanismos que no se activaron.

¿Qué opinás sobre las preventivas y los arrepentidos?

No estoy de acuerdo con el arrepentido, es una figura eficaz pero que en términos éticos está mal que el Estado tenga que sentarse a discutir con un delincuente cómo viola la ley. En el caso de las prisiones preventivas, se deformaron porque funcionan como una pena anticipada y hay que reglamentarla para que no se aplique a la discrecionalidad de los jueces.