Continúa la lucha de los 29 profesorados que ven peligrar su continuidad por el proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA), propuesto por el Ejecutivo porteño en noviembre de 2017.
Ante la divulgación y avance de un nuevo proyecto, los miembros de la comunidad educativa de los Institutos de Formación Docente (IFD) montaron una carpa frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con actividades que se extenderán hasta este viernes para visibilizar el conflicto y alertar sobre las consecuencias de la reestructuración.
“Esta es una iniciativa que surge de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) en conjunto con docentes y rectoras de los distintos profesorados. Los estudiantes nos quedamos a dormir en la carpa, entre guitarras y ollas populares, y durante el día coordinamos las diversas actividades”, relata Juan Deltin, consejero directivo del Normal 1 Pte. Roque Sáenz Peña e integrante de la Junta Representativa del CET, minutos antes de dar comienzo a una radio abierta con referentes políticos y sociales.
El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.
Guadalupe Salomón, docente del Instituto Superior Joaquín .V González e integrante del colectivo Institutos de Formación Docente en Lucha, afirma que si este proyecto se sanciona lo que se disuelve inexorablemente es la institucionalidad de los institutos –sin importar que estos funcionen oficial y legalmente hace años– en tanto se los somete a un proceso de acreditación futura, indicado expresamente en el artículo quinto. “Pueden permanecer los edificios, la planta docente y la matrícula pero desaparecen sus reglamentos, co-gobiernos y planes de estudio en la medida en que todo ello será determinado a partir de un proceso de evaluación y acreditación inciertos en manos del Ministerio de Educación”, explica.
En el artículo noveno del proyecto se detallan, entre algunas de las funciones del Ministerio de Educación de la Ciudad, la administración de recursos de los 29 profesorados, desde tener a disposición los bienes muebles e inmuebles de los mismos hasta la potestad de revisar y adecuar la apertura o cierre de carreras, cohortes y/o comisiones según los resultados estadísticos que arroje “la demanda del sistema educativo”.
Otro de los puntos que genera inquietudes tiene que ver con la “doble evaluación” de los institutos. Según Ferraro, lo que se propone es un proceso de “autoevaluación” a cargo de cada centro de formación y, en paralelo, un examen externo cuyo objetivo será “el conocimiento a fondo del funcionamiento académico institucional y el planteo de posibles mejoras”. No obstante, el mismo proyecto, en su artículo 13, indica que una de las funciones del Ministerio será la de generar los parámetros, instrumentos y metodología a aplicar en el proceso de autoevaluación, lo cual quita soberanía educativa a los institutos ya que es el Ministerio el principal actor articulador de la norma y al mismo tiempo evaluador. Se trata de un callejón sin salida en el que quienes no se adapten a dichos parámetros, no obtendrán la debida acreditación. A su vez se prevén sanciones a aquellos institutos que se nieguen a proporcionar la información solicitada en los términos requeridos.
“Este proyecto tiene un tinte muy fuerte de control, disciplinamiento y centralización en base a las nuevas funciones atribuidas al Ministerio y para el futuro rector de la UniCABA. El criterio de evaluación es poco democrático en tanto serán el rector o funcionarios de Cambiemos los que decidan de manera unilateral esos parámetros, sin consultar a los claustros docentes y estudiantiles, en pos de un proceso de homogeneización de la enseñanza. Defender la educación pública, y no sólo gratuita, para nosotros es en un sentido democrático que se dé lugar a la disidencia, discusión y pluralidad”, argumenta Florencia Pereira, estudiante del IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo y colaboradora del Área de Educación del Movimiento Barrios de Pie.
La actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade –invitada a uno de los paneles que se desarrollaron el miércoles por la tarde junto a Cecilia Merchán, diputada del Parlasur y Romina del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda–, manifestó que la creación de la UniCABA está mal planteada desde la base. “Para que sea una universidad nacional como quieren vendérsela a la opinión pública tendría que tener carreras de grado y autonomía respecto del Gobierno. Si es una universidad creada para la formación docente, no va a crear nuevas carreras, va a terminar absorbiendo tarde o temprano a los institutos. De aprobarse, será un fraude para la población”, sostuvo Morgade en diálogo con ANCCOM.
Cecilia Merchán, por su parte, señaló que este proyecto tiene que ver con “el avance de las derechas que se vive en toda la región. En nuestro país, esta búsqueda del Fondo Monetario Internacional como salida de emergencia lleva a que, en el caso de la educación, se oriente hacia un pensamiento único y a la despolitización de los espacios. No les conviene una sociedad educada ni con pensamiento crítico. Estar hoy acá implica una lucha por el respeto a la diversidad de pensamiento, de producción cultural y de multiplicación de elementos con los cuales debatir”, opinó.
El tratamiento en recinto del proyecto, que se estima para la última semana de este mes o la primera de octubre, genera preocupación en la comunidad educativa dado que el oficialismo cuenta con mayoría y para ser aprobado se necesitan 31 votos. Al respecto, Juan Deltin sintetizó que “hasta el momento formalmente no hay otro bloque por fuera del oficialismo que haya confirmado su aprobación. Sería un escándalo que lo aprueben por su propia mayoría. Eso hablaría del poco consenso que tienen hasta en los niveles legislativos porque saben que esta medida es rechazada por el conjunto de la comunidad educativa a la que deben representar. Apelamos al criterio democrático y la buena voluntad de los legisladores para que retiren este proyecto”.
