El microestadio de Atlanta fue diseñado para albergar a 16.000 espectadores.
El 14 de marzo, el titular del juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo, Aurelio Ammirato, dio lugar a la acción presentada por el colectivo de vecinos de Villa Crespo y suspendió de esta manera la explotación económica del Microestadio de Buenos Aires Arena, que se encuentra a cargo de la empresa AEG Worldwide y el grupo La Nación.
El estadio cubierto fue diseñado con 30 metros de altura y una capacidad para 16.000 personas. Se planeaban organizar allí unos cien espectáculos al año. Nada de esto sabían los vecinos, hasta que el 28 de marzo leyeron un artículo en el diario La Nación que decía: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo”.
Un proyecto de tal envergadura necesita, según la Ley Nº 6/98 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. Además, este tipo de obras necesita, según la misma norma, diversos permisos de impacto ambiental. “Estos permisos no se hicieron y por eso estamos acá” declaró Jonatan Baldiviezo de la Fundación Ciudad a ANCCOM.
Los afectados tomaron rápidamente cartas en el asunto. Los vecinos de Villa Crespo se autoconvocaron. Por medio de su organización y la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.
“Es razonable presumir su incidencia potencial sobre la capacidad de la infraestructura vial y de servicios”, dictaminó el juez al conceder el amparo. También señala que la empresa Metrogas ha tomado en cuenta el caso y ha declarado que la provisión del servicio de gas no es factible debido a la cantidad de suministro que necesita una obra de esta índole. Pero también aclara que la distribuidura gasífera recibió una declaración del proyecto como de uso residencial del servicio y, por ejemplo, no refleja el uso de los locales gastronómicos que tiene proyectada la obra.
Al mismo tiempo, la constructora solicitó a AySA la provisión de cloacas y servicio de agua para 19.840 m2 Pero la superficie total a construir es, en realidad, de 28.715 m2.
EDESUR, a su vez, manifestó solo una mera factibilidad de provisión de servicio ya que la empresa AEG Worldwide no presentó las actuaciones tramitadas ante la Agencia de protección Ambiental ni la documentación necesaria para que la distribuidora pueda precisar el caudal a brindar.
A nivel transporte, según detalla la sentencia, el único programa de manejo de tránsito y transporte contenido en el estudio técnico sólo se refiere a contemplar a la situación de los servicios de traslado público en etapa de obra y no durante la explotación del proyecto.
En dialogo con ANCCOM, Ingrid, vecina de Villa Crespo y una de las representantes del colectivo La Voz Vecinal explicó qué cambió con respecto a la situación conocida en 2018: “Lo más significativo fue que se amplió el grupo de personas que está movilizado. La gente no se movilizó antes porque no estaba enterada y en la medida que se iban enterando se iban indignando”.
La actividad, según los vecinos, impactará tres veces por semana en su vida cotidiana, lo que ha generado la decisión política de manifestarse y organizarse. En base a esto, Ingrid mostró su felicidad por la concesión de la medida cautelar: “Nos da mucho orgullo. Lo importante es que el diagnóstico del juez fue el mismo que el de los vecinos, algo que es de sentido común. Es irrisorio pensar una obra de esta envergadura sin un estudio de impacto ambiental. Los pasos a seguir es realizarlo y esto cambia totalmente las cosas. Eso implica contempletar cosas que ni si quiera estuvieron en consideración, como el estacionamiento y los servicios públicos”.
Si bien el proyecto de ley N° 5.874 de 2017 fue aprobado por 46 de 57 legisladores, hubo casos como el de la legisladora por el FIT, Laura Marrone, y dirigentes de la izquierda como Luis Zamora y Vilma Ripoll que se manifestaron públicamente en contra del microestadio.
“Estamos en plena campaña para sumar apoyo. A pesar de esto tuvimos gente simpatizante de Atlanta que nos han sido hostiles sobre todo en Facebook, diciéndonos que si no nos gusta la situación, que nos vayamos del barrio” cuenta la entrevistada.
Ante estas amenazas, los vecinos acudieron a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, a cargo del abogado Marcelo D’Alessandro. Ingrid dijo al respecto: “Lo más triste de esto es que nuestro problema no es con el club, sino con la Ciudad que es la que entregó este terreno para el usufructo de AEG Worldwide y a La Nación.”
Los vecinos entienden que el gran beneficiario es el capital privado y que el problema no es con Atlanta. En reunión con los organizadores del proyecto, los vecinos declaran haber sido acusados de entorpecer la obra. Además, el conflicto también se genera cuando AEG Worlwide y La Nación fueron eximidos, según la Ley de la Edificación, del pago de impuestos por 40 años. Y además, cabe aclarar que Atlanta, según aseguró Ingrid, recibirá sólo el 0,3% de la facturación del proyecto.