El gobierno porteño avanza con obras que mutilan los espacios verdes del barrio. Los vecinos proponen proyectos alternativos pero son ignorados por las autoridades.

 

La Plaza de las Esculturas se trasformó en un depósito de vagones del subterráneo.
«Saavedra no duerme cuando llueve», es el grito de protesta de los vecinos de la Asamblea de Saavedra.

“Lo que quieren son las tierras públicas, es el negocio inmobiliario”. Así se expresa José Olivo, referente de la asamblea del barrio Saavedra, para hablar de la política del gobierno porteño respecto de los espacios públicos del barrio. Desde finales de 2018, con la aprobación del Nuevo Código de Planeamiento Urbano, las obras planificadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta  cobraron un nuevo impulso, pese a la oposición vecinal.

El 2 de abril del 2013, el barrio se inundó y debido a ello fallecieron seis personas. La gravedad del hecho determinó que los vecinos conformaran  una asamblea que funciona activamente hasta el día de la fecha para articular numerosos reclamos. “Saavedra no duerme cuando llueve” es uno de los principales mensajes de visibilización que adoptó.

Un reclamo perdido fue el vinculado a la construcción de una planta de reciclado en el predio que se encuentra en Arias y Holmberg. Mercedes Austral, vecina de Saavedra e integrante de la asamblea, explica que “usaron la Plaza de las Esculturas como depósito de vagones de subte viejos y el barrio estuvo esperando y reclamando esa plaza durante 20 años”. Austral agrega: “Presentamos un amparo que nunca terminó de prosperar porque devino en abstracto cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. “Nuestra última propuesta fue que eleven la construcción y la hagan sobre una plataforma para que quede el espacio absorbente debajo. No nos escucharon”. La Plaza de las Esculturas nunca se inauguró y en cambio sí la planta de reciclado.

Al Parque Sarmiento quieren trasladar al Instituto Romero Brest. Docentes y estudiantes se resisten.

La Plaza debería formar parte del Parque Lineal Goyeneche, que se extiende a lo largo de la avenida homónima y que, con la sanción del nuevo Código, permite que se hagan diferentes edificaciones en los espacios verdes.  José Olivo cuenta que “los proyectos pensados para esta zona incluyen una guardia de auxilio, el centro de investigaciones de la Metropolitana y la instalación de un polideportivo de entrenamiento para la policía de la Ciudad.”.  

Uno de los puntos más conflictivos fue la construcción del túnel de Ricardo Balbín y la Avenida Donado. La obra estuvo parada un año debido a los reclamos vecinales. Sin embargo, la construcción se terminó sin tener en cuenta las observaciones de los habitantes del barrio sobre el gran caudal de los arroyos Medrano y Vega, que circulan subterráneamente en la zona. “Tanto la ingeniera hídrica como los vecinos, que luchamos para que una obra simplemente vial se transforme en una obra hidráulica, estamos preocupados que por la caída de 90 milímetros de agua se inunde el túnel”, señala Olivo.

“Cuando hacen este tipo de obras, nunca te quieren mostrar el impacto ambiental porque es desfavorable. Se supone que ese informe debería ser de acceso público. Ahora, además, cambió la Ley  de Impacto Ambiental y para obras de no más de 2.500 m2 no es necesario presentar ese  informe de impacto”, subraya Olivo.

Otro espacio verde que funciona como atenuador pluvial, y es además un lugar central de recreación, es el Parque Sarmiento, que fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El proyecto oficial actual pretende trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest a este parque. Al respecto, Olivo sostiene  que “estamos hablando con todos los que podemos para que se entienda cuál es la problemática. Inclusive la comunidad docente y educativa que forma parte del Instituto Romero Brest tampoco quieren venir al Parque. En donde están, tienen todas las comodidades: hace dos años que se terminó de construir y lo único queda es arreglar la pileta, no es que tienen que hacer una inversión astronómica para seguir funcionando ahí. Lo que el gobierno quieren son las tierras, es el negocio inmobiliario. Forma parte todo de lo mismo”.

La zona cercana al Romero Brest es una de las que podría experimentar mayores cambios. Entre los predios comprometidos con la iniciativa de Cambiemos,  se encuentran el CENARD y el Club Obras Sanitarias, en Núñez. Olivo agrega que “ahí tienen un corredor importante de tierras públicas que se juntan con lo que es el Tiro Federal para hacer lo que es un negocio inmobiliario impresionante”. Baldiviezo puntualiza que “de aprobarse estos proyectos, la Ciudad perderá parques públicos y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en Buenos Aires los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar su integridad”.

El Cenard es otra de las instituciones que el gobierno quiere trasladar para vender sus tierras a emprendimientos inmobiliarios.

La relocalización del Tiro Federal fue programada para el 2020. Ante esta decisión, la presidente de una institución que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en el 2005, redactó una carta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sosteniendo que “el análisis concreto de las presentes circunstancias fácticas determina que las previsiones legales reseñadas no se ajustarían, cabalmente, a las necesidades que requeriría nuestra institución para su supervivencia económica, y por ende, deportiva”. Sin embargo, el traslado del Tiro Federal hacia un sector pegado al Río de la Plata y cercano al Parque de los Niños, sigue vigente.

Otros espacios que se verían afectados con la reorganización de los barrios de Núñez, Saavedra y la zona cercana al río serían la cancha de River (de hecho su presidente, Rodolfo D’Onofrio, planteó la necesidad de mudar el estadio)  y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) que sería trasladado hacia el Hospital Muñiz junto con otros cinco hospitales. Según la lectura de Jonathan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “esta venta es parte de la mayor privatización de tierras públicas de la Ciudad, que ya incluye más de 350 hectáreas desde que gobierna el Pro”.