Por Micael Ricco
Fotografía: ARCHIVO ANCCOM: Valentina Bellomo, Debora Valado, Magalí Druscovich, Nicolás Parodi

La aprobación del Presupuesto para el año 2019 en la Cámara de Senadores, en consonancia con los lineamientos impuestos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), representa un nuevo golpe a las necesidades prioritarias de la sociedad. Uno de los ítems más afectados será, sin dudas, el sistema educativo.

Un informe elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) indica que la participación de la educación en el presupuesto se reducirá de un 7,1 a un 5,5 por ciento en 2019 respecto a este año. En la misma línea, se puede observar que, si bien en términos nominales la partida presupuestaria duplica a la de 2016, teniendo en cuenta que en los tres años transcurridos los precios aumentaron un 125 por ciento, la disminución real es del 17 por ciento. Si se toma como parámetro el aumento de la comunidad educativa en el período 2016-2019, estipulada en 500 mil alumnos, el ajuste presupuestario representa un 20 por ciento de disminución en la inversión por cada estudiante.

“La sanción del Presupuesto para el año que viene es de alguna forma ponerle la firma a la dependencia respecto al FMI, mientras que el ajuste es parte de un proyecto político que tiene como objetivo el desmantelamiento de la educación pública”, asegura la Doctora en Educación Graciela Morgade. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA agrega que la reducción presupuestaria no solo afecta al crecimiento y la renovación de las instituciones educativas, sino también al cuidado de los edificios. ”En la localidad de Moreno, la mayoría de las escuelas no tienen clases hace tres meses. Esto demuestra que la desinversión afecta tanto el desarrollo de nuevos institutos como el mantenimiento de los que ya existen”, explica.

En la distribución, el 61 por ciento de la partida presupuestaria está destinado a las facultades, mientras que el 39 restante se divide en Cultura, Becas, Ciencia y Tecnología, Fondo de Incentivo Docente y programas afines. El ámbito académico es el más “beneficiado” por el presupuesto, aunque teniendo en cuenta el notorio ajuste, el porcentaje lejos está de satisfacer las necesidades. “Las universidades se ven en algún punto favorecidas por la buena relación entre algunos rectores y el Gobierno, aunque la distribución no es homogénea y no todas gozan de los mismos beneficios”, subraya Morgade, quien entiende que las instituciones “jóvenes” sufren más los problemas estructurales en comparación con las casas de estudio tradicionales.

En diálogo con ANCCOM, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), sostiene que “el presupuesto solo sirve para los sueldos de los docentes y el mínimo funcionamiento de la universidad. Nosotros tenemos edificios nuevos, los servicios tienen un incremento cada vez mayor y no están subvencionados”. La situación de la UNDAV muestra la incidencia del ajuste en instituciones de estudio superior creadas durante la última década. “Si a esto le sumamos las necesidades eventuales que puedan surgir y los sueldos de los no docentes, llegaríamos a fin del año que viene con lo justo, sin contemplar gastos en construcción, desarrollo ni crecimiento” asegura Calzoni.

Respecto a la infraestructura y el equipamiento, el documento de la UNIPE muestra una reducción presupuestaria del 75 por ciento en 2019 en comparación con el 2018. El importe estipulado para el año próximo es de $ 2.600 millones, mientras que este año fue de $9.200. El crecimiento en el presupuesto para este sector entre 2017 y 2018 está fundamentado en la implementación de varios proyectos de arquitectura y construcción financiados por organismos internacionales. No obstante, hasta octubre solo se había ejecutado un 27 por ciento del importe total.

Uno de los sectores más afectados dentro del sistema educativo es la rama de Ciencia y Tecnología. El informe estipula que, teniendo en cuenta la creciente inflación desde el año 2016, la partida presupuestaria destinada al sector supondría una disminución del 14 por ciento en valores reales. “La desinversión en organismos como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), entre otros, supone una pérdida de autonomía científica que también impacta directamente en el sector universitario”, afirma Morgade.

Desde la década del ’90, el presupuesto de la educación no universitaria es diagramado y ejecutado por cada provincia de forma autónoma. No obstante, hay instituciones de estudio superior que tienen bajo su órbita a colegios secundarios, tal es el caso de la UNDAV. “Hay gastos que el Estado no contempla, nosotros tenemos una escuela técnica a jornada completa con comedor, también hay que pagar servicios y trabajo no docente. Esto nos obliga a eliminar proyectos para abrir nuevas carreras y nos impide incorporar nuevos docentes especializados, además de estancarnos en investigaciones y construcciones edilicias”, explica el rector de la institución.

Ante el desfasaje entre la inversión y el aumento desmesurado de los precios desde que la gestión actual gobierna el país, es trascendental un crecimiento exponencial en el presupuesto para equilibrar la balanza. Como especifica el informe, sería necesario un aumento presupuestario del 23 por ciento anual a nivel general, con partidas adicionales para sectores especialmente afectados como la franja etaria comprendida entre los 18 y los 29 años, y provincias particularmente carenciadas en este aspecto como Buenos Aires (Conurbano), Neuquén, Tucumán y Mendoza. Aunque el panorama para los próximos meses no parece ser auspicioso.

“El proyecto de Cambiemos tiene como fin el desfinanciamiento de todo lo público, de esa forma cada vez habrá más paros, por ende más excusas para la criminalización y la posterior privatización en pos de la “eficiencia”, concluye Morgade. La frase deja en evidencia que la educación está cada vez más lejos de ser un derecho y más cerca de ser un privilegio.