Los vecinos de Villa Crespo presentaron un recurso de amparo para frenar el estadio para 16.000 personas que el diario de la familia Mitre quiere construir. Un comodato por 40 años, exenciones impositivas y carencia de estudios de impacto ambiental, entre otras prerrogativas que concede la Ciudad.
En 2017, el Gobierno de la Ciudad le cedió por 40 años al club Atlanta, más de 28.000 m2 de tierras públicas.

La placidez del barrio de Villa Crespo se encuentra violentada. En septiembre de 2017, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, con amplia mayoría (46 de 57 legisladores), la Ley 5874, por la cual, el Gobierno de la Ciudad le cedió por 40 años al club Atlanta, más de 28.000 m2 de tierras públicas ubicadas en la calle Humboldt 486, entre Padilla y Camargo. Al mismo tiempo, en esos terrenos fue autorizada la construcción de un estadio cubierto de 30 metros de altura y capacidad para 16.000 personas, donde se esperan hacer cerca de 100 eventos por año.

Una edificación de tal envergadura necesita, según la Ley 6/98 de la Legislatura porteña, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. No obstante,  una vez comenzada la obra de la calle Humboldt, la única notificación que tuvieron los vecinos del barrio porteño fue por medio de una nota aparecida en el diario La Nación.

El 28 de marzo de 2018, el periódico publicó: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo.” Un detalle que no advertía la nota: las empresas que llevan adelante el emprendimiento –después de que lo dejara trunco la firma Lugones Center S.A.- son el Grupo La Nación y la multinacional AEG Worldwide, conocida por construir arenas de este tipo a nivel global.

La reacción de los vecinos de Villa Crespo fue inmediata. Se autoconvocaron, se organizaron y por medio de la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo ambiental para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir lo que sería el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.

La única notificación que tuvieron los vecinos del barrio de Villa Crespo fue por medio de una nota publicada en el diario La Nación.

Historia de una obra inconclusa

El conflicto por el microestadio tiene su origen en el año 2005, cuando el entonces jefe de Gobierno Jorge Tellerman cedió los terrenos ubicados en la calle Humboldt entre Padilla y Camargo por medio de la Ley 1643. Siete años después, la Legislatura porteña aprobaba la Ley 4270 mediante la cual entregaba el predio en comodato a Atlanta, con el objetivo de ampliar la sede social y construir un miniestadio cultural y deportivo. Aún así, una parcela de tierra quedaba todavía en manos del Gobierno porteño. En contrapartida, le exigía al club construir una escuela, un centro cultural y un espacio verde.

“Ellos interpretaron de esa ley que se podía construir un estadio cubierto, cuando en verdad nunca los autorizó” explica Jonathan Valdivieso, abogado de la causa a favor de los vecinos.

En 2014, la empresa Lugones Center S.A., a cargo de Miguel José Mancini, recibió un crédito del Banco Ciudad por 100 millones de pesos para encarar la edificación del microestadio. Pero un año después, ya comenzada la obra, se desplomó un techo. Desde ese momento, el proyecto quedó parado y la constructora desapareció. Como huella, dejó un pequeño elefante blanco en el corazón del barrio bohemio.

Es en el año 2017 cuando el Grupo La Nación se introduce en la escena. Según Valdivieso, la empresa exigió al Gobierno mayor seguridad jurídica y una nueva ley que estipulara explícitamente una sesión del terreno por 40 años, la autorización para construir un microestadio, exenciones impositivas y del ABL y un compromiso oficial de mantenimiento y conservación de sumideros. Para llevar adelante la construcción, además, era necesaria una reforma del Código de Planeamiento Urbano.

“Para esta clase de edificaciones son necesarios permisos ambientales de los más rigurosos, ya que tienen un impacto más elevado que el resto”, explica Valdivieso y agrega: “La Legislatura aprobó esta construcción sin ningún tipo de examen sobre la obra. La firma que planificó la obra tampoco hizo esos exámenes y consiguió los permisos de un impacto ambiental leve”.

Según la Ley 6/98 de la Legislatura, una vez aprobados los permisos ambientales, es necesaria una audiencia pública para corroborar la conformidad de los afectados por la obra. “Esta consulta jamás sucedió”, detalla Valdivieso.

“Ellos interpretaron de esa ley que se podía construir un estadio cubierto, cuando en verdad nunca los autorizó” explica Jonathan Valdivieso, abogado de la causa a favor de los vecinos.

Fuerza Vecinal

Valdivieso presentó un recurso de amparo en el Juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo a cargo del juez Aurelio Ammirato. Una vez finalizada la feria judicial debería resolverse el pedido de medida cautelar. “Nuestra idea es declarar nulos esos permisos ambientales otorgados y posteriormente suspender la obra”, apunta Valdivieso. “Nosotros peleamos por un ambiente saludable dentro de nuestra vida urbana”, finaliza.

Mora Arauz, coordinadora de la Fundación Ciudad, completa: “Nuestro vínculo es para con el derecho de la gente a discutir su calidad de vida y los problemas ambientales que los rodean. Hay temor de los vecinos a realizar cualquier acción legal, por eso nosotros estamos para ayudarlos y representarlos. Y acá es claro, es totalmente ilegal lo que se ha hecho. Contamos con la ventaja de que hay una gran masa de vecinos organizados”.

Según la institución, ambientalmente se generará un caudal de tránsito inviable para el barrio, acompañado de excesivo ruido que impactaría directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

“Nuestra idea es declarar nulos esos permisos ambientales otorgados y posteriormente suspender la obra”, apunta Valdivieso.

Arquitectura en disputa

Los vecinos de Villa Crespo necesitaron de asesoramiento arquitectónico y urbanístico para comprender la situación que los absorbía y para tomar conocimiento académico del caso. Por eso, el Observatorio del Derecho Ciudad analizó el caso en detalle y subrayó las irregularidades.

“El desarrollo de la ciudad a partir de la inversión privada es algo que ha dominado la sociedad y a los gobiernos. Tiene que ver con un excedente de capital que se materializa en inversión de bienes raíces”, señaló el urbanista Silvio Schachter, colaborador del Observatorio. “La lógica patrimonialista es algo que ha nacido con la Argentina misma –argumenta-. La propiedad está vista como un bien de valor privado, de cambio, y no como un bien de uso con valor social, un usufructo de tierras del Estado por parte de particulares”.

El Estado se ha transformado, con el correr de los años, en el principal vendedor de suelo urbano para uso privado. Esto se conecta,  según Schachter, con la idea de concebir a Buenos Aires como una ciudad de la cultura y del espectáculo, tratando de emular a ciudades como Londres o Paris: “La ciudad no tiene el patrimonio antropológico que puede tener alguna localidad de Mesoamérica. Entonces lo que se vende es la idea de la vida nocturna, el espectáculo, que está muy ligado a la idea del mainstream globalizado” explica Silvio.

En sintonía con esta idea, la ciudad encuentra en Atlanta un lugar ideal.  “Las grandes ciudades del mundo, tienen su propio estadio cubierto y eso les da ese status. Por eso Buenos Aires busca imitarlo”.

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