Victoria Basualdo define a la responsabilidad empresarial en la represión de la dictadura como  la etapa más tardía en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué la condena por delitos de lesa humanidad a los gerentes de Ford casi no tuvo lugar en los medios de comunicación?
Victoria Basualdo en entrevista con ANCCOM.

El 11 de diciembre Argentina hubo una sentencia histórica: dos ex directivos de la multinacional automotriz Ford Motors fueron condenados por crímenes de lesa humanidad contra 24 trabajadores durante el golpe cívico-militar de 1976.

Pedro Muller, por entonces jefe de manufactura, hoy tiene una condena de 10 años de prisión. Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad recibió 12 años. Por otra parte, la Justicia condenó a 15 años al militar Santiago Riveros. Todos ellos fueron partícipes necesarios en los secuestros y torturas que acontecieron en la planta fabril de General Pacheco. Los ex directivos entregaron a las Fuerzas Armadas listas, legajos y fotos de los trabajadores que a la postre resultaron desaparecidos.

Especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y del Programa de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos realizaron un informe titulado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”.  Victoria Basualdo es investigadora del Conicet, trabaja en el área de Economía y Tecnología de Flacso y participó de esta extensa investigación sobre la complicidad empresarial con la dictadura, un insumo que sirvió para condenar a los directivos de la Ford. En diálogo con ANCCOM habló sobre su trabajo y analizó la repercusión de la sentencia.

¿Qué te motivó a formar parte de  la investigación en la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad?

Hace 15 años que vengo investigando sobre estos temas. Trabajé sobre la organización sindical de base en las grandes fábricas industriales entre la década del 40 y 80,  los casos de Alpargatas y Acindar. Aparecieron cuestiones vinculadas a la agenda de investigación sobre responsabilidad en estos delitos, que en ese momento se lo denominaba “complicidad” empresarial. En el año 2006, la CTA me invitó a escribir un tema que fuera significativo para pensar la dictadura desde los trabajadores, y escribí Complicidad patronal militar. Comparaba seis casos que permitían ver que había un patrón de funcionamiento. Entre 2014 y 2015 se analizaron 25 casos de empresas en todo el país.

¿Con qué se encontraron?

Los casos fueron seleccionados haciendo una lista de empresas, de las cuales había desaparecidos y de las que teníamos evidencia preliminar de responsabilidad empresarial. Hubo variedad en términos regionales y de actividades económicas, desde astilleros hasta automotrices como Ford, Mercedes Benz y Fiat,  siderurgias, cementeras, gráficas, industrias alimenticias y textiles. Analizamos la trayectoria de estas empresas, la historia de organización sindical y de los conflictos, las políticas represivas desplegadas sobre el colectivo de trabajadores. El conjunto de prácticas represivas se repetía. Secuestros en el lugar de trabajo en casi el 90% de los casos, entrega de recursos logísticos y materiales de la empresa a las fuerzas, listados de trabajadores a ser secuestrados, información respecto de dónde ubicarlos, provisión de vehículos,  alimentos y financiamiento. Se repetía la presencia de funcionarios empresariales tanto en la detención de trabajadores como en la tortura y, en 5 de los 25 casos, nos encontramos con la existencia de centros de detención dentro de los establecimientos fabriles, como en el caso de Ford.

¿Por qué el sector empresarial  se alió con las fuerzas militares?  

Un motivo en común de preocupación era el accionar sindical que, desde el Cordobazo en adelante, empieza a tener un protagonismo a nivel nacional. Comienza a constituirse como una preocupación, tanto para las Fuerzas Armadas como para los sectores empresariales. Este es el punto central de confluencia, porque se sientan hacer listas, a detener trabajadores y sindicalistas.

¿Qué suponía la destrucción de la representación gremial y de los derechos de los trabajadores? 

El papel de la representación gremial es fundamental. En la causa Ford hubo un proceso de consolidación de estructura sindical fuerte en la primera mitad de los años 70, ampliación incluso del universo de lo sindicalizado, incluyendo al sector del comedor, que no tenían inclusión dentro del sindicato de automotores, cambiando sus condiciones de trabajo y los niveles de protección. Justamente son estos trabajadores del comedor los primeros en ser secuestrados, el 24 de marzo de 1976.  La importancia otorgada a la representación gremial, a la defensa de los derechos de los trabajadores, y a la organización dentro del lugar de trabajo es de importancia crucial para entender este doble involucramiento entre sectores empresariales y fuerzas militares.

¿Cómo era el modus operandi de los gerentes?

El alegato final (en el juicio Ford) muestra cómo y por qué un gerente de Seguridad tiene control sobre lo que entra y sale de la fábrica y todo lo que pasa dentro del establecimiento. El personal de seguridad está al tanto de lo que sucede y tiene involucramiento en esto, lo mismo el gerente de Manufactura, a través del análisis de lo que significa el método fordista de producción, un método científico que se basa en el control absoluto de lo que sucede en el lugar de trabajo. Es imposible pensar que se produzca el secuestro de 24 trabajadores y su traslado a un quincho interno dentro de la planta para ser torturados sin que el gerente tenga dominio sobre est. Lo mismo con el traslado afuera. a una comisaría.

¿Los trabajadores eran elegidos arbitrariamente?

El denominador común muy claro de las víctimas es su carácter de trabajadores y su involucramiento en procesos de organización sindical y de defensa de sus derechos, y muchos de ellos eran además delegados y referentes en la fábrica. Cómo se hizo la selección individual uno a uno es algo que no se llegó a determinar del todo, logramos llegar a certezas dentro de la investigación pero hay todo un circuito de contactos entre las fuerzas armadas y empresarios a los cuales no pudimos llegar. En el informe detectamos otras víctimas conectadas con Ford, trabajadores y familiares, por lo menos 13 víctimas que no fueron incluidas en estas 24.

¿Cómo se vivió la lectura del fallo? ¿Qué repercusiones tuvo la sentencia contra los ex directivos?

Fue increíble. El martes 11 de diciembre de 2018 fue un momento muy especial, en todo sentido. Era la conclusión de un juicio que los trabajadores estuvieron esperando durante 42 años, intentaron todo lo que tenían a su alcance para encontrar pruebas. Un juicio que tuvo incidencias: el presidente del Tribunal fue designado en Casación y dejó el tribunal, demoras para el comienzo del juicio oral, uno de los hijos de los trabajadores sufrió un infarto antes de declarar. Ese martes diluviaba, había mucha gente, sólo algunos pudimos entrar a la sala de audiencia, antes de que comenzara la lectura de la sentencia se cortó la luz, dio lugar a cánticos, finalmente se recuperó. El Tribunal pidió que no se exteriorizaran sentimientos antes de finalizar la sentencia y que permitieran leer todo. Lo que podía significar una mala noticia. En la lectura establecieron que estos hechos tienen que encuadrarse como delitos de lesa humanidad. Por otro lado fue emocionante cuando leyeron la calificación dada a cada unos de los imputados, una sensación de que estaba ocurriendo algo histórico. Algo difícil de acreditar en el marco judicial.

¿Por qué es una sentencia histórica?

Porque es la primera vez que se analiza la responsabilidad de gerentes en la violación de derechos humanos de trabajadores de la propia fábrica. Además, se consideró como causal la actividad sindical. No se puede explicar la enorme dificultad de judicialización de estas causas si no es teniendo el cuenta el poder que tienen estas empresas para condicionar la discusión pública. La repercusión que tuvo la sentencia a nivel local fue mínima, en relación a lo que fue a nivel internacional, hubo notas en decenas de idiomas. Estamos hablando de una de las multinacionales más importantes que marcó desde su nombre y su modo de producción las historia del capitalismo contemporáneo.

¿Creés que esta sentencia reivindica la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el retorno a la democracia?

Por supuesto. La condena permite poner freno a la violación de derechos humanos. Hay una relación entre la agenda de responsabilidad empresarial con la agenda que analizó y buscó judicializar las responsabilidades militares. Se está pensando la responsabilidad indiscutida de las fuerzas en articulación con otros grupos de poder muy significativos.

¿Qué reparación simbólica pidieron las víctimas?

La querella privada de los trabajadores pidió como medida de reparación y como garantía de no repetición, que se disponga la colocación de una señalización como sitio de memoria en la entrada de la fábrica y el quincho, con un acto que cuente con la presencia de los trabajadores, sus familias, y todo el personal de la empresa. Que se ponga a disposición del público los archivos de la empresa especialmente los vinculados al periodo de 1976–1983. Que se disponga la firma de un convenio con el CONICET para el otorgamiento de becas que puedan llevar los nombres de los trabajadores secuestrados para investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Que se realicen formaciones en derechos humanos para todo el personal de la fábrica, que incluya una charla de los ex trabajadores sobrevivientes y sus familias, entre otras acciones.

¿Frente a este fallo, es posible que se investigue el caso de otras empresas implicadas en estos mismos crímenes?

Hay otras causas en este momento, en etapa de instrucción o abiertas a la incorporación de material adicional. El caso de la Veloz del Norte abierto nuevamente a discusión.  Hay una gran cantidad de causas posibles en la Argentina, la causa Ford es la punta del iceberg de un patrón de violaciones a los derechos humanos y laborales por parte de empresas.