Mediante un decreto, el Gobierno porteño avanza con el “Complejo hospitalario Sur”, que supone el cierre de cinco hospitales monovalentes para reemplazarlo por uno polivalente. Denuncian negocios inmobiliarios y perjuicios sanitarios.

Una inminente reforma hospitalaria sacude a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que circulara el proyecto conocido como “Complejo Hospitalario Sur”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño que implicaría el cierre de cinco hospitales monovalentes para el establecimiento de un único complejo polivalente de alta complejidad, que se construiría en el actual Hospital Muñiz.

Esta semana, mediante el Decreto Nº 297/18, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó que el Ministerio de Salud “propicia el desarrollo del Complejo Hospitalario Sur”.

Es la primera medida de trascendencia pública sobre la iniciativa, ya que no hay un proyecto de ley formal en circulación. Se informó, además, la modificación de la estructura del Ministerio de Salud a los efectos de la puesta en marcha del plan, con la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur, que funcionará por fuera de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

El “Complejo Hospitalario Sur” plantea el cierre y transformación en institutos del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), que serán trasladados al predio del Hospital Muñiz. Se trata de un antiguo proyecto que plantea la necesidad de una modernización de los establecimientos de salud dada la antigüedad y mal estado de los edificios, que ya había sido rechazado en dos oportunidades por la Legislatura porteña: en 2008 y 2010. En ambos casos la iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el actual Presidente Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

En abril de este año fue presentado nuevamente a los directivos de los hospitales involucrados mediante una presentación de 62 diapositivas. El documento informa que se construirán 50.000 m2 nuevos y se remodelarán otros 10.000 m2 con un costo total de 160 millones de dólares de obra y equipamiento. Para el financiamiento se contempla la venta de los terrenos del Udaondo, Ferrer, Curie e IREP, con lo que se obtendrán 124 millones de dólares, según la tasación realizada en LJ Ramos Brokers Inmobiliarios en diciembre de 2017. No se aclara cómo se financiarán los 36 millones de dólares faltantes. En esa ocasión, el Gobierno comunicó a los directivos que se tomarían todo el año 2018 para evaluar la viabilidad del proyecto. La licitación y el comienzo de la obra serían en 2019, mientras que la culminación y el traslado se prevén para el 2021.

En julio, el Gobierno informó mediante el Boletín Oficial la quita de la condición de patrimonio histórico que tenían varios pabellones del Hospital Muñiz, con el argumento de que el deterioro de los edificios es tal que no pueden prestar servicios sanitarios. Esto habilitaría la demolición de varios de ellos.

Los trabajadores de la salud de los hospitales involucrados se muestran preocupados por las implicancias sanitarias que tendrá la iniciativa y denuncian un millonario negocio inmobiliario detrás. En este marco rebautizaron el proyecto como “plan de hospitales 5×1” y comenzaron a realizar asambleas de trabajadores autoconvocados en cada institución. Las manifestaciones en contra del Complejo Hospitalario Sur incluyeron abrazos simbólicos a los establecimientos, junta de firmas e incluso la conformación de una asamblea interhospitalaria que se movilizó para exigirle respuestas a la Ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, quien -afirman- les cerró las puertas y hasta el día de hoy se mantiene en silencio. La pregunta es cuál sería el costo sanitario, según los trabajadores de salud, de los hospitales involucrados.

Pérdida de la identidad

El Muñiz es uno de los hospitales públicos monovalentes de la Ciudad de Buenos aires, el único especializado en enfermedades infecciosas. Se inauguró en el año 1882 bajo el nombre Casa de Aislamiento dada la insuficiencia de los hospitales existentes al momento para atender enfermedades infecciosas. En 1904 adquirió su nombre actual, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz. “Son más de cien años de trabajo ininterrumpido e interdisciplinario al servicio de las enfermedades infecto contagiosas, los profesionales médicos y no médicos creemos que esa trayectoria no se puede desechar”, expresa Daniela Sabaj, licenciada en Bioimágenes y representante de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del Muñiz, en diálogo con ANCCOM.

El Muñiz sigue siendo en la actualidad el único hospital especializado en infecciosas. “Realizamos diariamente miles y miles de nuevos diagnósticos de tuberculosis y HIV”, cuenta Sabaj. Y subraya la importancia de la atención de estas enfermedades por profesionales especializados: “Por dar un ejemplo, han habido decenas de casos en terapia intensiva de chicas jóvenes con prepaga a las que les habían diagnosticado anorexia nerviosa y en realidad tenían una tuberculosis que se las estaba llevando. Nosotros nos especializamos en eso y lo vemos donde otros profesionales de la salud no lo ven. Para nosotros una tuberculosis es normal, hay profesionales que pasan 40 años trabajando en otros centros de salud y no lo han visto”. El establecimiento funciona, además, como hospital escuela y centro de investigación: “Se forman residentes infectólogos, neumonólogos, dermatólogos que de acá se van a trabajar a hospitales y centros de salud de todo el país”, afirma Daniela.

Profesionales de la salud en asamblea contra el Proyecto de ley “5×1” en el Hospital IREP de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los establecimientos involucrados es el instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). El establecimiento se construyó en 1949 durante el primer gobierno peronista como la Ciudad Infantil Eva Perón, un hogar escuela donde se albergaba a niños huérfanos o con serios problemas familiares. Tras el golpe militar de 1955, y con motivo de la epidemia de poliomielitis de 1956 y 1957, el lugar comenzó a funcionar como hospital. Se trata de un predio de más de una manzana de extensión en el Bajo Belgrano, que cuenta con tres edificios, y es considerado patrimonio histórico nacional. El instituto se especializa en la atención de patologías del aparato locomotor en su estadio crónico. “Atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes porque no hay otro lugar que se especialice en esto” dice Ricardo Gómez, administrativo del IREP, a ANCCOM. El establecimiento es, además, sede de la Carrera de Medicina Física y Rehabilitación, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esta es una institución muy reconocida por la formación profesional, hay médicos de todo el país y de latinoamérica estudiando en el hospital. Nos preocupa qué va a pasar con la comunidad hospitalaria de pacientes y estudiantes. ¿A dónde va a ir esa gente?”, afirma Gómez.

“La existencia de hospitales monovalentes o polivalentes -señala Sabaj- es un debate sanitario que hace mella entre los profesionales de la salud y es saludable que exista, pero no a costa de que cinco monovalentes dejen de existir, porque cumplen una función que queda descubierta. El complejo polivalente que plantean no lo cubre”. Y agrega: “Si la Ciudad de Buenos Aires necesita un hospital de alta complejidad, que creo que lo necesita, lo tiene que hacer de cero, en un terreno vacío, con las características, necesidades e infraestructura que se pueden desarrollar en el siglo 21”.

Por su parte, los trabajadores de la Asamblea del IREP coinciden en la crítica al cierre de hospitales. “El IREP fue el último hospital en ser incluido en la reforma hospitalaria, a pesar de que ya había sido remodelado en el 2010. Con este proyecto, cada uno de los hospitales involucrados dejaría de existir. Queda cada vez más claro que la intención del Gobierno de la Ciudad es hacerse de este y los otros predios, no hay una lógica realmente coherente en términos sanitarios”, denuncia Liliana Bidegain, Psicopedagoga del Instituto.

“Lo que está en juego es que dejen de existir cinco hospitales con más de 100 años de funcionamiento y con gran trayectoria”, subraya Daniela. “Además, todos los establecimientos son de relevancia Nacional, atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes. La crisis sanitaria que desataría no tiene precedentes. Este proyecto nos mete a la cobertura universal de salud por la ventana, esto es la reducción al Plan Médico Obligatorio (PMO), la reducción a las prácticas más baratas, el resto se paga. Es un sistema de salud americano”, denuncia Sabaj.

Incertidumbre estructural

Existe una gran incertidumbre por parte de los profesionales de la salud en cuanto a cómo se adaptarán las estructuras de los hospitales en caso de realizarse el traslado al predio del Muñiz. Uno de los puntos críticos es la posible pérdida de los puestos de trabajo. Desde el Gobierno de la Ciudad se argumenta que el Complejo Hospitalario Sur, al ser de alta complejidad, va a necesitar más profesionales y más especializados. Sin embargo, los profesionales denuncian que lo que sucederá es un vaciamiento de las estructuras de trabajo. “Como trabajadores creemos que nos están mintiendo, porque es imposible que un solo complejo absorba las estructuras hospitalarias que tenemos. Creemos que lo que va a pasar es lo que ya hemos visto en otras estructuras estatales: en donde se jubila un trabajador no se renueva la partida, donde se dejan de renovar las partidas, ese servicio se cierra”, reflexiona Sabaj. Desde la Asamblea de Trabajadores del IREP realizaron un pedido de informe amparados en la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. La respuesta recibida fue la palabra de que se respetarán los puestos de trabajo, aunque no detallaron qué pasará con las estructuras laborales. “Creemos que con el tiempo se van a reducir la cantidad de puestos y que eso va a ir directamente en detrimento del paciente”, advierten.

La comunidad de trabajadores de la salud denuncia, además, la pérdida de capacidad de absorción de pacientes, dado que se prevé la instalación de solo 500 camas generales. “El Muñiz tiene ahora en funcionamiento 400 camas, cada año son menos por el vaciamiento sistemático del Gobierno que reduce el presupuesto a la salud. Si se hace una sumatoria de la capacidad de los hospitales involucrados, da mucho más que 500”, explica Sabaj. Otro punto crítico es el funcionamiento de la guardia del Hospital Muñiz, que pasaría a ser cerrada. “Hoy funcionamos con guardia abierta: el que se presenta es atendido, puede hacerse estudios, ser diagnosticado y derivado. En el caso del Complejo Hospitalario Sur la guardia pasaría a ser cerrada, esto significa que para ser atendido va a ser necesaria una derivación. Encontramos peligro en eso porque atendemos personas que pululan por salitas, centros, hospitales e incluso obras sociales que no se especializan en enfermedades infecciosas y pueden ser mal diagnosticadas”.

En el caso del IREP, el proyecto no contempla el traslado del polo deportivo y la pileta de natación que es utilizada por los pacientes para su rehabilitación.

Incompatibilidad

Un punto clave de preocupación para los trabajadores de la salud, es el peligro que podría significar la convivencia de las diferentes enfermedades entre sí, ya que la fusión de especialidades implicaría el uso compartido de espacios con pacientes inmunodeprimidos. “El Ferrer tiene pacientes en rehabilitación respiratoria, el Udaondo pacientes oncológicos, el Muñiz con HIV, todos inmunocomprometidos. Esas personas deben estar lo más preservadas posible para no sufrir alteraciones o empeoramientos severos en su condición”, manifiesta Sabaj. En el mismo sentido, Patricia Pastore, Kinesióloga del IREP, suma su preocupación por el uso de áreas compartidas tanto por los pacientes como por los trabajadores: “Se propone que los pacientes de cada especialidad compartan las áreas de imágenes, el laboratorio también será de uso compartido por los profesionales y otros sectores de tránsito como el buffet. Por más que se organice por horarios no creemos que pueda garantizarse la seguridad e higiene para los pacientes”.

Otro punto conflictivo en este sentido es la construcción de salas con camas generales en las que también convivirán las distintas enfermedades. “La ministra dice que habrá habitaciones con presurización negativa y positiva para que esto no sea un problema. Sabemos que existe tecnología para hacerlo pero no creemos que haya presupuesto para una tecnología de esa complejidad, y si lo hay, debería aplicarla para que los hospitales funcionen bien hoy”, sostiene Daniela.  Por su parte, la médica Susana Pirro, perteneciente a la asamblea del IREP, también descree del desarrollo de tecnologías de ese tipo: “¿Cómo vamos a creer que va a poner tecnología de punta una gestión que viene desfinanciando a la salud pública desde hace doce años?”.

“Lo que queremos como  trabajadores es que nuestro empleador nos de respuestas, la ministra de Salud tiene que hablar con nosotros porque somos quienes llevamos adelante la salud todos los días”, dice Sabaj. “Nosotros pateamos todos los días el hospital, sabemos si faltan insumos y los traemos de nuestras casas. Queremos el respeto que merecemos. No queremos que pase como en el Borda, donde vimos topadoras y policía pegándole a trabajadores y pacientes. Pero si nos ponen contra la espada y la pared, ahí vamos a estar: parados frente a la topadora”.

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