4ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
Familiares y amigos de víctimas de violencia institucional y represión policial encabezaron la cuarta marcha nacional contra del gatillo fácil. Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaban en cada esquina, remera, pancarta y bandera. Sus madres adelante, tomándose las manos, abrazadas, gritando y cantando al unísono por justicia para sus hijos. Detrás, una caravana las seguía de cerca durante las tres horas que duró la movilización hacia Plaza de Mayo.
“Venimos a reclamar por las vidas que el Estado nos arrebató. Para que ninguna madre más tenga que golpear puertas, llorar, suplicar y humillarse. Hoy más que nunca pedimos justicia por los más de 5.600 pibes. Porque todos son mis pibes, no sólo mi hijo Luciano. Así como por las 3.200 chicas desaparecidas por trata. Acá falta Johana Ramallo”, dice Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, tras beber un poco de agua para recuperar la voz incansable de dar aliento a sus compañeras. A un costado, una joven ayuda a su hija de no más de tres años a enderezar su cartel con la cara de Diego Nuñez. “El mismo día que cumplía 19 años a Diego lo mató el agente de Interpol Pablo Alberto Carmona de cinco disparos, en un palier de un edificio en Caballito. La escena del crimen fue modificada, le plantaron un arma en la mano derecha, cuando él era zurdo. Todos los 19 de abril en mi barrio de La Boca hacemos un festival en su nombre para recordarlo y hoy estamos acá para que esto no pase más”, cuenta Camila Nuñez a más de seis años del crimen de su hermano.
La marcha se detiene en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí frente a la placa recordatoria de Gastón Riva, asesinado por la represión policial del 20 de diciembre de 2001. Se canta en su nombre para luego reanudar camino hacia la plaza. “El gatillo fácil y la represión en los barrios humildes de la Argentina nunca cesó, pero en estos dos años y medio recrudeció. La mayor cantidad de policías la están poniendo no para prevención sino para represión. Hemos visto en los juicios por violencia institucional que hemos estado llevando a cabo muchas absoluciones a policías, cuando tenían todas las pruebas en su contra para ser condenados. La justicia mira para otro lado y responde a los intereses de este Gobierno que elogia a un personaje como Chocobar, un policía que mató a un chico por la espalda”, denuncia Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Los rostros de jóvenes asesinados por las distintas fuerzas de seguridad se replicaron en cada esquina, remera, pancarta y bandera.
Según el último archivo de casos 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983, 725 bajo la gestión de Cambiemos en 721 días de gobierno, un muerto cada 23 horas. “Este nivel de liberalismo solo se sostiene con un alto grado de represión. Cuando se le da rienda suelta a la fuerza policial para actuar impunemente, se termina en casos de gatillo fácil. Es un aparato represivo que funciona con la complicidad de las distintas organizaciones afines a ese modus operandi”, sostiene la diputada Gabriela Cerruti, quien adhirió a la convocatoria, en diálogo con ANCCOM.
Según datos del CELS, en consonancia con el informe de CORREPI, el grupo poblacional más afectado por la violencia policial son los varones de entre 15 y 27 años, el 65% de los asesinados por funcionarios policiales. “German tenía 22 años. Trabajaba en un frigorífico de Merlo, después de dos años lo pusieron en blanco y ese día salió a celebrarlo en una fiesta en el barrio Parque Sol, donde lo mataron. El gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y sin mediar palabra le pegó un tiro en el pecho. German cayó inconsciente al piso y lo remató de un disparo en el pómulo izquierdo. A los dos meses a Villalba lo trasladaron a Tucumán y aún sigue libre”, relata Emilia, hermana de Germán, tras pedir a los presentes que acompañen a su familia en el juicio en la Fiscalía de Morón, el próximo 21 y 22 de noviembre.
Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, según CORREPI, son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). Desde su creación, en enero de 2017, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires –fruto de la fusión de la Metropolitana y la Federal– mató a más de dos personas por mes. El próximo martes comenzará el juicio oral y público contra Adrián Otero, uno de sus efectivos, acusado de asesinar el 15 de julio de 2017 a Cristian Toledo, de 25 años, vecino de la Villa 21-24 de Barracas y conocido como “Paragüita”. De 24 casos de gatillo fácil de la policía porteña, Otero es el primero en ser llevado al banquillo imputado por homicidio calificado. “Se supone que ellos nos tienen que cuidar, no matar. No quiero que esto vuelva a pasar”, dice al tomar el micrófono Leónida Medina, mamá de Cristián, en tono apenas audible por la conmoción.
El comunicado elaborado por los familiares y organizaciones convocantes era contundente: no se trata de casos aislados sino de múltiples formas de represión ejercidas sistemáticamente y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes. Es el recrudecimiento de un sistema de políticas represivas de la mano de un gobierno que promueve el gatillo fácil como política pública.
Luego de casi cuatro horas entre movilización y concentración y de los testimonios de madres, hermanos, hijos y amigos de las víctimas, los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo empiezan a dispersarse con el dolor a cuestas y una misma consigna: “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.
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