Miles y miles de personas se convocaron ayer frente al Ministerio de Defensa para repudiar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. “Nunca más” fue la consigna.

Con un discurso de 15 minutos, los organismos de derechos humanos manifestaron, frente al Ministerio de Defensa, su rechazo al decreto firmado por Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior. “Esta reforma no hace más que reforzar el modelo represivo de un gobierno que representa los intereses de pocos, mientras empobrece a las mayorías”, enfatizó la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Con una mano agarraba el micrófono, con la otra ponía los dedos en forma de V y agitaba el pañuelo verde que representa la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. 

“Este plan de ajuste solo puede imponerse con represión. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento, con el falso objetivo de defender puntos estratégicos”, enfatizó Boitano desde un escenario chico, para la multitud que acompañó, en Alsina y Paseo Colón. Las agrupaciones políticas se acomodaron a lo largo y ancho de la avenida del bajo porteño. Esta vez, la lluvia acompañó a la movilización popular.

“Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas represivas nunca más. No a la militarización de Argentina”, exigió Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que entre otras defensoras de los derechos humanos, estaba acompañada por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el artesano que murió el 1 de agosto del año pasado después de la represión de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia Cushamen.

“Con el discurso del enemigo interno desaparecieron, violaron, encarcelaron y asesinaron a miles de compatriotas. No es casual que el gobierno use la misma terminología al referirse al accionar de los milicos en las calles”, leyó Taty Almeida mientras una nena de no más de 10 años le gritaba desde lejos “¡Fuerza Taty!”.

“En 1983 se volvió a la democracia, entre otras cosas, porque hubo un pacto democrático que se expresaba en la Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia. Una fue aprobada en el gobierno de Alfonsín, otra en el de Menem y otra en el de Kirchner”, explicó a ANCCOM el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau.

El lunes el presidente Mauricio Macri dijo en Campo de Mayo que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interior”. Lo hizo antes de que se cumpliera un año del asesinato de Rafael Nahuel por armas de Prefectura, de la desaparición de los 44 tripulantes del ARA San Juan y de la muerte de Santiago Maldonado tras un operativo represivo de Gendarmería.

En su discurso, el Presidente pidió “avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa nacional”. Rápido se olvidó de sus palabras. Al día siguiente firmó el decreto, sin el “debate genuino y sincero” que había solicitado, que rompe con la política de Estado de mantener a las Fuerzas Armadas por fuera de la seguridad interior.  

“Está claro que si quiere modificar las funciones de las Fuerzas Armadas tiene que ir al Parlamento, sino es absolutamente ilegal. Este decreto es inconstitucional”, sostuvo el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.

“Creo que lo que se está buscando es militarizar el espacio público, construir la cultura del miedo como disciplinador social porque la principal preocupación del gobierno es el saqueo a la patria y el ajuste”, opinó Sabbatella.

Vale aclarar que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que las Fuerzas Armadas “no van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar las calles. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad”, en una entrevista en radio La Red.

Moreau le respondió: “A mí no me interesa lo que él diga, me interesa lo que dice la ley. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero lo que pone límites es lo que dice la ley”.

Distintos bloque de diputados opositores presentaron esta semana un proyecto para derogar el polémico decreto de Macri. El próximo 8 de agosto podría tener tratamiento parlamentario.

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