A medida que avanzan los ajustes en el país, sus consecuencias afectan, cada vez más, a los medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Golpeados por un recorte de la pauta publicitaria en febrero, un grupo de ellos, además, recibió una serie de apercibimientos por parte de las autoridades, ante lo cual denunciaron una “persecución política”.
En febrero del 2018 el subsecretario de Comunicación Social del Gobierno porteño, Máximo Merchensky, firmó la resolución 813, la cual rebajó en un 19 por ciento la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales, de acuerdo con la ley 2587 sancionada hace más de diez años, y afectó la forma de calcular el monto que se debía otorgar a aquellos medios. Mientras que el valor antes correspondía a un porcentaje del valor de la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad- en este caso Clarín- la resolución cambió la forma de cálculo.
“En un país que está proyectando una inflación mayor al 35%, nos estaban disminuyendo el precio de la pauta en un 20%, eso afecta en el sostenimiento de nuestros programas, de los periódicos barriales, las páginas web y hasta incluso el registro de medios cuenta con un canal de televisión, Barricada TV. Los 269 medios, cada uno en la proporción que le corresponde, vieron afectado el valor de la pauta que recibía mes a mes. De alguna manera, un corte como ese es una de las maneras de desfinanciamiento”, afirma Maximiliano Diomedi de FM La Tribu.
Como agravante a este recorte, en agosto de este año, el Registro de Medios Vecinales- creado por la Ley 2587- dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, apercibió a 39 producciones radiofónicas, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias.
Un apercibimiento corresponde a una advertencia, informando que no se está cumpliendo la ley. Mientras que el apercibimiento es el primer paso, si se continúa incumpliendo los pasos siguientes serían la suspensión y la tercera instancia una expulsión del registro. Esto además afecta a la hora de inscribirse al registro -entre junio y agosto de cada año- ya que no se sabe si ese apercibimiento va a ser utilizado como justificación para no entrar al registro del 2019.
“Entonces lo que nos preocupa más que el apercibimiento en sí mismo, es un incremento del avance que estamos viendo, primero la rebaja, después los apercibimientos y después no queremos que nos digan que 15 medios quedan afuera”, expresa Fernando Tebele de FM La Retaguardia, una de las emisoras apercibidas por uno de sus programas.
Entre las razones de esas medidas se encuentran la supuesta falta de contenido propio o vinculado a la Ciudad de Buenos Aires. Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.
“Cuando nosotros pedimos los expedientes, nos dimos cuenta que los que habían evaluado lo habían hecho de una manera injusta. De un programa de cuatro horas, habían escuchado una hora y de un programa que se transmite de lunes a viernes lo habían escuchado únicamente un día. No había criterio. Es injusto porque nosotros cumplimos de sobremanera”, afirma Lucas Molinari de Radio Gráfica, otra de las emisoras intimadas por el gobierno porteño.
Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.
Por su parte, Diomede, de La Tribu, también afectada por el apercibimiento, expresa: “Un 90 % de la producción es propia y un gran porcentaje tiene que ver con cosas que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque tenemos un vínculo con los barrios, las comunas, los centros culturales que es muy fuerte. Nosotros visibilizamos un montón de conflictos de la Ciudad, que los grandes medios no toman, eso es lo que hace importante también el rol nuestro y nuestro vínculo con el barrio.”
Por estas razones, los medios radiales afirman que se trata de un tema de persecución política, ya que la mayoría de los apercibidos eran radios comunitarias y eran los que estaban de alguna manera construyendo la protesta por la baja de la pauta publicitaria. Por su parte, la Justicia determinó este lunes 13 de agosto, a través de un fallo del juez Guillermo Scheibler, la suspensión de los efectos de la resolución 813.
Martín Bustamante, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica los argumentos de la cautelar impulsada por el juez Scheibler. “En primer lugar el gobierno no se ajustó al principio de jerarquía normativa, ya que una resolución no puede modificar una ley, que tiene un rango más elevado”. También afirma que “se afecta a la libertad de expresión y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, justamente porque la comunicación es un derecho humano. Por último, se lesionan los derechos culturales reconocidos en el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley 2176, que afirma que hay que proteger a los medios vecinales y que su sustentabilidad está garantizada por la ley de medios vecinales”.
Después de la denuncia de persecución política realizada ayer, según los integrantes de las emisoras comunitarias, el subsecretario Merchensky se comprometió a evaluar algunos casos puntuales y, si esos estuvieron mal sancionados, prometió dejar sin efecto la medida, además de revisar el resto de las situaciones.