Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.
La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.
Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.
Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo. “En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.
La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).
«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.
En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.
“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.
En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.
La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.
Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.
Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.
También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.
Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.
Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.