Por Macarena Gómez
Fotografía: Julieta Colomer

Alumnos con guardapolvo frente a la puerta de la Escuela Nº 3 D.E. 7º "Primera Junta"El 9 de noviembre se publicaron los resultados de la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2019, donde miles de niños y niñas quedaron expulsados del sistema de educación pública. En base a una proyección de los datos presentados oficialmente por el Gobierno porteño en los últimos años, se estima que son alrededor de 22.000 chicos quienes, principalmente en el nivel inicial, no tendrán su lugar asegurado en las aulas el año próximo.

La asignación se dio en un contexto de incertidumbre, donde el Gobierno de la Ciudad publicó los resultados y después eliminó esa información por varias horas, provocando la angustia de las familias expectantes. “A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot, a quien el sistema le denegó el cupo para su hija.

El grupo multitudinario “Vacantes para tod@s en las escuelas públicas”, es un colectivo conformado por madres, padres y docentes damnificados por esta problemática que fue profundizada con la implementación de la modalidad de inscripción online en 2014. El mismo funciona como una red colaborativa entre familias donde se comparte información sobre el funcionamiento del sistema, formas de reclamo y asesoramiento legal. Patricia Pines, una de las fundadoras, denuncia la ausencia de presupuesto destinado a la construcción de nuevas escuelas: “El gobierno se ampara en la excusa presupuestaria, pero eso es refutable ya que destinan el doble de dinero a publicidad oficial. Por eso asistimos numerosas veces al Ministerio de Educación a denunciar que no se cumple la construcción de los 75 establecimientos prometidos, pero la respuesta es siempre `apagarnos el aire acondicionado` mientras reclamamos con nuestros hijos a upa en pleno diciembre. Nos cierran la puerta en la cara”.

Pines explica que, junto a la comunidad que tiene alrededor de 10.000 miembros, lograron iniciar casi 300 amparos individuales de los cuales el 95% resultó favorable: “Esto significa que las familias a las que el sistema no les asignó vacante, logran obtenerla luego de un tiempo”. Sin embargo, aclara que esto es sólo una solución a corto plazo ya que se trata de una minoría dentro de la multitud de niños y niñas que se quedan afuera y que deben buscar otras opciones: “Esta es una política de privatización de la educación pública. Los que son excluidos, si es que sus familias pueden, se terminan inscribiendo en escuelas privadas”. Como en el caso de Marina Guitelman, mamá de Juana, a quien le negaron la vacante por tercer año consecutivo: “Una vez más quedamos en lista de espera, esta vez en sala de 4 de un jardín que tenemos a dos cuadras. El año pasado presentamos un amparo judicial, pero tuvimos sentencia negativa, por eso tuvimos que inscribir a nuestra hija en un jardín privado que pagamos con esfuerzo y ayuda de nuestros familiares. El sistema está diseñado así, te empuja a contratar niñeras, o a pasar al sector privado”, comenta.

Cuando no existe la posibilidad de contratar un servicio de niñeras o de pagar una institución privada, para Micaela López Rodríguez, de la organización “La Vacante es un derecho”, la falta de vacantes implica un doble juego: “Incide sobre todas las familias, pero también entendemos que hay una mayoría de situaciones en donde es la mujer la que tiene que generar una estrategia de cuidado.  No solamente recae sobre las mujeres trabajadoras, sino también sobre aquellas que se dedican al trabajo doméstico que, como todas, tienen derecho a tener tiempo para sí”.  En la misma línea, Pines asegura: “Esta problemática atenta con la posibilidad de las mujeres de desarrollarse no sólo en el ámbito laboral, sino que hace incompatible la maternidad con cualquier proyecto de vida, porque si no hay jardines y no se puede pagar una niñera, ninguna madre tiene la posibilidad de hacer otras tareas».

Tres alumnos de espalda frente a la puerta de una municipalidad.

“A los que la plataforma nos decía que no teníamos vacantes nos dijo luego que esperemos, y lo mismo a los que ya la tenían asignada”, explica el periodista Werner Pertot.

Este año la problemática afectó principalmente al nivel inicial, donde la falta de escuelas se combina con la política de cierre de jardines maternales y salas de lactarios. Tal es el caso de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 6, más conocido como el jardín del Hospital Ramos Mejía. Luisa Cendoya, quien encabeza la lucha contra el cierre de esta institución, promovido por el Ministerio de Educación, comenta: “Mi hijo hoy está en sala de lactarios y entiendo que será de la última camada. En las inscripciones la sala de lactarios no fue ofertada para 2019. Al publicarse los listados definitivos, nos dimos cuenta que el sistema dejó a muchas familias anotar a sus hijos en otras salas, pero que finalmente no figuran en lista de espera en ninguna institución. La conducción del establecimiento confirmó que son 1652 los niños y niñas afectados”.

El Gobierno intentó saldar la falta de cupos en el nivel inicial suplantando la construcción de escuelas por la creación de Centros de Primera Infancia, (CPI). “Son instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, las personas a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente, y si lo tienen, no están contratadas bajo el convenio de docentes, ni los mismos derechos ni obligaciones, esto significa un gran retroceso pedagógico. En los últimos años han crecido exponencialmente, cuando el PRO empezó a gobernar la Ciudad, se estimaba que había 20 CPI, hoy son 120”, explica Pines.

Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, puntualiza en relación a la proliferación de CPI: “El Estado es responsable de generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación desde los 45 días de acuerdo con la Constitución de la Ciudad. Esto significa que existan vacantes para todas las familias y que la propuesta pedagógica se desarrolle en instituciones educativas. En este sentido, es cuestionable la política del gobierno que expande los CPI y no así la construcción de escuelas de nivel inicial”.