Casi un centenar de oradores se presentó en la Legislatura para debatir el proyecto de concesión del Ecoparque. Hubo críticas al gobierno y denunciaron que el verdadero objetivo es el negocio inmobiliario.

Imagen de una publicidad del zoológico vista tras las rejas.

La Legislatura porteña realizó la Audiencia Pública por el proyecto de Ley de Concesiones que permite la explotación de los edificios históricos ubicados dentro del Ecoparque, el 29 de agosto último. Hubo más de 90 oradores, entre ellos representantes del gobierno, ambientalistas, vecinos y activistas por el derecho de los animales y el patrimonio cultural.

La jornada dejó visible el fuerte rechazo que tiene el proyecto y el incumplimiento de la Ley 5752, conocida como “Ley Ecoparque”. Se cuestionó la voluntad del Gobierno de entregar tierras públicas para negocios privados, su falta de interés por proteger el patrimonio, la no evaluación del impacto ambiental antes de comenzar las obras, y una profunda preocupación por la situación de los animales que continúan dentro del establecimiento.

Un proyecto de ley que dice poco

La audiencia se basó en el expediente número 3086, que ya fue aprobado en primera lectura el pasado 28 de junio con 42 votos positivos, y que autoriza al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de los edificios en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg”, por un plazo de hasta treinta años. La transformación del ex zoológico, dictada por la Ley 5752, será financiada a través de la participación privada.

Según indica el proyecto, las actividades que se realicen tendrán por objeto propuestas educativas, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, y otras que mejoren la experiencia del visitante para posicionar al predio como paseo familiar.

Un ave detrás de un alambrado.
“Mantener animales tras las rejas toda su vida con el único propósito de exhibirlos es crueldad y genera muertes”, dijo Andrei Chtcherbine, partícipe de la organización SinZoo.

Adrián Camps, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en el año 2015 la Ley de Creación de Jardín Ecológico, que contemplaba aspectos patrimoniales, ecologistas y los derechos de los animales: “No estoy de acuerdo con ningún negocio privado con bienes públicos. No sabemos quiénes son los concesionarios, nadie los conoce. No sabemos qué actividades van a realizar. No sabemos qué obligaciones van a asumir”, sostuvo. “Lo que sí sabemos es que los concesionarios pueden mantener animales en cautiverio para su exhibición. Muchos funcionarios me cuestionaron diciendo que la ley no lo permite, porque van a entregar los recintos libres de animales, pero no dice que en el futuro no puedan tenerlos. Va haber un acuario, y los peces son animales. Cuando nos hablan del recinto de los ciervos y bisontes, dicen que ahí va haber un reptilario, y ese recinto está en la lista a ser concesionado. Nada le impediría, porque no está en la ley, a un concesionario que no pueda tener y explotar animales de 10 a 20 años”, advirtió Camps.

Gabriel Fucks, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad planteó: “Aparece un error semántico en la redacción del proyecto cuando se habla de edificios, porque lo que se va a concesionar es el inmueble, más el predio que lo rodea. Lo graficó con la casita Bagley que es de 49 metros cuadrados, sin embargo, el área de concesión es el edificio y su entorno, otorgando 400 metros cuadrados. No hay una protección del predio como conjunto edilicio, paisajístico, ambiental y artístico ornamental. La riqueza patrimonial entra en una zona gris. Se entregarían 3.5 hectáreas a privados. La gran incógnita que se nos presenta es quiénes son los posibles interesados en las concesiones, qué uso le darán a sus edificios, qué obras está realizando el Gobierno  de la Ciudad y con qué fondos públicos”, interrogó.

Centenar de críticas

Pese a que la Coalición de Especialistas en Conservación de la Biodiversidad y el grupo de proteccionistas tienen opiniones desencontradas, en lo que respecta al proceso de transformación ambas concuerdan en que el Gobierno no apela por el bienestar animal y solo quiere realizar un negocio con privados, por el alto costo que implicó los traslados y la misma reconversión.

Excavadora en una obra de construcción.
Las obras de reconversión comenzaron con más de mil animales dentro, produciendo la muerte de muchos de ellos.

Andrei Chtcherbine, quien fue guardaparque y partícipe del Proyecto Jardín Ecológico de la organización SinZoo, comentó: “Propusimos un proyecto de ley que en cierta forma fue tomado por la ciudad, y se aprobó uno que tiene muchas similitudes, pero hoy vemos que gran parte de las cosas que se han hecho en el Ecoparque se hicieron al revés. Hay gente que quiere ir hacia atrás, a un zoológico que siga exhibiendo fauna y reproduciéndolos. Mantener animales tras las rejas toda su vida, con el único propósito de exhibirlos, eso es crueldad, y genera muertes. Queremos que la transformación del zoológico más antiguo del país sea un modelo a seguir y se pueda replicar en las diferentes provincias, hacer de ellos lugares para la educación ambiental”, concluyó Andrei.

Nahuel Alejo Cáceres, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que las autoridades porteñas priorizan la privatización del espacio público para un negocio inmobiliario en una de las tierras más valiosas del país. “Creemos que el zoológico debe transformarse en un centro de rescate y rehabilitación de fauna, de conservación de especies amenazadas, generando conocimientos e impartiendo educación ambiental. La conservación de la flora, fauna y patrimonio han sido deficientes en los últimos años dejando el, mal llamado, Ecoparque en situación de abandono. Destaco, como comentaron otros oradores en la audiencia, que hace falta una evaluación de impacto ambiental”.

Desde la fundación piden que se desestime el proyecto y que las autoridades se enfoquen en cumplir con los objetivos de la Ley 5752, es decir, con los estándares de bienestar animal, respetar los procesos de las derivaciones basándose en las prioridades del animal, de los cuales Fucks también hizo hincapié.

Animal oliendo bajo un basurero con el logo del zoológico.
“La conservación de la flora, fauna y patrimonio han sido deficientes en los últimos años, dejando el Ecoparque en situación de abandono” dijo Nahuel Alejo Cáceres, integrante de FARN.

La muerte de los animales no cesa

Mientras en el Salón San Martín se llevaban a cabo las exposiciones, afuera activistas por los derechos de los animales desplegaban carteles y banderas, repudiando el proyecto que nunca contempló el bienestar animal. Según Gonzalo Pascual, titular de la Unidad de Proyectos Especiales del Ecoparque, en los últimos seis años murieron mil animales, pero desde que se hicieron cargo del predio, la tasa de mortalidad disminuyó significativamente. A su vez negó las acusaciones de transformar el parque en un patio de comidas, o “Ecoshopping” como lo llaman las proteccionistas.

Lo cierto es que las obras de reconversión comenzaron con más de mil animales dentro; esto les causó estrés, y llevó a la muerte de muchos de ellos, como el caso de la rinoceronte blanca Ruth. Hoy preocupa el estado de salud de Telma, una loba marina que fue operada unas semanas atrás de un tumor, y que a su crítico estado de salud se le suma convivir con las topadoras. Hay que recordar que el estado de abandono de los recintos, la pésima higiene y la mala alimentación también cargaron con la vida de la jirafa Shaki.

Malala Fontan, activista de SinZoo, encabeza desde hace un tiempo la oposición al proyecto de transformación: “Expresamos nuestro repudio a todo lo que el Gobierno está llevando a cabo en lo que ellos denominaron Ecoparque. Nuestro movimiento nace de ver a un animal deprimido tras las rejas. Un animal que mendiga comida o camina desesperadamente de un lado al otro en la jaula. El cautiverio en una palabra, los vuelve locos. Denunciamos lo que nos hacían llegar los cuidadores, que los animales comían un día cada tres, denunciamos el circo con animales prohibido por ley, que se terminó luego de que Anita, la loba marina, muriera por estrés después de realizar 15 shows seguidos”, describió.  

“Son animales silvestres que deben vivir en libertad. En una maniobra de marketing político, el Gobierno de la Ciudad apareció ante los vecinos como defensor de los animales, cuando en realidad vinieron a repetir las viejas recetas del antiguo concesionario privado. Las intenciones son de índole comercial e inmobiliaria”, aseveró Fontan. Y fue concreta con la actual situación: “Los animales están muriéndose, uno detrás de otro, y eso es un indicador de que algo está mal. El proceso de aceleración de las obras causándoles estrés, y de trasladar como sea a los animales, sin ningún protocolo, se debe al plan maestro del Gobierno. Tampoco se han realizado estudios de impacto ambiental previo a las obras. Desplazaron a los cuidadores más experimentados. El apuro por sacar un provecho económico del predio, está matando animales. Hay mal manejo y negligencias”, concluyó.

Máquinas de construcción alrededor de un árbol.
Las organizaciones en defensa de los animales piden que las autoridades respeten los procesos de las derivaciones basándose en las prioridades del animal.

 

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